El fiscal indaga si Barcelona perdió 1,2 millones por trabajos no cobrados

La investigación sobre las presuntas irregularidades en Barcelona Regional (BR) durante la etapa del alcalde Xavier Trias se centra en la “actividad internacional” de la agencia pública. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Ayuntamiento más información sobre una alianza público-privada que, a partir de 2009, sustituyó a BR en los proyectos en el extranjero. El fiscal indaga si esa alianza supuso un perjuicio de 1,2 millones para las arcas municipales. La empresa pública puso los empleados, los medios y la infraestructura para ejecutar unos trabajos que no llegó a cobrar (1,03 millones). Cuando ese bloque se rompió, el exconcejal Antoni Vives eximió a sus miembros (como la Fundación Abertis) de abonar el déficit, que corrió solo a cargo de BR (otros 180.000 euros).

El informe elaborado por el equipo de la alcaldesa Ada Colau está desde la semana pasada sobre la mesa del fiscal, que ha abierto diligencias de investigación. Los documentos enviados por el Consistorio, sin embargo, son insuficientes. Y el fiscal ha pedido más documentación. Colau denunció anomalías en diversos terrenos —contratación de personal, adjudicaciones a empresas— pero, por ahora, el que más ha llamado la atención del fiscal son los trabajos de BR en el extranjero.

Barcelona Regional (participada, mayoritariamente, por el Ayuntamiento) se dedica al planeamiento estratégico y urbanístico. “Históricamente”, según el informe remitido al fiscal, su actividad internacional venía dada “como respuesta a demandas explícitas y puntuales” del Consistorio. La situación empezó a cambiar en 2009, cuando esos trabajos pasaron a ser desarrollados por una agrupación de interés económico (AIE) que se bautizó como BcnSus. De ella formaba parte BR, pero también el Puerto de Barcelona, el Consorcio de la Zona Franca y la Fundación Abertis.

El equipo de Colau cree que BcnSus era “una mera entelequia formal” porque la sede, el personal y los medios materiales que usaba eran todos de Barcelona Regional. El informe precisa que, durante la mayor parte del tiempo, BcnSus “no tuvo ni plantilla” y solo contrató, temporalmente, a una gerente y a un arquitecto. La agencia pública, en todo caso, cobraba por esos servicios. O, al menos lo hacía sobre el papel, porque lo cierto es que lo pagado dista mucho de lo facturado. Según la contabilidad, entre 2011 y mayo de 2014 —fecha en la que se disolvió BcnSus— la agencia pública tenía pendiente de cobro trabajos por valor de 1.038.004 euros.

Vives perdonó a Abertis

El supuesto daño a los fondos públicos se vio incrementado cuando Abertis comunicó que abandonaba la alianza público-privada. Barcelona Regional afrontó, en solitario, el déficit que había acumulado la agrupación y desembolsó 180.000 euros. “Fue el único socio que lo hizo”, lamenta el equipo de Colau. No tuvo por qué hacerlo, pero fue la propuesta que lanzó el entonces presidente del Consejo de Administración de Barcelona Regional y concejal de Hábitat Urbano, el convergente Antoni Vives, emblema del business friendly predicado por Trias. Según el acta de la junta extraordinaria de BcnSus (noviembre de 2014), Vives afirmó que “no sería justo” que el resto de socios “se vieran obligados a asumir las pérdidas que dimanan del balance de liquidación”. Por eso, añade el documento, BR “ha querido liberarles de las obligaciones de responsabilidad que legalmente les corresponden”. El acta recoge que los socios “acogen favorablemente” la propuesta y “se congratulan de la decisión de notable contenido económico y moral”.

Sin apoyo municipal

El equipo de Colau concluye que la relación entre BR y la alianza fallida “ha tenido un coste de 1,2 millones”. Y pide al fiscal que “audite la actividad” de la agrupación y, en su caso, “se reintegren los fondos públicos indebidamente percibidos”.

Las anomalías no son solo económicas, sino políticas. El Consistorio cita un listado de 15 trabajos realizados por BR en el último periodo, entre 2014 y 2015. De esos proyectos, “solamente los tres de Perú y uno de los de China cuentan con el apoyo de un convenio municipal”. Los 11 restantes, agrega el informe, están “sin cobertura o amparo” municipal, “ni siquiera formal”. Tras la llegada al poder de Colau (mayo de 2015), los nuevos responsables de la agencia paralizaron un proyecto en Marsella y otro en Rabat, también por la falta de apoyo y de control del Ayuntamiento.