Botella denuncia el incumplimiento de servicios mínimos y contrata a Tragsa

A las cinco de la tarde concluyó el plazo de 48 horas que la alcaldesa de Madrid, Ana Botella (PP), había dado a las empresas de limpieza viaria (OHL, Ferrovial, Sacyr y FCC) para asegurar los servicios mínimos, que durante los 11 días de huelga no han llegado ni al 70% de lo pactado, según el Ayuntamiento. Una hora y media después, tras apurar al máximo, confiando en que pudiera cerrarse un acuerdo entre sindicatos y concesionarias, el concejal de Medio Ambiente, Diego Sanjuanbenito, ha acudido a los juzgados de Plaza de Castilla para presentar una denuncia por el incumplimiento de los servicios mínimos, tal y como había amenazado con hacer Botella. Después ha anunciado que la empresa estatal Tragsa asegurará a partir de las seis de la mañana del sábado el cumplimiento de los servicios mínimos, para lo que contará, según fuentes conocedoras del dispositivo, con 200 trabajadores.

Entre tanto, concesionarias y sindicatos siguen reunidos para llegar a un acuerdo que solucione el conflicto y haga innecesaria la intervención mañana de Tragsa. Francisco Jardón, presidente de la patronal de empresas de limpieza viaria y portavoz de las contratas en la negociación, ha señalado antes de entrar a la reunión, a las seis de la tarde, que ve "muy posible" llegar a un acuerdo con los sindicatos que ponga fin a la huelga. Jardón ha señalado que han presentado una nueva oferta de convenio, de la que no ha ofrecido detalles, que espera que sirva para "acercar posturas", informa Susana G. Vejo. A las 21.25, en otro receso, ha sido uno de los portavoces de los sindicatos el que se ha mostrado confiado en alcanzar un acuerdo. JuanCarlos del Río, de UGT, ha añadido, en cualquier caso, ha dicho que no van a "echarse atrás" en su demanda de que no haya despidos ni bajadas de salarios.

Las conversaciones entre las empresas y los sindicatos continúan porque el plazo para negociar el expediente de regulación de empleo que disparó el conflicto concluye mañana, pero, además, también está en juego el próximo convenio laboral del sector. Las concesionarias han ofrecido esta mañana reducir desde la cifra inicial de 1.134 a 296 el número de despidos previstos, aunque los sindicatos ven todavía "lejos" un acuerdo porque consideran que el resto de recorte recae sobre los sueldos de los empleados.

Los sindicatos rechazan la oferta de las empresas porque la reducción se quiere compensar con bajadas salariales y modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo que "en conjunto son más lesivas" que las que motivaron el conflicto. Félix Carrión (CC OO) ha indicado que la propuesta de las empresas incluye, entre otras cuestiones, un expediente de regulación temporal de empleo de 45 días anuales durante cuatro años, además de una rebaja del 8% en el sueldo de los jardineros (unos 100 euros mensuales) y una reducción del 5,9% en el de los barrenderos. También incluyen bajas incentivadas para mayores de 55 años y excedencias voluntarias durante cinco años con un 30 % de salario bruto anual en un solo pago de un año o del 75% del salario bruto anual para excedencias de 10 años.