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La Audiencia ordena reabrir un caso de acoso a alumnas en Rábade

El juez de apoyo de Pilar de Lara decidió el archivo en septiembre sin llegar a interrogar al profesor investigado por supuesto trato degradante ni al director del centro

José Luis Deaño, el juez de adscripción territorial puesto por el Tribunal Superior para aligerar la carga de trabajo de la magistrada de Lugo Pilar de Lara, llegó al juzgado de Instrucción 1 en junio de 2015 y en septiembre ya acordó dar carpetazo a un caso de supuesto acoso del que se declaraban víctimas una decena de alumnas del IES Río Miño de Rábade. Lo hizo sin tan siquiera tomar declaración al profesor investigado por un presunto delito de trato degradante, ni tampoco al director del centro después de que se abriese una investigación interna que, a juzgar por lo que planea ahora la Audiencia Provincial, quedó en nada. La Sección Segunda de la Audiencia de Lugo revoca en un auto la precipitada decisión de Deaño y ordena llamar a declarar tanto al docente como al responsable del centro académico.

En contra también del criterio del fiscal, el tribunal estima el recurso de apelación presentado por una madre, y destaca que hay que tener en cuenta "la reiteración de los actos y la especial condición de las personas a las que se dirigían, adolescentes en una edad próxima a los 15 años", "en pleno proceso de formación no solo físico, sino de adquisición de los valores que irán definiendo su personalidad". Los magistrados de la Audiencia consideran, además, que el juez tiene que valorar si, como defiende la parte denunciante, "el director del centro podría haber incurrido en el tipo penal del artículo 176, que castiga a la autoridad o funcionario que, faltando a los deberes de su cargo, permitiere que otras personas ejecuten los hechos previstos en distintos artículos del Código Penal [en referencia al 173, que versa sobre los tratos degradantes]".

La denuncia contra el profesor fue presentada a finales de marzo del año pasado en la Guardia Civil de Rábade, después de que la tutora de varias de las niñas notificase los hechos tanto en la dirección del instituto como en la inspección educativa. Varios padres secundaron la denuncia de la profesora, que llegó a manos de la juez De Lara, y la magistrada decidió abrir diligencias. Varias de las supuestas víctimas del profesor terminaron venciendo sus miedos y testificaron contra él ante la policía judicial.

Según fuentes vinculadas al grupo de afectadas, "con la investigación en curso se descubrió que meses antes de ser presentada la denuncia ya había habido quejas de los padres y alumnos, entre ellas, una carta escrita a la dirección por una estudiante". Estas mismas fuentes aseguran que "varias alumnas decidieron abandonar el centro" y que existen informes forenses que "acreditan el sufrimiento y la ansiedad de algunas de las chicas". Supuestamente, el profesor inquiría a sus pupilas acerca de sus relaciones de pareja. Las adolescentes hablan de "susurros al oído", besos, "caricias en el cuello", "invitaciones a salir" y también del "asco y rechazo" que les provocaba el investigado en su situación de especial vulnerabilidad. Según una cría, el profesor le dijo que se casaría con ella; otra, que saldría con ella y que también Machado hizo algo semejante en sus tiempos. A otra que tiene mucho pecho le bajo la cremallera de la cazadora.

La Audiencia de Lugo exige ahora que se evalúe en serio la "gravedad y la continuación de la causa, tanto respecto del profesor investigado como del director del centro". Los magistrados de la Sección Segunda María Luisa Sandar, José Manuel Varela y Ana Rosa Pérez Quintana citan jurisprudencia y recuerdan que el trato degradante se define como "aquel que puede crear a las víctimas sentimientos de terror, de angustia y de inferioridad susceptibles de humillarles, de envilecerles y de quebrantar, en su caso, su resistencia física o moral".  

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