Mas usa el apoyo popular por el 9-N para tratar de lograr su investidura

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, acudirá esta mañana a declarar como imputado por un delito de desobediencia grave por haber impulsado la pseudoconsulta independentista del 9 de noviembre. No acudirá solo. Pese a la queja del Consejo General del Poder Judicial por las presiones, las asociaciones independentistas han convocado una concentración de apoyo ante el Tribunal Superior de Justicia, donde también se manifestarán hasta 400 alcaldes. Mas comparecerá después en el Palau de la Generalitat en un intento de realzar su perfil independentista mientras negocia con la CUP para conservar la presidencia.

El entorno de Mas ha preparado con esmero no solo la declaración judicial, sino todo lo que la va a rodear. El hecho de que la citación coincida con el 75 aniversario del fusilamiento del expresidente de la Generalitat Lluís Companys ha dado alas al nacionalismo para sacralizar la jornada de hoy. De hecho, Mas comenzará la jornada haciendo la ofrenda floral en el Fossar de la Pedrera de Montjuïc. A las diez tiene que estar en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

La declaración de Mas estará precedida de un baño de multitudes del presidente catalán. Más de 400 alcaldes se han citado ante las dependencias judiciales para apoyar al presidente catalán. Acuden convocados por la Asociación de Municipios de Cataluña y la Asociación de Municipios para la Independencia. La otra gran entidad independentista, la Asamblea Nacional Catalana, ha convocado también una concentración frente al juzgado pese a las quejas de los jueces, que ven en estas protestas una amenaza a su independencia. Mas se dará otro baño de masas antes a la salida del TSJC para dirigirse después al Palau de la Generalitat, donde hará una comparecencia pública.

Media hora antes de la declaración de Mas está previsto que, también a las puertas del TSJC, el presidente de Manos Limpias, Miguel Bernad, atienda a los medios. El sindicato ultra impulsó la querella contra Mas y ejerce la acusación popular en la causa.

Todo el Gobierno catalán expresará su apoyo a Mas acompañándole hasta la puerta de las dependencias judiciales. Está previsto que también lo hagan el consejero de Interior, Jordi Jané y el de Justicia, Germà Gordó. El primero se manifestará pese a que Convergència Democràtica siempre ha defendido que los consejeros responsables de la seguridad pública deben abstenerse de participar en protestas públicas. El segundo también acudirá a la puerta de los juzgados pese a ser el interlocutor habitual entre la administración de Justicia y la Generalitat. Esta gesticulación del Gobierno catalán provocó ayer duras críticas de la oposición, especialmente de Ciudadanos, del PSC y del PP.

Mas prevé una breve declaración "política" ante el juez

Aunque formalmente Mas separa esta escenificación de las negociaciones que mantiene con la CUP para repetir como presidente de la Generalitat, Junts pel Sí confía en que la declaración del presidente de la Generalitat como imputado realce su perfil más independentista y facilite su investidura. La CUP sigue insistiendo en que no votará a Mas como futuro presidente. “Las declaraciones por el 9-N no nos hacen movernos de nuestras posiciones”, dijo ayer la diputada electa Anna Gabriel. Sin embargo, todo sigue abierto y de momento no está convocada ni siquiera la constitución de la cámara autónoma. Hay tiempo para ello hasta el 26 de octubre.

Aunque Mas saque pecho en la calle y delante de a los suyos, deberá estar más comedido ante el juez. El presidente afronta el mismo dilema que Irene Rigau y Joana Ortega, pero con mayor intensidad: debe afirmar que fue quien sacó las urnas a la calle y quien comandó la organización de la consulta y, al mismo tiempo, defender que entre el 4 y el 9 de noviembre —cuando la consulta ya estaba vetada por el Tribunal Constitucional— no la impulsó. La consejera de Enseñanza y la exvicepresidenta intentaron salvar ese escollo diciendo que el proceso de participación se puso entonces en manos de los voluntarios. En Mas concurre, además, una diferencia clave para dirimir si hubo desobediencia: él sí recibió la notificación del Constitucional.

Decidir si hubo desobediencia grave a una resolución judicial y si esta es constitutiva de delito es la clave del caso, coinciden fuentes consultadas. Del delito de desobediencia —el único por el que, formalmente, el TSJC admitió la querella— penden los otros delitos de los que les acusa la Fiscalía: malversación, prevaricación y usurpación de funciones. Sin el uno no hay los otros. Y esa disquisición es, sobre todo, jurídica.

El Gobierno catalán en pleno acudirá a arropar de nuevo al presidente, imputado por desobediencia

Más allá de lo jurídico, el presidente catalán prevé realizar una breve intervención de contenido político al inicio de su declaración. Posteriormente, responderá a las preguntas del juez instructor, Joan Manel Abril. Rigau y Ortega se negaron a responder a las preguntas de la Fiscalía por haber “cambiado de criterio” a la hora de presentar la querella. El presidente tenía previsto seguir esa misma senda, aunque no puede descartarse, según fuentes judiciales, que sí declare a los fiscales. Los imputados tienen derecho a no contestar a todas o algunas de las preguntas que les formulan. El silencio de Rigau y Ortega, sin embargo, ha generado malestar en sectores de la Fiscalía, que lo consideran una falta de respeto institucional porque la decisión no se basa en el ejercicio del derecho de defensa sino en motivaciones políticas.