Los taurinos reclaman a los poderes públicos que respeten el toreo

Valencia se ha convertido este domingo en epicentro de la polémica taurina en España. Los aficionados al mundo del toro han reivindicado, al grito de "¡libertad, libertad!", la tauromaquia como parte de la cultura y la tradición españolas, y los antitaurinos, rodeados de un fuerte cordón policial, han insistido en su abolición al grito de "¡asesinos, asesinos!".

En torno a las tres de la tarde, miles de aficionados, diestros y ganaderos de toda España han recorrido el centro de la capital -que celebra la feria de Fallas- para reivindicar el toreo bajo el lema "El toro, cultura, raíces y libertad de un pueblo". A la cabeza se han podido ver a destacadas figuras del mundo del toreo como José Tomás, El Juli, José Mari Manzanares, César Rincón, Enrique Ponce, Dámaso Alonso o Morante de la Puebla, entre otros muchos. Políticos valencianos como la presidenta del PP regional, Isabel Bonig, han apoyado también la manifestación. 

El matador valenciano Enrique Ponce ha reivindicado durante la lectura de un manifiesto la tauromaquia como "un bien cultural, que ampara la Constitución" y ha reivindicado este mundo "como portador de valores sociales y humanos y soporte básico y principal de la biodiversidad en nuestro país". El documento se entregará a todos los grupos políticos del Congreso de los Diputados y a la Casa Real.

La manifestación ha sido multitudinaria. Los organizadores, la Unión Taurina de la Comunidad Valenciana, han hecho coincidir el acto reivindicativo con un concurso nacional de recortadores que ha reunido este mediodía en la plaza de Toros de Valencia a unos 12.000 aficionados que se han sumado luego a la marcha. 

A mediodía, una veintena de activistas antitaurinos se han concentrado -ayer también lo hicieron- en la plaza del Ayuntamiento de Valencia semidesnudos, luciendo parte del atuendo fallero [la capital está en víspera de Fallas, su fiesta grande], y teñidos de rojo para reclamar la abolición de las corridas de toro.

Convocados por la organización Anima Naturalis, los manifestantes han posado en ropa interior negra con un cartel en el pecho donde podía leerse "Por unas fallas sin sangre, tauromaquia abolición". A mediodía han vuelto a concentrarse en la céntrica plaza. "Enfrentarse a un animal asustado que solo quiere huir de la plaza, no es valentía", recogía el manifiesto que han leído al término de la performance. 

La polémica no es nueva. A los festejos taurinos les caen las estocadas en gran parte de la geografía española tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015, en las que muchos Gobiernos cambiaron de signo político y de inmediato expresaron sin ambages su desagrado por los festejos taurinos e incluso anunciaron que les retirarían su apoyo apoyo institucional.

Cataluña abolió las corridas de toros en 2010, el Parlamento de Baleares pretende modificar la ley actual de protección e incluir en ella la prohibición de los espectáculos taurinos y el Ayuntamiento de Madrid, que preside Manuel Carmena, retiró el pasado enero la promoción de los espectáculos taurinos de su web turística.

La polémica ha llegado incluso a los tribunales. El torero Morante de la Puebla se querelló el año pasado contra el activista antitaurino holandés Peter Janssen por llamarle "asesino" en la plaza de Marbella (Málaga). El torero reclama por injurias y calumnias una indemnización de 100.000 euros. La subdelegación del Gobierno en Castellón impuso hace solo unos meses multas de 6.000 euros a cada uno de los 35 activistas antitaurinos que impidieron la celebración de un festejo de toro embolado en diciembre de 2015 en la localidad castellonense de Olocau del Rey

La Comunidad Valenciana no ha permanecido ajena al seísmo antitaurino y, desde hace meses, debate en las grandes capitales y en los municipios más pequeños si es necesario que los programas de festejos incluyan los bous al carrer o el bou embolat.

A día de hoy, la Generalitat, que gobiernan en coalición Socialistas y Compromís, con el apoyo externo de Podem, ha anulado la Ley de Señas de Identidad del PP, que pretendía declarar Bien de Interés Cultural (BIC) los bous al carrer, pero al final ha dejado la última palabra en torno a la celebración o abolición de estos festejos a los ayuntamientos para que consulten por referendo a los ciudadanos. El municipio valenciano de Aldaia, de 31.000 habitantes, fue uno de los primeros en rechazar los bous al carrer, con una participación inferior al 15% del censo.

El director general de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias de la Generalitat valenciana, José María Ángel, presentó hace solo unos días el balance de 2015 y constató que el año pasado se celebraron más de 8.200 festejos de bous al carrer o parecidos. El 52% de los municipios valencianos acogen estos festejos.