Cataluña aprueba una ley antihomofobia con sanciones

Cuando ayer se aprobó la ley antihomofobia en el Parlament, casi todos los diputados se pusieron de pie y se giraron para aplaudir al público en la tribuna. Allí había varias generaciones de activistas de los derechos de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales (LGBT): Jordi Petit, Armand de Fluvià, el primer hombre en España en aceptar su homosexualidad en televisión, Carme Porta... La norma, que incluye multas de hasta 140.000 euros, era una conquista suya, tras años de perseverancia y trabajo.

La norma ya se había quedado en la cuneta una vez. En esta ocasión tiró adelante gracias a los votos de Esquerra, PSC, Iniciativa, Ciutadans, Convergència y CUP. Galicia y Andalucía cuentan con legislaciones similares. En el caso gallego, el proyecto normativo incluía sanciones, pero el PP condicionó su voto a que se retiraran. Los populares catalanes optaron, sin embargo, por una enmienda a la totalidad e incluso llevaron el proyecto el pasado agosto ante el Consejo de Garantías Estatutarias. “Hay un exceso de discriminación positiva e, incluso, se invaden competencias penales del Estado. Es una ley ideológica”, denunció Dolors López (PP). Unió, que votó diferente a sus socios convergentes, se posicionó contra tres apartados: la visibilización dentro del ámbito escolar, el régimen sancionador y la inversión de la carga de la prueba.

Este último aspecto genera un gran debate jurídico, pues algunos expertos, con el PP y Unió, consideran que vulnera la presunción de inocencia. La inversión establece que el acusado tiene que demostrar que es inocente, cuando en el resto de los casos sucede justo lo contrario. Los grupos favorables sostienen que es una modalidad que ya se aplica en casos de violencia machista y además está amparada por normativas europeas. “Cuando se refuerzan los derechos de una minoría se refuerzan los de la mayoría”, dijo David Companyon (ICV-EUiA).

Sin régimen sancionador, esta ley sería una mera declaración de intenciones", ha dicho Anna Simó

En su día, el Consejo se pronunció a favor por unanimidad acerca de la constitucionalidad de la norma. “Este posicionamiento aclaró las dudas sobre la legalidad a muchos”, reconoció Violant Cervera (CDC). El tema ha generado debate interno en CiU. El año pasado Barcelona se quedó sin declaración institucional por el Día del Orgullo Gay después de que CiU mostrara su incomodidad con una ley exclusiva para el colectivo LGBT.

Mercè Jou (UDC) intentó desmarcarse del no del PP. “No lo acabamos de ver todo”, fue el argumento de la democratacristiana, que pidió que se ponga en marcha una ley integral contra la no discriminación, similar a la que propuso el último Gobierno socialista. La Generalitat dice que la tendrá lista en ocho meses.

Las sanciones, uno de los rasgos progresistas de la norma, establecen una escala de gravedad de las faltas e incluye insultos o incitación al odio en medios de comunicación. Estas pueden ir desde los 128 euros hasta los 14.000 y se calculan usando el indicador de renta de suficiencia catalán. También se pueden suprimir ayudas públicas o inhabilitación en cargos públicos. “Sin régimen sancionador, esta ley sería una mera declaración de intenciones”, dijo Anna Simó (ERC). David Fernández (CUP) recordó que las estadísticas muestran que hay un caso de homofobia por día en Cataluña.

Los grupos que votaron a favor también salieron en defensa de las entidades tras las afirmaciones de Josep Antoni Duran Lleida, que, en su carta a la militancia de Unión del viernes, dijo que se arrepentía de no haber presentado una enmienda a la totalidad de la ley y calificaba a “chiringuitos” a las entidades LGBT.

“Siento rabia cuando alguno parece negar o menospreciar la discriminación que sufrimos o hemos sufrido o corremos el riesgo de sufrir los gais", dijo Iceta

“¡Miren la tribuna! No es un grupo que trabaja en la oscuridad para obtener intereses ilegítimos. Trabajan en defensa de unos derechos que, al final, son de todos. Cuando escucho hablar en términos despectivos de lobby gay me viene a la mente eso de piensa el ladrón que todos son de su condición. Siento rabia cuando alguien parece negar o despreciar la discriminación que padecemos, hemos padecido o corremos el riesgo de padecer”, dijo Miquel Iceta, líder del PSC y gay. Fernández fue más duro: “Chiringuitos es lo que algunos tienen montados en el Palace pagados con recursos públicos”, en inequívoca alusión a Duran.

“Ahora podremos combatir el acoso en las escuelas y mostrar referentes positivos”, aseguraron desde la Asociación Familias Lesbianas y Gais (FLG).