ERC fuerza a Mas a subir otra tasa para recaudar 50 millones
El impuesto de transmisiones patrimoniales se eleva del 8 al 10% La Generalitat planea cobrar 35 eurospor cada informe de extranjería
La presión de Esquerra Republicana de Catalunya sobre el presidente catalán, Artur Mas, no se limita a la velocidad que debe tomar el proceso soberanista. Los republicanos también presionan día sí y día también al Gobierno de CiU para que entierre definitivamente las políticas de austeridad y supere su aversión a las subidas de impuestos; todo en aras a moderar los recortes. Ayer Mas tuvo que dar un paso en este sentido al aumentar dos puntos el impuesto de transmisiones patrimoniales, que grava la compraventa de pisos de segunda mano.
El interés aplicable para la tasa será del 10% en lugar del 8% que se venía cobrando hasta ahora. El cambio permitirá ingresar, según el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, unos 50 millones de euros este año y 150 en un ejercicio completo. La subida de este impuesto es una de las que constan en el pacto de gobernabilidad que CiU y ERC firmaron en diciembre. Se trata de una de las menos duras y que menos resquemor provocaban en el seno de Convergència i Unió. Otra medida mucho más ambiciosa, como la reinstauración del impuesto de Sucesiones, sigue en el cajón. Ayer mismo, el líder de Unió Democràtica de Catalunya, Josep Antoni Duran Lleida, admitía que, para su partido, la reinstauración de este impuesto era tan dolorosa como si le “quitaran una muela”.
El aumento del impuesto de transmisiones patrimoniales permite a CiU darle largas a ERC con el resto de impuestos que quiere instaurar. Los republicanos se conformarán con una moción que votará el Parlament mañana en la que CiU y ERC se comprometen a implementar el impuesto de sucesiones. Un compromiso que no es de obligado cumplimiento y que no tiene ninguna fecha marcada. De momento, el consejero Mas-Colell aseguró ayer que no habrá nuevos aumentos mientras no se conozca a ciencia cierta el límite de déficit autonómico para este año, que el Gobierno central aún no ha acordado con las comunidades. Este desacuerdo ha servido a Mas para justificar que su Gobierno haya podido llegar hasta mediados de junio sin ni siquiera un proyecto de Presupuestos.
Otra decisión de la Generalitat que ERC aún no ha valorado es la de cobrar 35 euros a los inmigrantes para obtener el certificado de arraigo. Hasta ahora la Delegación del Gobierno cobraba una tasa similar a los demandantes, que ahora tendrán que pagar por partida doble. El director general de Inmigración de la Generalitat, Xavier Bosch, justificó esta tasa para cubrir el coste que tiene para el Gobierno la elaboración de este informe. Bosch pretende incluir eta tasa en la ley de acompañamiento de Presupuestos, aunque deberá negociar con ERC para lograrlo.
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