El fraude de los ERE supera al ‘caso Malaya’ al sumar 116 imputados

La juez Mercedes Alaya ha imputado a 23 nuevas personas en el caso de los ERE fraudulentos, por lo que su investigación ya suma 116 imputados y supera al mayor caso de corrupción juzgado en España, el caso Malaya que investigó la gestión municipal de Marbella. En esta macrocausa, la Audiencia de Málaga procesó a 95 personas, cifra luego rebajada a 86 acusados, y el juicio está ahora pendiente de sentencia. De este modo, el caso ERE aumenta su entidad procesal al rebasar el centenar de imputados, entre los que figuran altos cargos de la Junta de Andalucía, empresarios, sindicalistas y conseguidores. La investigación, iniciada en enero de 2011, indaga en la gestión del fondo para subvencionar ERE dotado por la Junta de Andalucía con 721 millones entre 2001 y 2010. Todo apunta a que la cifra de acusados seguirá creciendo a medida que las pesquisas de la Guardia Civil avancen. De momento, el sumario acumula 43.310 páginas y más de 200.000 de anexos.

El último paso de la magistrada antes de irse de vacaciones la semana pasada fue firmar un auto el pasado 31 de julio por el que imputaba a estos 23 supuestos nuevos implicados, entre los que destacan los hijos del empresario José María Ruiz Mateos, Javier y Pablo, por las irregularidades detectadas en el ERE del Hotel Cervantes, propiedad del grupo del empresario jerezano, informó ayer Diario de Sevilla. Junto a los hermanos Ruiz Mateos figuran imputados otros empresarios, intermediarios que percibieron comisiones en los expedientes e intrusos (beneficiados por los ERE que nunca trabajaron en las empresas) incluidos en las empresas Hotel Cervantes, Intesur, SOS Cuétara, Cespa, Fuenteovejuna, Saldauto y Cenforpe.

La Guardia Civil remitió al juzgado los informes sobre estas compañías el pasado 26 de diciembre, pero hasta ahora la juez no ha notificado la imputación a las personas señaladas por los agentes en sus atestados.

De la cifra total de 116 imputados, alrededor del 60% siguen pendientes de comparecer ante el juzgado, si bien es cierto que en el último mes han sido imputadas 43 personas. Entre estas figuran los 20 acusados por la rama política del caso, entre ellos, cargos actuales y ex altos cargos de la Junta de Andalucía como la exministra Magdalena Álvarez. Ante este retraso que puede afectar al éxito de la instrucción por posteriores peticiones de nulidad de las defensas, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido en sus últimos escritos a Alaya que fije un calendario de declaraciones. Pero de momento la juez ha ignorado las peticiones y ha optado por citar a declarar a los imputados poco a poco.

Alaya estuvo de baja por enfermedad desde septiembre de 2012 hasta el pasado marzo. A las pocas semanas de reincorporarse se desarrolló la Operación Heracles con 22 detenidos. Y desde entonces, en los últimos cuatro meses la juez ha tomado declaración a tres imputados en el caso ERE. El retraso de algunos imputados viene de lejos. El exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas lleva dos años y siete meses a la espera de acudir a declarar para defenderse y el exdirector de Mercasevilla Fernando Mellet acumula un retraso similar para contestar por las acusaciones de delito fiscal en la empresa municipal.

Alaya está liberada de los asuntos diarios del juzgado gracias al juez de refuerzo que le concedió el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), y está dedicada a las cinco causas principales del juzgado: caso ERE, las dos ramas del caso Mercasevilla, la anterior gestión del Betis y los supuestos sobornos de una constructora a un exalto cargo socialista del Ayuntamiento de Sevilla. Pero cuando la pasada primavera el TSJA ofreció a Alaya otro magistrado para ayudarle a instruir, la juez rechazó la mano tendida.

La imputación de los empresarios Ruiz Mateos viene derivada de las supuestas irregularidades y comisiones detectadas por la Guardia Civil en el ERE del Hotel Cervantes. La juez señaló que el intermediario Juan Lanzas, encarcelado en la Operación Heracles, percibió tres millones en comisiones por gestionar seis ERE para las empresas de Nueva Rumasa, dirigidas por los Ruiz Mateos. Parte de estos pagos se abonaron en “sobres semanales o quincenales” que Lanzas y su esposa recogían en Madrid. La fórmula se repetía y siempre eran billetes de 500 euros que llegaban a sumar en cada sobre entre 20.000 y 25.000 euros. Ayer líderes del PSOE e IU (que gobiernan la Junta en coalición) reclamaron “más celeridad” a la juez en la instrucción “para acabar con esta pesadilla”, mientras que el PP se alegró de que la juez progresara en la investigación hasta el día antes de comenzar las vacaciones.