Juicio por una plaza ‘a medida’ en una empresa municipal de Getafe

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El objetivo de la empresa municipal Getafe Iniciativas S. A. (Gisa), creada en los ochenta, es “dinamizar la actividad económica y contribuir a la creación de empleo” en esta ciudad de 175.000 habitantes. María Luisa Gil, nombrada por Juan Soler, alcalde de Getafe en la anterior legislatura y hoy diputado regional y senador por el PP, fue la gerente de la empresa entre julio de 2012 y diciembre de 2014.

Una gestión de dos años y medio que ya le ha ocasionado tres disgustos judiciales: un juicio por acoso tras la denuncia de un exempleado (visto para sentencia), una investigación en curso en el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Getafe por las presuntas irregularidades en la licitación en 2013 de las obras de reconstrucción de un teatro municipal y su procesamiento por presunta prevaricación al contratar a José María Barahonda.

Proyecto europeo

En mayo de 2014, Gisa sacó a concurso dos plazas vinculadas al proyecto de regeneración del barrio de La Alhóndiga, que contaba con financiación europea al 50%. Una era para un administrador contable y la otra para un técnico coordinador. Para lograr esta última, aparte de aprobar el examen, el aspirante debía ser, entre otras cosas, un abogado en ejercicio con al menos tres años de experiencia, algo que, según el escrito de acusación del fiscal, al que ha tenido acceso EL PAÍS, no cumplía José María Barahonda en el momento de la convocatoria.

En todo caso, él no ganó aquel concurso; quedó segundo. Entonces, María Luisa Gil intentó “anular dicha convocatoria” mediante un informe jurídico firmado por la secretaria general de Gisa, Juana Álvaro. Esto tampoco prosperó, así que, “como no consiguió su propósito”, continúa el escrito del fiscal, Gil dictó una resolución en septiembre de 2014 en la que ampliaba la convocatoria con otro puesto de técnico más, a cubrir “con la lista de aspirantes que habían superado el primer examen”. Y el mismo día firmó una segunda resolución proponiendo contratar a Barahona, ya que resultaba ser el candidato que había “obtenido la segunda mejor puntuación”.

De ese modo logró Gil el nombramiento, aun “a sabiendas de que no cumplía el primero de los requisitos específicos que ellas misma había exigido”, es decir, el de ser abogado en ejercicio. Y lo hizo, siempre según el fiscal, sin darle al proceso publicidad, saltándose los principios de libre concurrencia y transparencia, sin elaborar bases, sin comunicar a los sindicatos, sin especificar un perfil determinado…

Invitar a la renuncia

Además, como solo había supuesto suficiente para una plaza, Gil intentó que la persona que había ganado el concurso renunciara. Como no ocurrió, “le conminó”, dice el fiscal, a firmar un contrato de nivel 10 de la administración en lugar del de nivel 18 que decía la convocatoria, es decir, con un sueldo que suponía poco más de la mitad de lo prometido. A pesar de todo este periplo, la gerente despidió a los dos trabajadores al mes de haber empezado, “como consecuencia de no haber superado el periodo de prueba fijado en la cláusula tercera del contrato de trabajo”. Esto fue a finales de octubre y, dos meses más tarde, Gil abandonó la gerencia de Gisa.

Con todos estos argumentos del fiscal, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Getafe ha decretado la apertura de juicio oral por prevaricación contra Gil y contra Juana Álvaro. Esta última no está señalada por la fiscalía —que no ve suficientemente probada su participación—, pero sí por la acusación particular. Esta pide para ambas 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y la pena de multa de seis meses y suspensión de empleo o cargo público por dos años.