La patente europea consuma la postergación del español en la UE

La lengua española inició ayer el camino que lleva a su degradación a la segunda división de las lenguas europeas, cuando el Consejo de Ministros de Educación comunitario dio el visto bueno a los planes de la Comisión sobre la patente comunitaria que consagran la primacía en la Unión del inglés, el francés y el alemán. Solo España e Italia se opusieron a que el futuro régimen de la patente de la UE sea adoptado por el procedimiento de cooperación reforzada. España, que habla de "inaceptable discriminación lingüística", dice que llevará hasta el final su combate contra esta postergación y que acudirá al Tribunal Europeo de Justicia.

La suerte ya hace tiempo que parece echada. La batalla por la patente europea lleva décadas librándose en una paralizante guerra de trincheras para la que ahora el Tratado de Lisboa ofrece una solución expedita: la cooperación reforzada. Basta con que nueve Estados de la Unión se pongan de acuerdo en seguir avanzado en un proyecto de construcción europea para que el plan en cuestión salga adelante.

Italia y España se quedan solas en la oposición a la Comisión

El Consejo de ayer simplemente constató que los Veintisiete (con las excepciones española e italiana) quieren salir de una vez de un atolladero que, alega la Comisión, frena la competitividad europea al hacer unas 10 veces más gravoso en la UE que en Estados Unidos patentar un invento o mejora.

El régimen vigente, y que Bruselas ansía eliminar, obliga a que cada invención sea registrada en el país en que la persona física o jurídica que la ha concebido desea comercializarla. En teoría, la patente de una determinada creación debería ser traducida a una veintena de lenguas si se desea alcanzar a los 500 millones de consumidores de la Unión. El plan de la Comisión, a falta de ajustes finos que se puedan presentar en próximas fechas, es que una patente sea presentada y aprobada en la Oficina Europea de Patentes (en Múnich, Alemania) en cualquiera de las tres lenguas de privilegio (alemán, francés o ingles) seguida de la publicación en el registro en las otras dos, y que con ello se puede ya explotar en toda la Unión.

España e Italia, que luchan brazo partido por no ver relegadas sus respectivas lenguas en el trabajo cotidiano de las instituciones comunitarias, sienten que la excusa científico-económica de la patente no es sino una argucia para sentar el precedente de la primacía y la exclusividad de las otras tres lenguas.

Mario Bedera, secretario de Estado de Educación, no pudo ayer sino manifestar su "oposición frontal" a la aceptación de la cooperación reforzada por los Gobierno de la Unión. Ahora debe ser el Parlamento Europeo el que sancione el procedimiento para que sea adoptado formalmente el próximo 10 de marzo en el consejo de Competitividad.

El trámite parlamentario no pinta bien para los intereses españoles. Hoy votarán sus euroseñorías sobre la cooperación reforzada, pero en el debate de anoche en un hemiciclo semivacío, la defensa cerrada que los diputados españoles Antonio López-Istúriz (popular), Antonio Massip (socialista) y algún italiano hicieron de sus respectivas lenguas no hizo temblar al comisario de Mercado Interior, Michel Barnier, empeñado en sacar adelante un plan que, según Massip, no es sino "un auténtico horror y un lamentable montaje para que el francés y el alemán pasen por encima del español, que es una lengua que en el mundo hablan 700 millones de personas". López-Istúriz clamó contra la discriminación, los privilegios de unas lenguas sobre otras, la fragmentación del mercado interior y la inseguridad jurídica.

Otros eurodiputados, en particular los de las tres lenguas privilegiadas, hicieron el coro a la Comisión, lo que permite aventurar hoy una derrota en toda línea de las ambiciones española e italianas.

La cooperación reforzada que viene deja abierta a los países la posibilidad de sumarse al proyecto que no suscriban ahora. Tampoco impedirá a las compañías españolas que quieran competir en el mercado europeo aceptar el nuevo régimen y patentar en una de las tres lenguas. Si España no participase en el proyecto, las compañías europeas deberán seguir registrando sus inventos en la oficina española de patentes.

"No vamos a aceptar una posición subordinada para el español", ha dicho repetidamente a lo largo de los últimos meses en Bruselas Diego López Garrido, secretario de Estado de Asuntos Europeos. "Iremos al Tribunal de Luxemburgo si se vulnera el principio de la no discriminación lingüística, que es un principio básico de la Unión".