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La oposición impone a Carmena un plan de choque contra el chabolismo

En Madrid malviven 1.346 personas en agrupamientos ilegales que se montan cada noche o que se asientan de forma estable con chabolas. De ellas, 877 son rumanos gitanos

En Madrid malviven 1.346 personas en agrupamientos ilegales que se montan cada noche en plazas o parques con tiendas de campaña, o que se asientan de forma estable con chabolas levantadas en solares vacíos o bajo puentes. De ellas, 877 son rumanos de etnia gitana, según el censo del Ayuntamiento fechado a 31 de marzo de 2016. El pleno municipal ha aprobado esta mañana, con el apoyo del PP, PSOE y Ciudadanos, y el voto en contra de Ahora Madrid, un plan para actualizar el mapa de asentamientos, reforzar la actuación de los servicios sociales (con más dinero y medios), y establecer “cauces de cooperación” con Rumania para atajar la inmigración. Ahora Madrid votó en contra porque considera esta iniciativa “innecesaria y redundante”.

Miembros de la familia clasifican en el solar que habitan los objetos encontrados en la basura.
Miembros de la familia clasifican en el solar que habitan los objetos encontrados en la basura.Kike Para

En marzo de 2011, el Ayuntamiento de Madrid hizo balance del plan de erradicación del chabolismo que lanzó Alberto Ruiz-Gallardón (Partido Popular) cuando llegó a la alcaldía en 2003. En los ocho años de vigencia de ese programa, se desmantelaron 1.970 infraviviendas y se realojó a 4.029 personas. Desaparecieron así ocho poblados chabolistas (La Quinta, Mimbreras I, Pitis, Plata y Castañar, Chabolas del Cristo, Trigales, El Salobral y El Cañaveral), a los que siguieron antes acabar ese año otros tres (Las Mimbreras II, Puerta de Hierro y Santa Catalina). También se actuó sobre el chabolismo vertical, rehabilitando colonias de viviendas muy deterioradas (de hecho, la mayoría de realojos, 3.121, se llevaron a cabo dentro de estas actuaciones).

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Eso no hizo desaparecer el chabolismo en Madrid. En enero de 2014, la Consejería autonómica de Vivienda (Partido Popular) difundió un registro según el cual quedaban 528 chabolas en la región, contando entre ellos El Ventorro y El Gallinero. Todos estos cálculos están hechos, en cualquier caso, obviando el principal núcleo de infraviviendas de la región, la Cañada Real Galiana, una franja que se extiende a través de 14,3 kilómetros por los términos municipales de Coslada, Madrid y Rivas-Vaciamadrid y que cuenta con 2.466 edificaciones irregulares (desde chales hasta chabolas) y 8.628 habitantes censados. El Gobierno regional y el Ayuntamiento de Madrid tienen iniciativas en marcha para solucionar este problema que dura ya décadas, pero poco se ha conseguido hasta el momento.

Ahora, "en cualquier recoveco de la ciudad"

Sin embargo, el pleno municipal celebrado esta mañana no trataba sobre poblados chabolistas sino sobre asentamientos más pequeños e informales que se diseminan por toda la ciudad. Es un problema que viene también de antaño, pero el Partido Popular (que gobernó la capital entre 1991 y 2015) atribuye su supuesto auge actual al gobierno municipal de Manuela Carmena (Ahora Madrid), y por ello ha convocado este el pleno extraordinario monográfico.

La concejal Beatriz Elorriaga (PP) ha denunciado que “están brotando asentamientos en todos los distritos”. Se están creando, según la edil, “focos de miseria y pobreza” que “proliferan en solares vacíos, en parques, en plazas, en cualquier recoveco de la ciudad”, lo que en su opinión “ha provocado alarma social entre los vecinos”. “En su mayoría son familias de etnia gitana del este de Europa que malviven en una situación de extrema pobreza. Tenemos constancia de que hay redes de delincuencia organizada desde Rumanía que trafican con ciudadanos del Este a los que tienen trabajando en condiciones de esclavitud, extorsionados. Han caído en un pozo de marginación sin poder de decisión, les amenazan con asesinar a sus familias”, ha explicado. “No son pocos los vecinos que se ven afectados, temen por su seguridad, su salud y la alteración de la convivencia en sus barrios”, ha concluido Elorriaga.

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La concejal de Derechos Sociales, Marta Higuera, ha defendido que el Ayuntamiento ya está atendiendo a estas personas, por lo que no son necesarias medidas extraordinarias. Para demostrarlo, el Ayuntamiento difundió ayer datos precisos sobre los 135 asentamientos estables y agrupamientos para pasar la noche diseminados por toda la ciudad. “Conocemos sus nombres, sus enfermedades, sus parentescos, hasta si tienen perro o no”, aseguró Higueras.

 Las cifras varían semana a semana, y de hecho las que enunció Higueras en el pleno no coinciden con el recuento facilitado por el Ayuntamiento (que fue el inicialmente publicado en esta información). Esa imagen fija mostraba que, a 31 de marzo, había 1.346 personas malviviendo de esta manera: 409 en asentamientos estables, y 937 agrupándose sólo para pasar la noche. De ellas, 877 son rumanos de etnia gitana. “Las soluciones no son fáciles. El impacto vecinal es alto, pero nos preocupan sobre todo las personas que viven así, ésa es para mí la verdadera alarma social”, concluyó Higueras.

“Las soluciones no son fáciles. No toleramos el discurso fácil de vincular pobreza con criminalidad. Estaremos vigilantes en estos asentamientos, pero exactamente igual que con el resto de la ciudad. No es un éxito levantar un asentamiento sin dar solución a las personas que viven en él. Y no me convence nada la solución de realojo masivo en altura, no quiero chabolismo en altura. El impacto vecinal de estos asentamientos es alto, pero nos preocupan sobre todo las personas que allí viven, La sociedad debería sentirse alarmada de que haya personas teniendo que vivir así, esa es para mí la verdadera alarma social”, ha concluido Higueras.

Acción policial junto a la atención social

La portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, ha señalado que el problema actual tiene que ver con “una población nómada con cuya vida que no encaja en nuestra ciudad”. “Tenemos que actuar si no queremos que convivan en Madrid el siglo XVIII y el XXI”, ha añadido, Su propuesta pasa por aunar “el desmantelamiento de estos asentamientos, la acción social y de integración, la acción preventiva, la exigencia de control urbanístico a los propietarios de los terrenos, y la acción policial”.

La portavoz socialista, Purificación Causapié, ha abogado por su parte por “una estrategia integral para que cada vez sean menos las personas que malviven” así. “Solo si el Ayuntamiento garantiza una salida se les podrá dar una esperanza. Hay que proporcionar respuesta a las necesidades vitales de esas personas, educación, empleo, sanidad”, ha añadido Causapié. En su opinión, “los asentamientos ilegales no pueden formar parte de los paisajes de nuestra ciudad, por los vecinos y por las personas que viven en ellos.”, pero “no puede ser una actuación represiva o policial sino de atención social”.

Las medidas acordadas

  1. Crear un grupo de trabajo, en el que estén representadas las Áreas de Gobierno del Ayuntamiento implicadas en el tema, los representantes de los grupos políticos y representantes de las entidades expertas del Tercer Sector que trabajan en la ciudad atendiendo inmigrantes, personas sin hogar y en situación de exclusión social. Este grupo de trabajo deberá plantear soluciones a este fenómeno, que afecta tanto a los vecinos y a las familias en situación de especial vulnerabilidad y exclusión social.
  2. Por ello, el objetivo este grupo de trabajo será el de definir una Estrategia Integral Municipal para la prevención, atención e integración social de personas en asentamientos urbanos y chabolistas. Esta nueva estrategia incluirá, al menos fortalecer el trabajo de los servicios sociales municipales, garantizar el acceso a los servicios de salud y educación, un plan de realojo y actuaciones de intervención social.
  3. El Samur Social en el plazo de dos meses actualizará su mapa social de la situación existente en la ciudad que identifique los asentamientos e incluya la información ofrecida por las entidades expertas del Tercer Sector. Así mismo, este mapa social deberá ser contrastado y/o complementado con el diagnóstico que está elaborando la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid bajo la encomienda del Ayuntamiento de Madrid y que debería estar finalizado el 30 de junio de este año 2016.
  4. Que a partir del mes de junio de 2016 y una vez diagnosticada con rigor la situación en nuestra ciudad y hasta que se ponga en marcha la Estrategia Integral, se refuerce la política de intervención social y el trabajo que en la actualidad desarrollan los profesionales y trabajadores municipales, a fin de dar respuesta tanto a vecinos, como a las familias afectadas. Este refuerzo en la intervención social incluirá de forma urgente la ampliación y mejora de los instrumentos sociales de los que ya dispone el Ayuntamiento. De forma específica, ampliación y dotación económica suficiente de la Encomienda de gestión a la Agencia de Vivienda social de la Comunidad de Madrid; ampliación y mejora de los recursos sociales del Ayuntamiento destinados para la atención de personas en exclusión social; ampliación de los programas de la Agencia de empleo Municipal para la intermediación; creación de una comisión de trabajo entre el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, a fin de analizar las posibilidades de desarrollar Viviendas de Integración Social que den una solución de alojamiento a las familias en situación de vulnerabilidad y exclusión social. Dichas Viviendas de Integración Social se podrían desarrollar en los suelos provenientes de cesiones para redes supramunicipales, recibidas por la Comunidad de Madrid entre los años 2001 y 2011.
  5. Con el objeto de crear una atención especializada y específica para este tipo de asentamientos urbanos, el Samur Social contara con un equipo de mediadores de etnia gitana con dominio de la lengua rumana. Se iniciaran contactos con las autoridades de las localidades de donde sean oriundas la mayor parte de esta población asentada, con el objetivo de establecer los posibles cauces de cooperación y colaboración para apoyar en origen a esta población que se ve motivada a emigrar en condiciones precarias.

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