Francia pagará a las operadoras por identificar los internautas sospechosos de descargas
Free se había negado a enviar los correos de advertencia.- El pacto puede suponer al Gobierno más de 12 millones de euros anuales
La operadora que se negaba a enviar las cartas de advertencia a los internautas sospechosos de descargas en Francia ha ganado el pulso al Gobierno. Free argumentaba que el envío por correo electrónico del primer aviso no aseguraba la confidencialidad. Pero en el fondo había otra reclamación: el coste que suponía a la compañía atender las peticiones de las autoridades para que identificara al titular de las conexiones denunciadas por sospechosas de realizar descargas y enviarle el primer aviso. Hoy, el Gobierno ha pactado pagar 65 céntimos de euro por cada dirección identificada. Aunque la cifra final dependerá del número de direcciones denunciadas, el compromiso, que el Gobierno deberá extender al resto de operadoras, puede costarle a la Administración 12 millones de euros.
Cuando la semana pasada se inició el envío de correos a los internautas sospechosos, Free se negó a hacerlo. Esta decisión creaba una situación paradójica. El primer aviso lo envían por correo electrónico las operadoras. El segundo, si el internauta no cesa en las descargas, se le envía al cabo de seis meses por correo certificado. Los clientes de Free podrían encontrarse con este segundo aviso sin haber recibido el primero.
La mecánica de la Ley Hadopi contra las descargas en Francia establece que son las sociedades de gestión las encargadas de localizar las direcciones de Internet sospechosas. Remiten diriamente la lista a las autoridades y ésta la reenvía a las operadoras para que procedan a la identificación del titular y el envío del aviso.
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