"¿Pero la sanidad no es universal?"

El día que Paula S. supo que carecía de cobertura médica se quedó estupefacta. Esta catalana de 33 años acudió a un centro de salud madrileño a solicitar la tarjeta sanitaria como desplazada cuando le dijeron que la Seguridad Social le había dado de baja. "Hacía un tiempo que no trabajaba, había estado estudiando en Madrid y en ese periodo mi prestación por desempleo se agotó", cuenta. En ese momento se enfadó. "¿Pero la sanidad en España no era universal? Les pregunté de todo, la verdad es que no daba crédito, no entendía nada", explica. En el centro de salud le dijeron que debía ir a la Seguridad Social para verificar su caso, pero que si se le había acabado el paro no le serviría de mucho. Lo más sencillo, le dijeron, era que se asociase a la tarjeta sanitaria de algún familiar. "Así lo hice; 10 años después de irme de casa me puse como beneficiaria de mi padre", cuenta.

En enero entra en vigor la norma que avala la prestación para todos

"Es incomprensible la demora para arreglar la situación", dice un experto

Una afectada: "No he ido a la cita con el especialista. Temo que me cobren"

Sanidad explica que lo que ocurre no es "deseable", pero sí es legal

A Paula su caso le pareció insólito. Sin embargo, cada vez son más las personas que se encuentran en su situación: desempleados que han dejado de percibir el subsidio, afiliados a colegios profesionales (como abogados o arquitectos) o personas que nunca han cotizado en España. La tan publicitada universalidad de la sanidad pública no lo es en realidad. Tiene un agujero por el que se escapan unos 300.000 ciudadanos, según fuentes de la Seguridad Social. Y al alza. Hace un año, el Ministerio de Sanidad los cifraba en 200.000. Una subida ligada al incremento de personas que han perdido la cobertura por desempleo, y cuya cifra ha alcanzado esta semana su nivel máximo desde el inicio de la crisis: el 32,3% de los parados que han trabajado.

Así, ahora mismo 1,35 millones de personas carecen de cobertura por desempleo a escala nacional. Aunque eso no quiere decir que a todos les falte la asistencia médica. Muchos reciben algún tipo de ayuda autonómica o figuran como beneficiarios de la cartilla de otro familiar. "Descontando a las personas que pueden estar cubiertas por otras vías, calculamos que hay entre 25.000 y 40.000 afectados reales", explica Francisco Valero, director general de Ordenación Profesional y Cohesión del Sistema Nacional de Salud.

Hasta el 1 de enero de 2012 -fecha en que la Ley General de Salud Pública universaliza por fin la asistencia sanitaria- estos ciudadanos sin empleo y sin cobertura sanitaria tienen tres opciones: solicitar la cobertura para personas sin recursos, inscribirse como beneficiaros de algún familiar o pagar su asistencia y sus fármacos. Esta última es precisamente la fórmula que le ofrecieron a la gallega Mercedes Amaral, enferma de depresión. Una opción "imposible" para esta camarera de 28 años que agotó su prestación por desempleo hace ya uno. "A principios de noviembre fui a pedir cita con el médico y me dijeron que llevaba semanas con la tarjeta bloqueada. Me comentaron que tenía la primera consulta gratis, pero que las siguientes debía pagarlas", relata. De su ambulatorio de A Coruña fue directa a poner una queja en atención al paciente. Y desde entonces su caso no ha dejado de dar vueltas por la administración gallega donde le explicaron, después de mucho preguntar, que debía solicitar una tarjeta especial para personas sin recursos. Así lo hizo, pero a pesar del trámite no recuperó la asistencia sanitaria hasta el viernes.

Ha estado un mes sin poder ir al médico y afrontando el coste de sus fármacos. Tiempo durante el cual el Servicio Gallego de Salud, a pesar de las evidencias, negó el bloqueo de su tarjeta y la de otras personas en su situación; aunque culpó de su desactivación después al Instituto Nacional de la Seguridad Social. El viernes, sin embargo, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo (PP), admitió que todo podía deberse a cierta "descoordinación" entre su administración y el Ministerio de Trabajo.

El problema de origen de este conflicto que deja sin paraguas sanitario a miles de personas como Amaral data, sin embargo, de hace mucho más tiempo. En concreto 25 años. A pesar de las reformas, la sanidad pública -ahora gestionada por las comunidades autónomas- heredó de la antigua Seguridad Social el vínculo entre el derecho a la asistencia médica y el empleo y la cotización -aunque incluyó a las personas sin recursos en 1990-. Así, el derecho a la asistencia sanitaria sigue sin estar ligado ni a la ciudadanía ni a la residencia legal. Solo lo está al trabajo. Esto explica que carezca de sanidad pública gratuita todo aquel parado sin prestación y con algún tipo de renta o propiedad, algo que no se corregirá hasta el mes que viene. Una demora "incomprensible" para José Manuel Freire, profesor de la Escuela Nacional de Sanidad y consejero de Salud del País Vasco entre 1987 y 1991. "Se llevaba hablando de arreglar esa carencia desde 1990 y se ha hecho ahora, cuando los parados sin prestación se cuentan por miles, y en el último penalti, con la Ley de Salud Pública", critica.

Queda un mes para la entrada en vigor de la esperada norma. Mientras tanto, aclara el director general de Cohesión del Ministerio de Sanidad, todos aquellos desempleados sin subsidio que tengan rentas superiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) -lo que sustituye al salario mínimo interprofesional y que está en unos 7.000 euros al año- carecen de prestación asistencial, salvo urgencias, y tienen que pagar el precio completo de sus fármacos si su comunidad no ha fijado una regulación especial. "Estamos hablando de un colectivo pequeño de afectados, pero reconocemos que es un drama familiar. Por eso modificamos el sistema", observa Valero.

Alberto C. y su familia no se fían de que su problema tenga fecha de caducidad. Este murciano de 42 años se quedó sin prestación por desempleo hace un mes. Poco después, tras solicitar un cambio de médico para su hija pequeña, que debía pasar del pediatra al de cabecera, le llamaron de su ambulatorio para decirle que ni él ni su esposa, también parada y beneficiaria de su cartilla, tenían ya derecho a asistencia sanitaria. "Yo tenía cita con el especialista el viernes, y no fui. Tengo miedo de que me cobren", cuenta su mujer, María José, de 40 años.

A esta familia, que regentaba un bar, no siempre le ha ido mal. En la época de vacas gordas pudieron comprar un piso y un pequeño apartamento en la playa. También guardar unos "ahorrillos" que ahora administran con miedo a lo que pueda venir. Ese escenario, explican, les dificulta ahora enmarcarse como personas sin recursos, a pesar de que no tienen ningún ingreso.

Pero esa es la opción que las autoridades murcianas les propusieron. Y eso, o que se diera de alta con algún familiar, fue también lo que le ofrecieron a Emilio M. R., boliviano de 50 años, cuando acudió al ambulatorio con la carta que el Servicio Murciano de Salud le envió hace unos días. En ella le comunicaban el "cese del derecho a la asistencia sanitaria". El documento, remitido a decenas de inmigrantes residentes en Murcia -unos 400 según el PSOE-, exponía que se le había dado de alta "de forma irregular" como extranjero sin recursos. "La verdad es que no sabía qué hacer. Me asusté. Tengo hipertensión y necesito revisiones médicas. Yo no tengo dinero para pagarlas", explica.

Pese al aumento de casos en esa comunidad y las denuncias públicas de los afectados y del PSOE de Murcia, el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel (PP) insiste en que ningún ciudadano de la región carece de cobertura sanitaria. Aseguran que solo enviaron un puñado de misivas y únicamente a los extranjeros en situación irregular para evitar el fraude. Una explicación que no convence a Teresa Rosique, parlamentaria socialista. "No sé si se está haciendo para ahorrar o por discriminación, pero la actuación de las autoridades es lamentable", reprueba.

El director general de Cohesión del Sistema Nacional de Salud, sin embargo, explica que aunque situaciones como las que se están dando no son "deseables, sí se ajustan al ordenamiento jurídico". No serán legales, eso sí, dentro de un mes. El 1 de enero de 2012 el Sistema Nacional de Salud tendrá que asistir a todos los parados que han agotado la prestación -para los afiliados a colegios profesionales habrá que esperar a junio, y aún está por ver si deberán afrontar algún cargo-. La medida costará unos 100 millones de euros. "Esperemos que todo vaya bien, que las comunidades agilicen los trámites y que circunstancias que debieron corregirse hace mucho tiempo lo hagan", plantea José Manuel Freire.

No parece, sin embargo, que las administraciones autonómicas tengan mucha prisa para resolver estas situaciones. La Seguridad Social ha ofrecido a las comunidades un acuerdo para facilitarles el acceso a sus bases de datos de forma que los trámites que deban iniciar los afectados sean más breves. Ninguna, asegura una portavoz de este organismo, ha contestado aún a la oferta.