Colau logra el apoyo de ERC para aprobar el plan de hoteles

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha logrado este miércoles —de nuevo in extremis— apoyo para sacar adelante el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) un ambicioso plan con el que el gobierno municipal quiere poner coto al crecimiento “descontrolado” de hoteles, albergues y apartamentos turísticos. El plan relega la apertura de nueva oferta a la periferia, con el argumento de defender, frente a la presión turística, el derecho de los vecinos a la vivienda, al descanso y al espacio público.

“Regulamos los alojamientos en los barrios pero es mucho más, nos jugamos el modelo de ciudad de las próximas décadas. No nos podemos permitir no hacerlo”, defendió la alcaldesa el martes pasado durante su conferencia anual en el Colegio de Periodistas, cuando todavía no tenía asegurado el apoyo para sacarlo adelante.

Tras semanas de intensas negociaciones, el PEUAT superó el trámite de la comisión de urbanismo con los votos del gobierno (Barcelona en comú y PSC) y el apoyo de ERC. El equipo de gobierno cedió a la petición de los republicanos de contratar a 110 inspectores para luchar contra los pisos turísticos ilegales y accedió a consultar con distintas fórmulas a los vecinos en relación a tres hoteles que tienen permisos pero también rechazo vecinal. En la votación, el PP votó en contra del plan y CiU, Ciutadans y la CUP se reservaron el voto a la espera de la votación definitiva en el pleno del próximo viernes 27.

El texto definitivo es un ejercicio de equilibrio con concesiones hacia la izquierda y la derecha políticas; a los hoteleros y a los barrios. El gobierno todavía tiene esperanzas de que CiU y Ciutadans se abstengan la semana que viene, un posicionamiento que verían como señal de consenso. Pero la polémica quedó patente hasta el mismo momento del debate en la comisión: el ambiente se tensó cuando la Asamblea de barrios por un turismo sostenible leyó un manifiesto que rechaza el plan y pide que toda la ciudad se blinde al crecimiento de alojamientos.

Y si por la mañana vecinos y entidades reiteraron su rechazo el hotel de la cadena Praktik junto a Drassanes; durante el debate la familia propietaria, Trenor, informó en un comunicado de que estudia acciones legales, incluso penales, contra los responsables municipales por el retraso de 20 meses en la concesión de la licencia para comenzar a construir el hotel. Praktik ya ha demandado al consistorio y reclama daños y perjuicios por el dinero que dice que está perdiendo.

La presión del PSC, clave para suavizar el veto hotelero

La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, defendió un plan urbanístico que recordó que tiene origen en la moratoria de nuevas licencias para establecimientos turísticos dictada en julio de 2015, al llegar al poder. “Era necesario parar y poner orden en la ciudad, porque se dirigía a un caos y una burbuja turística”, afirmó Sanz. La moratoria se levantará en julio de este año, pero antes se levanta, en marzo, la del distrito de Gràcia.

Sanz apoyó sus argumentos recordando que la mitad de las camas turísticas de la ciudad se concentran en el 17% del territorio, que Ciutat Vella ha perdido un 10% de su población coincidiendo con el boom turístico o que los alquileres en la ciudad han subido hasta un 15% en tres años. La concejal subrayó que si algo ha ganado la ciudad desde la moratoria es consenso sobre la necesidad de poner el freno.

La concejal destacó los cambios introducidos en el PEUAT tras recibir un alud de alegaciones. Aunque no lo dijo, también ha contribuido a la flexibilización del plan la entrada del PSC en el gobierno municipal, desde donde sin hacer ruido también ha impuesto sus condiciones tras las presiones de los empresarios del sector. “Venimos de posiciones distintas y el resultado será diferente del de la aprobación inicial", señalaba el socialista Jaume Collboni en junio pasado, tras ingtegrarse en el equipo Colau, donde lleva la cartera de promoción económica.

Entre los cambios que contentan a los barrios más presionados figura sumar Poblenou, Vila Olímpica, Hostafrancs y Sant Antoni a la zona 1, de decrecimiento, donde no se puede abrir ni una cama más aunque cierre alguna. Los que contentan al PSC y al sector son suavizar de las condiciones de apertura de hoteles en las zonas 2 (donde se pueden abrir camas si cierran otras) y 3, de crecimiento. En estas zonas se permitirá abrir hoteles en grandes ejes a 150 metros de distancia unos de otros. El texto definitivo elimina la prohibición de hacer grandes reformas en los hoteles más céntricos. Y, aunque inicialmente no permitía abrir nuevos pisos turísticos, abre la puerta a nuevas licencias en la periferia.

El concejal de ERC Jordi Coronas justificó su apoyo final al plan porque, dijo, los republicanos han conseguido que sea posible lo que decían que era imposible: poner en cuestión el futuro de los hoteles de Drassanes, del Rec Comptal y del albergue de la Vila Olímpica. Y aumentar en 110 personas la plantilla de inspectores de pisos turísticos para acabar con los ilegales en 2022. La CUP, que había anunciado que se abstendría, se reservó el voto hasta el pleno y tachó el PEUAT de insuficiente.

CiU y Ciutadans criticaron también el PEUAT del que cuestionaron sus garantías jurídicas. Mantienen que un plan urbanístico no es la mejor herramienta para regular el turismo. Ambos se reservaron el voto para estudiar el texto definitivo e introducir cambios de última hora. El PP fue el único grupo que votó en contra de un plan que, en palabras de Javier Mulleras, nació “del sectarismo ideológico y de una moratoria indiscriminada”.