El fiscal pide 296.000 euros de fianza civil al exlíder de UGT Fernández Sevilla

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido una fianza de responsabilidad civil de 296.000 euros para Francisco Fernández Sevilla, ex secretario general de la UGT de Andalucía imputado por malversación en el caso ERE por el expediente de la empresa Altadis, con responsabilidad subsidiaria de su sindicato, tanto de la federación andaluza como estatal.

Fernández Sevilla ha rechazado dar su versión ante la juez Mercedes Alaya, instructora del caso, y se ha acogido a su derecho a no declarar ya que alegó que sus derechos constitucionales habían sido vulnerados. “Cuando se garanticen mis derechos, lógicamente declaro”, ha dicho. El exlíder del sindicato estima que la magistrada no había aportado a la causa toda la documentación incriminatoria en su contra, ni se le habían clarificado los hechos que le imputa, ha informado Efe.

Como secretario general de la Federación Agroalimentaria de UGT en Andalucía, Fernández Sevilla firmó un acuerdo de bases sobre el ERE de Altadis, ha explicado a la salida de los juzgados tras comparecer ante Alaya y negarse a declarar. La semana pasada el ex alto cargo de la organización sindical imputado no se presentó a su anunciada declaración porque alegó que no le había llegado la citación judicial.

Fernández Sevilla ha afirmado ante la magistrada que le habría gustado acogerse a su “derecho a declarar”, pero que no podía hacerlo porque no se le garantizaban la totalidad de sus derechos como imputado.

“No tengo nada que ocultar”, ha añadido, después de lamentar que no haya sido aportado el atestado de la Guardia Civil sobre Altadis para que su abogado pueda estudiarlo antes de declarar como imputado.

En la tramitación de este ERE, acordado en 2005, Fernández Sevilla fue secretario general de la Federación Agroalimentaria de UGT-A y luego ascendió a secretario general para suceder a su exjefe Manuel Pastrana en mayo de 2013, hasta su dimisión seis meses después por el caso de las presuntas facturas falsas presentadas por su sindicato a la Junta para justificar fondos de formación, un asunto por el que ha evitado hacer declaraciones.

Su abogado, Miguel García Diéguez, ha lamentado haber conocido el auto de imputación minutos antes de entrar al despacho de Alaya, con quien mantuvo un enfrentamiento dialéctico sobre los hechos de los que deseaba dejar constancia. Esta mañana también ha acudido como imputado por malversación el secretario general de la Federación Agroalimentaria de CC OO, Antonio Perianes, que se ha negado a declarar al igual que Fernández Sevilla. Anticorrupción ha solicitado la misma fianza civil de 296.000 euros, y la juez ha decretado también la responsabilidad civil subsidiaria de la Federación Agroalimentaria de CC OO. La acusación particular que ejerce la Junta ha eludido pedir medidas para los dos sindicalistas imputados, según fuentes del caso.