La persecución del aborto lleva a 25 mujeres ante el juez

Ocho de la tarde del jueves pasado. Una mujer de 31 años está bañando a sus hijos en su casa. Suena el timbre y aparecen dos agentes del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza dependiente de la Guardia Civil). Han ido a entregarle, en mano, una citación para que declare al día siguiente en la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos (Madrid). "Usted practicó un aborto en febrero de 2007", le dicen. Le explican que tienen un expediente suyo de la clínica de interrupción de embarazos Isadora, en Madrid, y que se están investigando unos supuestos abortos ilegales. "Tiene que entender que hay una gran alarma social por este tema", le dice uno de los agentes. "Nos dicen que hay fetos de ocho meses". La llamaban para que declarara como testigo, pero no se limitaron a entregarle la citación. Le hablaron del aborto y le enseñaron algunos expedientes de otras mujeres. "Me hicieron sentir mal, como si hubiera hecho algo horrible", explica la mujer.

Poco se podía imaginar que un año después de practicado el aborto irían a buscarla a su propio domicilio, por la noche, con sus hijos delante, y sin tener en consideración que quizá su familia desconocía su decisión. Las citaciones para declarar como testigo se pueden mandar por medios como el correo o telegrama. No es necesario que se entreguen en mano.

Como ella, unas 25 mujeres que abortaron el año pasado han sido llamadas a declarar ante la Guardia Civil por un juez de Madrid. Las citaciones han coincidido con la resaca de la concentración organizada por los obispos a favor "de la familia cristiana" el pasado 30 de diciembre; con la huelga de las clínicas de abortos por la persecución a la que, según su parecer, están siendo objeto; con la promesa electoral de Mariano Rajoy de crear un Ministerio de la Familia; con un intenso debate el pasado jueves en el Congreso de los Diputados sobre las relaciones Iglesia-Estado; con el anuncio del PSOE de que no incluirá una reforma del aborto en su programa electoral para aprobar una ley de plazos -como en la mayoría de los países europeos-; y con las discusiones y divisiones internas que tal decisión ha planteado en el seno del partido gobernante.

La investigación contra la clínica Isadora tuvo como inicio la denuncia de La Vida Importa, una plataforma que se define como "iniciativa de diferentes personas y asociaciones que han trabajado para disponer de información, documentos y pruebas sobre prácticas ilegales dentro de los establecimientos de abortos en España". El presidente es Juan Sánchez, fundador de los Astilleros Astraea, en Sevilla. Dentro de la plataforma se integran asociaciones como HayAlternativas.org (HazteOir.org), muy activa contra las bodas gays, la ley de educación y la asignatura Educación para la Ciudadanía, y la Federación Internacional de Médicos Cristianos.

"Todo son infundios", explica una portavoz de la clínica, Marisa Castro. "Nuestra praxis es absolutamente legal, la Comunidad de Madrid hace numerosas inspecciones y no encuentra nada. Pero si las autoridades no acaban con esta situación, las clínicas estamos dispuestas a crear un problema y a cerrar las unidades de aborto. Es necesaria una ley de plazos". El 98% de las interrupciones voluntarias de embarazo que se practican en España las llevan a cabo clínicas privadas, aunque la sanidad pública lo subvencione en algunos casos.

"No es de recibo es que ahora persigan a las mujeres en sus casas", añade Empar Pineda, de Isadora. "Es una forma de coacción inaudita". La mujer a la que el Seprona citó el jueves declaró ayer ante la Guardia Civil. Sólo le hicieron preguntas sobre la clínica. Ningún trabajador de la misma ha sido llamado a testificar.