El Parlamento se queja ante el Poder Judicial por la investigación de Alaya

A la instrucción de Mercedes Alaya le brotan las críticas. La Fiscalía Anticorrupción, al igual que la Audiencia Provincial de Sevilla, ha reclamado a la juez que envíe al Tribunal Supremo la parte del caso de los ERE fraudulentos que afecta a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ambos aforados y preimputados por Alaya. También se le ha solicitado que divida en piezas separadas su enorme instrucción. Una de las ramificaciones del caso (la legalidad del procedimiento con el que se daban las ayudas) apunta al Parlamento de Andalucía, en concreto, a la Comisión de Hacienda. Y el presidente de esta institución, Manuel Gracia, ha enviado una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al entender que la juez no respeta “el principio de separación de poderes” y la “inviolabilidad” de la Cámara.

Los servicios jurídicos del Parlamento han respaldado la queja de Gracia. Según ha avanzado la cadena SER, el informe elaborado por José Antonio Víboras, letrado mayor de la Cámara, sostiene que cabría "poner los hechos denunciados en conocimiento de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía".

Desde el principio, Alaya cree que la Junta diseñó una estrategia para repartir el dinero sin control. De ahí que en sucesivos autos haya apuntado a la supuesta responsabilidad de distintos excargos del Gobierno autónomo. Dentro de esa línea de investigación se encuadrarían los dos autos de marzo de este año que han motivado la queja de Gracia. En dos escritos, uno del día 3 y otro del 13, la magistrada pedía a la Intervención General del Estado que investigara “qué pudo conocer” el Parlamento “sobre las irregularidades que se estaban produciendo en la concesión de subvenciones sociolaborales”.

En el último de esos autos, la juez matizó que “ni siquiera como hipótesis” se había planteado la existencia de responsabilidad del Parlamento, y acotaba las investigaciones a la Comisión de Hacienda. Gracia cree que con esa aclaración Alaya intentaba “salvar las evidentes dudas legales” de su anterior resolución.

El auto de 3 de marzo fue recurrido por la fiscalía, que argumentó que los diputados cuentan con un fuero especial, fijado por el Estatuto, que impide a la Intervención General del Estado investigar sus debates. En esta línea, el presidente de la Cámara ha indicado este miércoles que “un juez no puede investigar el trabajo del Parlamento en el marco de un procedimiento penal”. Lo que podría hacer, según Gracia, es consultar las resoluciones, leyes, mociones y documentos que pasan por la Cámara.

Gracia recuerda también que el Estatuto establece que “el Parlamento de Andalucía es inviolable”, es decir, que este tipo de instituciones no pueden ser “interferidas” ni “coaccionadas”. El presidente ha hecho suyas las conclusiones de Víboras y afirma que Alaya arroja “inconscientemente una sombra de sospecha sobre las instituciones”. Algo que, “en un momento de crisis política”, no puede “aceptarse que jueces y tribunales que deben estar al servicio de la legalidad la pongan en cuestión”. La queja ha llegado este miércoles al CGPJ. El magistrado Antonio Fonseca se encargará del caso.