Fiscalía investiga a Alberto Fabra por prevaricación

El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, está siendo investigado por la fiscalía por un presunto delito de prevaricación urbanística durante su etapa como alcalde de Castellón. El ministerio público acaba de incoar diligencias de investigación penal a raíz de la denuncia de dos particulares contra la actuación de Fabra por haber autorizado el derribo de viviendas catalogadas dentro del patrimonio histórico-artístico que, según indican, contaban con una protección que lo impedía. La denuncia, que se dirige también contra una funcionaria, pide al fiscal que cite a declarar al presidente de la Generalitat valenciana. La fiscalía descarta por el momento cualquier citación pero ya ha iniciado las pesquisas para esclarecer los hechos.

Las denunciantes son dos vecinas de Castellón, una de las cuales es propietaria de parte de una de las casas que fueron incluidas en el catálogo del Plan General de Ordenación Urbana del año 2000 (ahora anulado por el Supremo) con un grado de protección calificado como “sustituible”. El gobierno local no autorizó el derribo de esta casa histórica, conocida como Casa Bellés y ubicada frente al puerto comercial en una zona calificada como la manzana de oro. Alberto Fabra era entonces edil de Urbanismo. Las afectadas recurrieron en contencioso. Primero un juzgado y después el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dieron la razón al consistorio al estimar que las viviendas catalogadas como “sustituibles” deben ser protegidas. El fallo del TSJ se produjo en 2004, después de que el gobierno local introdujera una modificación en el PGOU para especificar que este tipo de inmuebles sí que pueden derruirse.

Con esta sentencia, las afectadas reclamaron expedientes de otras viviendas con la misma catalogación para ver qué criterio se había seguido. Reclamaron casos a partir de 2005, cuando Alberto Fabra accedió a la alcaldía. En sus indagaciones, según recoge la denuncia, constataron que Fabra autorizó el derribo en dos casos, aunque sospechan de que autorizaciones similares se repitieran en otra decena de expedientes. Entre ellas, varias casas sobre cuyo solar se edificó la actual vivienda del propio Alberto Fabra.

Las denunciantes sostienen que el exalcalde administraba “de forma caprichosa y discriminatoria” la normativa urbanística “en función de quién sea el solicitante de la licencia de derribo”. Aseguran que fue una fórmula de depreciar el valor para llevar a cabo pelotazos urbanísticos. En su caso, aseguran que recibieron una oferta de compra de unos 700.000 euros por la Casa Bellés cuando, dicen, tenía un valor de hasta tres millones.