Imputado el ex bibliotecario del colegio salesiano de Cádiz por encubrir abusos
El trabajador está acusado de haber presenciado los abusos sin denunciar
El caso abierto por las denuncias contra el director del colegio salesiano de Cádiz por delitos contra la integridad moral y sexual de 40 alumnos suma un nuevo imputado. Se trata del ex bibliotecario del centro educativo, a quien varios jóvenes acusan de haber estado presente en las agresiones del director contra ellos y no haber actuado para evitarlas. La instrucción está abierta en el juzgado número dos de Cádiz.
El 16 de julio de 2013 el sacerdote Francisco Javier López Luna fue detenido tras haber sido acusado por varios alumnos de llevarles continuamente al despacho, donde, como si fuera un juego, les golpeaba o les invitaba a pegarse entre ellos. Todos eran varones de entre 12 y 14 años. Después se supo que había mantenido conversaciones privadas con ellos por mensajes por teléfono. El juez Miguel Ángel López Marchena ordenó su ingreso en prisión. Le mantuvo allí casi un mes, pese a las protestas ciudadanas, que se dividieron entre los que apoyaban al cura y los que exigían su mantenimiento en la cárcel.
Pero el sacerdote ha dejado de ser el único imputado en la causa. A ella se ha sumado el hombre, de unos 30 años, que ejercía de bibliotecario en el centro. Varios denunciantes le sitúan como conocedor de las supuestas agresiones ya que estuvo en el despacho del director en algunos de esos episodios, según los testimonios de varias de las víctimas. El juez le ha incluido en la causa como imputado y le ha impuesto las mismas medidas cautelares que al ex director. No puede acercarse a los niños a menos de 500 metros. Tampoco de sus familiares. No puede comunicarse con ellos y debe firmar en el juzgado dos veces al mes.
La instrucción continúa a la espera del cierre de las diligencias y la presentación de los escritos de acusación y de defensa, además del informe final de la Fiscalía. López Marchena es el mismo juez que lleva adelante otros polémicos asuntos de la capital gaditana como las irregularidades denunciadas en la adjudicación del alumbrado eléctrico de Cádiz, las viviendas sociales de Matadero, o el caso ISE, por el que ha sido imputada la concejala socialista Marta Meléndez.
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