La oposición pide recurrir al Constitucional la ley Montoro

El problema lo creó el Ministerio de Hacienda con una ley de reforma de la Administración local que rechazan alcaldes de todos los colores. Y la oposición gallega descarta remiendos: ayer todos los partidos representados en el Parlamento gallego a excepción del PP votaron contra la ley de medidas provisionales que la Xunta prepara para contrarrestar los efectos de la norma del ministerio de Cristóbal Montoro sobre los ayuntamientos gallegos.

Ese texto que ha intentado pactar el departamento de Vicepresidencia de Alfonso Rueda con la Federación Galega de Municipios e Provincias (ni los representantes socialistas ni los del BNG lo han avalado) sostiene que las competencias sobre régimen local son propias de Galicia puesto que así lo estipula el Estatuto de Autonomía. Por eso, tanto el PSdeG, como AGE y BNG reclamaron ayer un recurso ante el Tribunal Constitucional para frenar la invasión de competencias.

El PP ya había rehusado plantear ese conflicto al Gobierno central y optado por desnaturalizar la ley Montoro con otra propia, que permita mantener los servicios sociales que prestan los Ayuntamientos. Ayer, el vicepresidente de la Xunta afeó a la oposición que “no escuche a los alcaldes” y que se haya plantado contra la norma de la Xunta. El resto de partidos le reprochó a Rueda que no quiera ser más beligerante contra un Gobierno de su mismo partido. Le recriminaron incluso que no haya exigido al ministerio una moratoria en lugar de preparar desde Galicia una ley de medidas urgentes.

“Garantizar servicios”

Tanto Beatriz Sestayo, desde el PSdeG, como Yolanda Díaz, por AGE, y Tereixa Paz, portavoz del Bloque, atacaron las políticas de la Xunta y el Gobierno central. “Colaboracionista”, llamó Sestayo al número dos del Gobierno gallego. La portavoz del PP gallego, Paula Prado, recriminó a los partidos de la oposición sus “críticas destructivas” y de actuar por “electoralismo”. En su intervención, Prado defendió que la norma de la Xunta “parte de la premisa de garantizar los servicios a los ciudadanos”. Los que pone en peligro la reforma del Gobierno central de su mismo partido, le recordó el resto de portavoces. El proyecto se aprobó en el pleno con los votos del PP y sigue su tramitación en la Cámara autonómica.