El revés judicial a la privatización desbarata las cuentas de la Comunidad

La Comunidad nunca imaginó que sus planes para privatizar la gestión de seis hospitales de la red pública se vendrían abajo por fuego amigo. Acostumbrado a un control omnipotente de la política madrileña, el Partido Popular, a los mandos de la región de forma ininterrumpida desde 1995, cayó ayer noqueado por los profesionales de la sanidad pública. En especial, por el activismo del sector que componen los médicos, entre los que abundan los votantes del Partido Popular. Un hecho especialmente doloroso para el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, anteriormente ideólogo del think tank neoliberal de FAES y que siempre ha atribuido la marea blanca y sus consecuencias al Partido Socialista.

Si la semana pasada el Ejecutivo madrileño recibió con pasmo el auto que paralizaba el proceso, el varapalo judicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) trastocó la estrategia del Gobierno de Ignacio González. “Esto sí que no nos lo esperábamos; para nada lo veíamos venir”, decían ayer en la Comunidad. De entrada, porque además de ordenar la suspensión cautelar de la privatización, legitima a la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), la pesadilla de Lasquetty en todo el proceso.

El golpe —que se añade al fiasco olímpico de Madrid 2020 y al anuncio del Gobierno de Mariano Rajoy de no reformar “por el momento” la ley antitabaco en contra de las pretensiones de los impulsores de Eurovegas— fue de tal magnitud que en la Comunidad ya se mentalizan para tener que retocar, más como una certeza que como una probabilidad, los presupuestos de este ejercicio. Un horizonte doblemente ingrato, pues Esperanza Aguirre ya los modificó a mitad de 2012, recortando 1.045 millones en un hecho sin precedentes (dos meses después dimitió). En este caso, la cantidad no sería muy representativa dentro de un presupuesto de 17.048 millones de euros, pero la imagen del Ejecutivo popular se vería afectada, al tener que corregirse por segundo año consecutivo y a un mes y medio de la presentación de los de 2014, con la consiguiente sensación de desorden.

Un clima que no ha abandonado al plan más polémico de la era González desde que se anunció formalmente a finales de octubre del año pasado. Con el paso de los meses, la incertidumbre del proyecto ha alcanzado unas cotas enormes solo tres semanas después de que las tres empresas concesionarias (Hima San Pablo, Ribera Salud y Bupa Sanitas) resultaran adjudicatarias en una decisión justificada por un supuesto ahorro del 20%. En este sentido, el auto del TSJM dice que el ahorro no está acreditado, en la misma línea que el del juez de la semana pasada, que lo tachó de ahorro “virtual”. Once meses después, el Gobierno regional sigue sin presentar un estudio económico que demuestre la eficiencia de la gestión privada.

Además, el TSJM deja en una situación particularmente difícil al gabinete de González, al que obliga a revisar su táctica en los tribunales sin poder jugar la carta, empleada la semana pasada, de cuestionar la competencia del poder judicial como hizo con el magistrado Carlos Gómez del juzgado número cuatro de lo contencioso-administrativo.

La Comunidad reflejó al detalle en los presupuestos de 2013 el cambio de gestión que pretendía imponer en los hospitales. Mientras en años anteriores las partidas destinadas a mantener estos seis centros inaugurados en 2008 se consignaban en su totalidad en el artículo 89, de “aportaciones a empresas y entes públicos”, este año parte de esas cantidades fue transferida a otro concepto: “asistencia sanitaria y servicios sociales con medios ajenos”. En concreto, 52,9 millones de euros. Se trata del dinero que el Gobierno preveía destinar a los últimos meses del año, cuando las concesionarias privadas ya estarían al mando de los hospitales. Ni la Consejería de Sanidad ni la de Economía y Hacienda quisieron explicar ayer cómo tendrá que modificarse el presupuesto para adecuarlo a las nuevas circunstancias ahora que, según las fuentes jurídicas y empresariales consultadas, parece claro que el proceso no se va a poder retomar en lo que queda de año.

“La Comunidad va a tener que hacer una modificación presupuestaria para cambiar del artículo 25 al 89 esas cantidades, y además tendrá que dotar adecuadamente a estos seis hospitales, porque les había asignado un 22% menos que el año anterior”, considera el portavoz de Sanidad del PSM, José Manuel Freire. Una rebaja que, en su opinión, no significa que la gestión privada que tenía previsto implantar el Gobierno regional fuese a ser más barata. “En realidad, salía más cara. El Gobierno regional adelantaba dinero a estas empresas para cubrir la asistencia sanitaria de los ciudadanos, pero parte de esa asistencia la iban a seguir haciendo los hospitales tradicionales de gestión pública”, reflexionó.