Todas las empresas registradas hicieron donaciones a Convergència

Los siete empresarios detenidos ayer en el marco de la operación contra la financiación ilegal de Convergència (CDC) trabajan para compañías que han realizado en los últimos años cuantiosas donaciones a las dos fundaciones del partido: CatDem y Barcelona Fòrum. Este hecho confirma una de las líneas de investigación de la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil: que ambas entidades fueron usadas en algunos casos como “tapadera” para recaudar comisiones ilegales por adjudicaciones de obra pública. La tercera fase de la Operación Petrum amplía el número de empresas y Administraciones en el foco de las investigaciones.

CatDem y Barcelona Fòrum recibieron entre 2008 y 2013 un total de 10,4 millones de euros en donaciones de empresas privadas. Esta cifra, que es más de 10 veces superior a la suma del resto de fundaciones de los partidos catalanes —salvo la de Unió—, no supone por sí misma ningún ilícito penal. Los partidos están obligados a informar de ellas al Tribunal de Cuentas y siempre son legales salvo en un caso: cuando existen evidencias de que en realidad encubren comisiones ilegales.

Cuando arrancaron las actuales investigaciones, en junio de 2014, las cuentas de CDC y sus fundaciones ni siquiera estaban en mente de los investigadores. Tras la denuncia por asuntos locales de una concejal de Esquerra Republicana en Torredembarra (Tarragona), la Guardia Civil descubrió que la constructora Teyco había realizado importantes pagos al alcalde convergente de la localidad.

La cuantía del dinero —1,43 millones de euros— llevó a los investigadores a lanzar la primera de las operaciones Petrum. Fue el pasado mes de julio y llevó a la detención del consejero delegado de la constructora, Jordi Sumarroca, en cuya caja fuerte los investigadores hallaron un documento que por primera vez vinculaba adjudicaciones públicas, comisiones del 3% y las fundaciones de Convergència.

El resultado fue la segunda operación Petrum, llevada a cabo el pasado 28 de agosto, con el registro de la sede de CatDem y Barcelona Fòrum, así como el despacho del tesorero del partido, Andreu Viloca. La operación acabó sin detenidos, pero la Guardia Civil se incautó de cientos de documentos y miles de correos electrónicos. Ha sido el estudio de todo este material durante los últimos 50 días lo que, como ya sucedió con Teyco, ha vuelto a vincular adjudicaciones y comisiones ilegales cobradas vía fundaciones del partido.

 Cierre del triángulo

El triángulo ha sido fácil de cerrar en algunos casos, como el del centro cívico Nexe de Sant Fruitós de Bages (Barcelona). Adjudicada en febrero de 2009 a una unión temporal de empresas (UTE), el coste de la obra ascendía a 1,14 millones de euros. Poco después la misma UTE donó el 3% de ese importe (34.000 euros) a CatDem.

En otros casos, sin embargo, el nexo entre adjudicación y donativo al partido es mucho más difícil de establecer. Es el caso de Copisa, cuyo ex consejero delegado Xavier Tauler figura entre los detenidos de este jueves, o del Grupo Soler, el dueño del cual, Jordi Soler, también fue arrestado. Las dos sociedades han logrado en los últimos años decenas de adjudicaciones públicas. También han hecho importantes donaciones a CDC —1,06 millones Copisa y 590.000 euros el Grupo Soler—, que además han sido divididas en varios pagos hechos por distintas sociedades filiales y repartidos entre las dos fundaciones del partido. Esto dificulta enormemente establecer una conexión entre adjudicaciones y donaciones, y es en este punto donde el estudio detallado de los correos electrónicos y documentos obtenidos ha aportado los indicios que han permitido completar el puzzle.

El salto cualitativo dado entre la segunda y la tercera operación Petrum, llevada a cabo este jueves por la Guardia Civil, es muy relevante. Si el documento de Teyco extendió las investigaciones a cuatro importantes Ayuntamientos gobernados por CDC en el momento de las adjudicaciones —Sant Cugat, Lloret de Mar, Figueres y Sant Celoni—, ahora las pesquisas han llegado a Olot y Sant Fruitós. Y, lo que es más importante, a Infraestructures.cat, el ente público encargado de licitar toda la obra pública de la Generalitat. Esto y la entidad de las empresas registradas —con decenas de adjudicaciones repartidas por toda Cataluña— hace que el alcance de las investigaciones adquiera una dimensión inimaginable hace solo unos meses.

El grupo constructor ACS es una de las empresas más importantes que ha entrado en las investigaciones a través de su filial Urbaser. La fiscalía ha encontrado indicios del pago de comisiones por un contrato de 20 millones de euros para la recogida de basuras en Olot (Girona). Las sociedades Oproler, Rogasa, Rehac, Tec Cuatro y Enseñat i Roca son el resto de compañías que acapararon adjudicaciones públicas mientras hacían donaciones a Convergència.