Un nieto de Muñoz Ramonet entregará el Greco y el Goya retenidos

Enésimo anuncio de la entrega a Barcelona de dos de las obras de la colección que Julio Muñoz Ramonet dejó en herencia en 1991 a la ciudad y que sus cuatro hijas han retenido durante todos estos años. Pero esta vez parece que va en serio y se cumplirá. Este miércoles concluía el plazo de un mes fijado el pasado 7 de abril (días naturales) por el juez de primera instancia de Barcelona (que tramita la ejecución de la Sentencia del Tribunal Supremo de 2012) para que Manuel Castelo Muñoz, hijo de Isabel Muñoz Villalonga y nieto de Julio Muñoz Ramonet, entregara, de forma voluntaria, La Anunciación de El Greco y La aparición de la Virgen del Pilar de Goya (valoradas en unos siete millones de euros) a la Fundación Julio Muñoz Ramonet, la institución municipal creada para pelear por el legado.

La decisión se tomó tras manifestar por escrito Manuel Castelo que acataría la orden judicial. Las obras no habían llegado ayer. Por eso, se está a la espera de que el juez ordene la entrada en el domicilio madrileño de Castelo para retirar las obras, “vía exhorto, e intervención, y si fuese necesario, de la fuerza pública”. “Estamos esperando que el juez fije el protocolo de entrega y todos los detalles”, como la forma en la que se realizará la entrega, en presencia de quien que ha de verificar el estado de las obras y hacerse cargo del traslado de las dos pinturas, explica el abogado Eudald Vendrell, que ha defendido los intereses municipales desde hace casi dos décadas. “Está claro que prefieren entregarlas antes de que se las quiten por la fuerza”, prosigue Vendrell.

La entrega será en forma de depósito, hasta que se resuelva la última demanda presentada por Castelo en primera instancia a un juzgado de Madrid alegando su derecho de propiedad sobre las pinturas por usucapión, o lo que es lo mismo, por su posesión durante más de 30 años de forma ininterrumpida, primero por haber pertenecido a su padre y, tras fallecer este en 2010, por el mismo tras heredarlas. Hay que recordar que las dos pintoras fueron recuperadas en una operación policial en 2011 en Alicante tras una denuncia presentada en 2000 por Isabel Muñoz contra su marido Jesús Castelo (padres de Manuel) por haberlas sustraído del domicilio conyugal durante su proceso de divorcio. Tras la entrega, la Fundación tendrá que cumplir una serie de condiciones para su conservación, que "lógicamente está dispuesta a aceptar".

"Es un hecho importante porque de algún modo se resquebraja la política de resistencia que han mantenido las herederas desde el comienzo”, prosigue Vendrell que cree que la demanda acogiéndose a la usucapión “no tiene recorrido jurídico, aunque desgraciadamente si temporal porque volverán a apelar a instancias superiores”.

El mismo juez mantiene abierta la reclamación de más de 800 obras de arte que se echan en falta del legado que Muñoz Ramonet legó a la ciudad al fallecer, unas obras que han dado pie a una segunda vía judicial en la que el Ayuntamiento de Barcelona acusa a las hijas de Muñoz de apropiación indebida y estafa procesal.

La semana pasada, la Audiencia de Barcelona desestimó también, por segunda vez y en sentencia firme, la demanda que las cuatro hermanas habían presentado contra la Fundación para declarar nula su constitución y para que fuera borrada del Registro de Fundaciones de la Generalitat. También pedían al juez que declarara que la Fundación había violado los derechos del nombre e imagen del fundador, petición que también fue rechazada, imponiendo a las hermanas las costas del proceso.

Por su parte, el juez que investiga la querella por apropiación indebida y estafa procesal interpuesta por la Fundación contra las hijas de Muñoz Ramonet ha señalado para el 2 de junio próximo su declaración como investigadas, que se llevará a cabo en Madrid. Además, el magistrado ha conferido la condición de acusación particular al Ayuntamiento de Barcelona en la causa contra las herederas del industrial y ha ofrecido acciones a la Abogacía del Estado para que se persone en la causa como perjudicada, al entender que las obras del industrial podrían formar parte del patrimonio nacional.