Mayor tolerancia jurídica sobre prostitución

Desde el pasado 15 de septiembre, fecha en que se abrió el año judicial, las sentencias condenatorias de mujeres que ejercen la prostitución han sido escasas, en número no superior a tres o cuatro en Madrid, que hayan sido apeladas. La legislación española no considera la prostitución corno delito, sino como conducta peligrosa, y para perseguirla exige dos supuestos: que puedan probarse el ejercicio habitual y su peligrosidad, y esto último es muy difícil.Eduardo Alarcón, abogado penalista y especialista en la defensa de causas contra la prostitución manifiesta que ha cambiado mucho la decisión última del juez al respecto. «He conocido incluso el caso de una madre que era prostituta y que estaba privada de la patria potestad, y la absolvieron. El criterio para absolver a estas mujeres parece ser que no está demostrada su peligrosidad. La sala considera que son peligrosas si seducen a menores, transmiten enfermedades infecto-contagiosas o mantienen una actitud que cause escándalo. Pero hay que tener en cuenta que el forense de Peligrosidad no cuenta con medios ni para hacerles un examen médico.»

Por todo lo anterior, la policía mantiene con las prostitutas una tolerancia progresiva, aunque continúe haciendo redadas, ya que pretende que no aumente la prostitución. Pero, una vez detenidas les imponen una multa de mil pesetas por falta moral o escándalo público, figuras previstas en la ley de Orden Público, y las pone en libertad. Las épocas de mayores redadas suelen ser a primeros de diciembre, después de las Navidades, antes del verano y, también cuando matan a alguna chica relacionada con el tema.

Las prostitutas han venido sufriendo condenas de hasta seis meses de privación de libertad. Pero puede aducirse ya ejemplos claros de la tolerancia policial y judicial La prisión de Alcázar de San Juan, que es exclusivamente para prostitutas y está llevada por funcionarios y monjas, tiene actualmente más funcionarios que internas pues las prostitutas no suelen ya ir a la cárcel.

Dentro de esta situación de cambio de interpretación de las normas jurídicas se dan algunos casos que, a juicio de Eduard Alarcón, son claramente injustos «Antes de que cambiara el criterio de las jurisprudencia -explica el abogado penalista- la sala especial no estimaba los recursos y continuaba fallando las medidas del juzgado. Si la prostituta estaba en libertad provisional, se daba una orden de busca y captura y, cuando se la encontraba, iba a la cárcel. Algunas de aquéllas están apareciendo ahora y entran en prisión en virtud de aquella situación anterior, lo cual resulta claramente in justo, y puede salvarse con un re curso de revisión, a la vista del cambio de circunstancias.»

Los impresos de sentencia se han venido vendiendo todos con carácter condenatorio, hasta el punto de que, en los casos de absolución, tenían que tacharse.

Otra situación jurídicamente injusta y discriminatoria es la de las prostitutas extranjeras, que llevan a Peligrosidad Social e ingresan en prisión la mayor parte de los casos. La expulsión o el sometimiento a la ley de Peligrosidad Social queda a criterio de la policía, que decide pasarlas al juez o no. Si consideran que pueden quedar incluidas en la ley de Orden Público por indeseables, las expulsan. Mientras se produce la expulsión, la prostituta extranjera, que es mayoritariamente argentina y portuguesa, y también uruguaya, colombiana o francesa, e incluso, en algún caso, inglesa, ingresa en la cárcel mientras se llevan a cabo los trámites para sacarla del país, que pueden durar hasta dos meses. Después de la propuesta de expulsión, el caso pasa a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, tras de lo cual la prostituta es expulsada en un coche de la Guardia Civil conocido en el argot como canguro. Corno este coche sale cada quince días, la extranjera puede pasar en la cárcel hasta dos meses, entre unos trámites y otros, incluso aunque un familiar o amigo le pague un billete de avión, porque la Dirección General de Seguridad demora a veces los trámites antes de remitirlos a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

Las redadas de extranjeras suelen ir precedidas de un chivatazo de las españolas, que consideran pisado su terreno. Las extranjeras suelen ser más abiertas, por lo que el español las prefiere. El chivatazo puede provocar la expulsión automática de las competidoras extranjeras, ya que la mayor parte de ellas no tiene permiso de residencia.

Según fuentes jurídicas, en España puede haber entre 300.000 y 400.000 prostitutas, incluidas las de bares americanos, barras, casas de citas y otras eventuales, como personas casadas que mantienen secreta la profesión ante su marido y estudiantes que ejercen la prostitución para costearse la carrera, entre otros casos. En los clubs y barras americanas suele haber una prostitución encubierta, que se da también en las carreteras, donde hay bares con reservados que suelen frecuentar los camioneros. Las chicas que trabajan en estos lugares carecen de Seguridad Social y no cumplen las ordenanzas de trabajo.

Las prostitutas trabajan en distintas zonas de las ciudades. Y así como en Barcelona son tradicionales el barrio Chino y las Ramblas -en este último lugar, chicas muy jóvenes-, en Madrid continúan en los lugares tradicionales, como la Ballesta, Fleming o la calle Montera, la plaza de Vázquez de Mella y Hermanos Bécquer, pero también han ido extendiéndose por las calle de Orense y Capitán Haya. La calle Montera, donde los comerciantes han hecho ya más de quince denuncias -en la última semana han detenido a más de cuarenta chicas-, las prostitutas siguen trabajando, aunque es donde menos ganan: entre ochocientas y mil pesetas de media. Luego, hay que contar con el número de clientes que tenga cada una. En esta zona se habla mucho de la capacidad para captar clientes de una gitana de diecisiete años. Los precios dependen también de las ciudades. Un macarra contaba que le echaron de Madrid y tuvo que irse a Las Palmas, donde una mujer puede cobrar no más de trescientas o cuatrocientas pesetas por vez y multiplicar estos ingresos por hasta dieciséis veces diarias.

Alta prostitución

Todo lo anterior se refiere, lógicamente, a la prostitución de calle. Pero en Madrid, como en todas las grandes ciudades, siguen existiendo los bares de alta alcurnia y las casas privadas de lujo, así como los hoteles de categoría. En Madrid hay varias cadenas de hoteles muy conocidas que tienen la prostitución prácticamente entre los servicios al cliente, siempre que éste pueda pagar, por ejemplo, 25.000 pesetas. Por este precio, en algunos pisos particulares, como uno de Alberto Aguilera y otro en Princesa, 3 (en el edificio de la Delegación de Trabajo, muy conocido como La casa de Cristina, frecuentada, según un conocedor del tema, «a nivel de ministerio para arriba», el cliente puede tener compañía al tiempo que se toma una copa).Aunque el ejercicio individual de la prostitución no es delito, si lo es ampararla. La ley castiga a los proxenetas o a quienes regentan casas de citas hasta a seis años de prisión, que se aplican en grado máximo si la prostituta es menor de veintitrés años. El chulo o cacero, a quien la ley denomina rufián, y que parece que lleva la gran tajada del negocio, puede tener dos sanciones: una por la ley de Peligrosidad Social y otra por el Código Penal.

Las medidas que la ley establece contra las prostitutas son su internamiento en un establecimiento de reeducación, la prohibición de visitar establecimientos públicos y su sometimiento al delegado gubernativo. Estos establecimientos son penitenciarios. Los padres o el juez pueden ordenar el ingreso en el Patronato de Protección de la Mujer, sucesor del Patronato Real para la supresión de la trata de blancas y cuya organización y funcionamiento viene siendo denunciado desde amplios sectores. La ley de 20 de diciembre de 1952 reorganizó el patronato y afirmó que se creaba «para la dignificación de la mujer, de las jóvenes, para impedir su explotación, apartarlas del vicio y educarlas moralmente». Parece que el lenguaje que explica sus fines no es lo único arcaico y desfasado de la institución.