24.000 ancianos, en lista de espera para entrar en una residencia

Miles de ancianos catalanes están dedicando los últimos años de su vida a esperar. A esperar, hasta cuatro años, a que la Generalitat les conceda una plaza en una residencia pública o concertada. Según datos del Departamento de Asuntos Sociales, a junio de 2016, eran 24.401 los ancianos que estaban en la lista de espera en Cataluña. En 2011, cuando se empezaron el grueso de los recortes, eran unos 17.000 los que aguardaban por una plaza. Los ancianos que están en cola son altos dependientes —de grado II o III—, con una salud muy frágil. Tienen aprobado el Programa Individual de Atención (PIA), por el que se asigna una prestación adecuada a su estado y grado de dependencia (la residencia, en este caso), pero no pueden disponer de ayuda por falta de recursos públicos.

Aunque la financiación de la Ley de Dependencia debería correr a partes iguales a cuenta de la Generalitat y el Gobierno Central, la Administración catalana ha tenido que ir incrementando la partida (910 millones de euros, el 70% del presupuesto del Departamento) a medida que descendía la parte del Estado, que recortó 240 millones en los últimos tres años.

El Departamento reconoce que “la permanencia en la lista de espera puede ser de tres meses a tres años, dependiendo del territorio y la residencia”. Pero las entidades del sector van más allá: “La espera media para entrar a una residencia pública alcanza los cuatro años y a una concertada oscila entre los cuatro meses y el año y medio. A veces, cuando llamamos para conceder la plaza, el anciano ya está muerto”, explica Vicente Botella, presidente de la patronal de pequeñas y medianas residencias, UPIMIR.

Según el propio Departamento de Asuntos Sociales, unos 22.500 catalanes han muerto en los últimos cinco años mientras esperaban recibir las ayudas que fija la ley de dependencia. En 2015 fallecieron 3.346 personas, un 11% más que en 2014, aunque menos de la mitad de las muertes registradas durante 2011.

La Generalitat puntualiza que, de los 24.401 ancianos a la espera de una plaza pública, unos 5.000 están atendidos en una residencia privada a través de la prestación económica vinculada (PEV), una ayuda económica para subvencionar una plaza privada al anciano mientras no se le concede una cama en una pública. El anterior gobierno de Artur Mas suspendió estas prestaciones durante más de un año y las reactivó a finales de 2014 solo para los dependientes más graves, los de grado III.

Un portavoz de Asuntos Sociales señala que “se ha de tener en cuenta que algunas personas se apuntan a la lista de espera en previsión de futuro”. Además, añade, unos 14.000 ancianos que están la lista de espera “está atendidos mientras tanto a través de otros servicios”, como centros de día, atención domiciliaria o cuidadores no profesionales.

Las entidades del sector, no obstante, advierten del grave estado en que llegan los ancianos a las residencias. “Nuestro trabajo se está convirtiendo cada vez en más sanitario y menos social. Los ancianos que llevan mucho tiempo esperando, cuando llegan, duran cuatro meses y fallecen. Se han transformado en centros para morir, no para vivir”, lamenta Botella. El vicepresidente de la Asociación Catalana de Directores de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia Gerontológica (ASCAD), Iñaki Antón, asegura que en los últimos años, la lista de espera para entrar a residencias concertadas o colaboradores se ha multiplicado por tres. “Los pacientes nos llegan en peor estado que hace cuatro años. Algunos mueren, otros sufren muchísimo porque requieren cuidados especializados que no tienen”, apunta. El gerontólogo ha comprobado que la supervivencia en algunos de sus centros ha pasado de los dos años y cuatro meses en 2011 a rondar el año y cuatro meses de media en 2015.