El viaje de ida y vuelta de la batería del coche, con parada tóxica

Coches, ordenadores, sistemas de telecomunicaciones y de alumbrado, todos usan baterías de plomo. La industria de baterías es un negocio en auge que se come el 80% del plomo mundial, extraído de minas o reciclado. Pero el plomo es muy tóxico y su manejo está sometido a una regulación estricta, al menos en el mundo rico. En países que no los son tanto la normativa es menos exigente, lo que estaría siendo aprovechado como estrategia de negocio por las compañías del sector. Varias investigaciones recientes denuncian, en concreto, que Estados Unidos exporta a México cada vez más baterías para reciclar.

Las consecuencias son importantes, porque la contaminación por plomo, indican los expertos, dificulta especialmente el desarrollo cognitivo de los niños y por tanto contribuye a perpetuar el ciclo de la pobreza. Además, se espera que durante esta década el crecimiento de los países emergentes duplique el peso del sector de las baterías.

El manejo del plomo está sometido a una regulación estricta en el mundo rico, no así en países que no lo son tanto

Se espera que durante esta década el crecimiento de los países emergentes duplique el peso del sector de las baterías

Varios informes de la ONG estadounidense OK (Occupational Knowledge) International, en colaboración con otros investigadores, alertan ahora de los riesgos derivados de los distintos estándares de exigencia en la gestión de las baterías de plomo entre los mundos ricos y en desarrollo.

Uno de los trabajos, publicado en la revista Journal of Occupational and Environmental Hygiene, revela que los niños que viven cerca de una fábrica de baterías en países subdesarrollados tienen 13 veces más plomo en sangre que los niños estadounidenses. Los niveles de plomo de los trabajadores de estas plantas son tres veces superiores en el mundo en desarrollo que en Estados Unidos. Además, el aire de las plantas de baterías en países pobres contiene siete veces más plomo de lo permitido en EEUU.

Los autores revisaron un centenar de investigaciones sobre exposición a plomo publicadas en revistas científicas entre 1993 y 2010. El año 1993 se escogió en parte porque en mayo de 1992 entró en vigor la Convención de Basilea, el tratado internacional para prevenir el traslado de residuos peligrosos -excluidos los radioactivos- del mundo desarrollado a los países pobres.

"Los trabajadores y los niños de países en vías de desarrollo se enfrentan a un riesgo importante de envenenamiento por plomo", ha declarado Perry Gottesfeld, director ejecutivo de OK International y coautor del estudio. "Los envenenamientos aumentarán a medida que el sector crece. A los niveles de exposición observados, los países en vías de desarrollo están perdiendo miles de millones de dólares por menor rendimiento escolar, pérdida de productividad y gastos médicos".

En junio pasado OK International y la ONG mexicana Fronteras Comunes publicaron también el estudio Exporting hazards, que denuncia: "El transporte estadounidense de baterías de plomo usadas saca provecho de la poco estricta normativa ambiental y de salud laboral en México. (...) Estas baterías están siendo recicladas en México con estándares menos exigentes, lo que redunda en una exposición ambiental y laboral significativamente mayor".

En 2010, el 12% de las baterías estadounidenses usadas se exportaron a México, un 112% más que el año anterior. El aumento coincide con un endurecimiento en la regulación de Estados Unidos al respecto, que obliga a las plantas de reciclaje del país a invertir en métodos de control más estrictos.

En las plantas mexicanas se permiten niveles de plomo en el aire diez veces más altos que en las estadounidenses. En México, las emisiones de plomo de estas plantas al exterior son 20 veces superiores. Los trabajadores mexicanos de estas instalaciones tienen cinco veces más plomo en sangre que los estadounidenses.

También preocupa que parte de las baterías de plomo exportadas a México acaben en plantas ilegales. El informe concluye pidiendo la actuación de los gobiernos de ambos países en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA).