La juez de los ERE da un acelerón a la investigación del caso

La juez Mercedes Alaya ha pisado el acelerador para impulsar el caso de los ERE fraudulentos y los próximos dos meses serán muy intensos. La magistrada ha fijado un calendario con 33 imputados que declararán en su juzgado desde el próximo 20 de noviembre hasta el 17 de enero. Entre los acusados destacan varios ex altos cargos de la Junta de Andalucía, abogados y empresarios que recibieron subvenciones del Ejecutivo autónomo, según refleja un auto fechado el pasado jueves.

Hace una semana la juez pidió “calma” a la Audiencia de Sevilla para afrontar “esta última etapa de trabajo y estudio” en la investigación sobre la financiación de los ERE. Pues bien, esa “calma” estará trufada con un intenso calendario de declaraciones ante la juez, incluido la víspera de Nochebuena, el 23 de diciembre, cuando comparecerán dos secretarias del antiguo director general de Trabajo Javier Guerrero., Ángeles Gala y Rocío Sayago. Hasta mediados de enero acudirán al juzgado seis ex altos cargos de la Junta para aclarar su papel en la financiación de los ERE, tras la declaración de la exministra Magdalena Álvarez. “El sprint es espectacular”, resumen fuentes del caso, que el pasado invierno sufrió un parón de seis meses por enfermedad de la magistrada.

Entre los ex altos cargos destacan Javier Aguado y Lourdes Medina como secretarios generales de la Consejería de Empleo (19 y 20 de diciembre) y Jacinto Cañete, ex director general de la agencia Idea (17 de diciembre).

En paralelo, la Guardia Civil ha detenido al testaferro de la consultora Vitalia Moutaz Al Molkhtar Kasem, tomado declaración como acusados a tres ex altos cargos del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA, organismo pagador de los ERE) Juan Carlos Ollero, Pablo Millán y Juan Vela, y 12 testigos vinculados a esta empresa pública.

Los investigadores han remitido a Alaya un mapa que dibuja las múltiples vías abiertas en el caso. De este modo, al margen de los informes pendientes de la Intervención General del Estado y la Dirección General de Seguros, la Guardia Civil ha explicado su trabajo en los próximos meses y los últimos avances, que han incluido investigaciones secretas y ajenas a las partes del caso, detenciones y registros domiciliarios. “Ante la evidencia de no poder avanzar en las líneas investigativas siguiendo idéntico método de trabajo, se hizo necesario plantear la utilización de nuevas herramientas policiales y procesales”, aclaran los agentes en su último atestado. Esto ha provocado un retraso en el resto de líneas de investigación abiertas con anterioridad, al haber priorizado “esta actividad indagatoria”, en palabras de la Guardia Civil.

Los agentes aclaran que han entregado a Alaya documentación sobre los ERE de las empresas Grupo Dhul, ANovo Comlink, Hitemasa y Pickman La Cartuja, pero aún tienen pendiente el informe sobre las empresas de la Sierra Norte sevillana que acapararon el grueso de las ayudas directas concedidas por la Junta andaluza. Los investigadores subrayan que prestan “especial atención” a las firmas de los exconcejales socialistas y empresarios José Enrique Rosendo y José María Sayago, sobre cuyas empresas “se está realizando un estudio profundo”.

Los agentes escrutan cuentas corrientes, sociedades interpuestas y toman testimonios a testigos e imputados para intentar depurar las derivaciones de una gestión de fondos públicos que se prolongó durante 10 años. Entre las ayudas destacan 29 ayudas sociolaborales concedidas a empresas en 2003, ya que la antigüedad de las subvenciones es relevante para evitar la posible prescripción de hechos ilícitos.

Durante su investigación, los agentes han escrutado las ayudas dadas por el ex director general de Trabajo Juan Márquez, sucesor de Guerrero, tras analizar su actual puesto al frente de la federación andaluza de empresas cooperativas (Fedeccon). Sin embargo, los investigadores concluyen que no han podido averiguar que las empresas beneficiadas por las decisiones de Márquez formen parte de la federación que ahora lidera. El ex alto cargo de la Junta solo concedió una ayuda directa a la empresa Virgen de la Luz por 440.000 euros. En solo dos años, 2009 y 2010, Márquez concedió 39 ayudas sociolaborales a compañías de su provincia de origen, Huelva. Al respecto, los agentes resaltan: “Justo Mañas [exviceconsejero de Empleo] se sorprendió de ciertas ayudas a ciertas sociedades dadas durante el último periodo de Márquez, por ejemplo ayudas concedidas a empresas del entorno de Huelva”, según el testimonio de la técnica María José Rofa. Esta ha suministrado a los investigadores cuantiosa información, parte de ella pendiente de ser facilitada al juzgado.

Las respuestas a las múltiples incógnitas del caso afloran poco a poco, aunque a ritmo lento.