Más que un parche para la ciencia
La nueva ley de la investigación no transforma el modelo, pero resuelve viejos problemas
Si hay que buscar un denominador común a las valoraciones de la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación sería que es la ley de lo posible. "No es el mejor resultado, sino el mejor resultado que hemos podido conseguir entre todos", resumía ayer el secretario de Estado de Investigación Felipe Pétriz, padre visible del documento final de la nueva norma que pasado mañana, seguramente, aprobará definitivamente el Parlamento. No cambia el modelo del sistema español de I+D, pero se reparan desgarrones abiertos desde la ley vigente, la de 1986, y se abren caminos cuyo resultado y eficacia se verán al irse concretando en actuaciones y reglamentos.
La ley nace sin suscitar mucho entusiasmo ni entre científicos ni entre gestores de I+D, pero se reconocen puntos positivos. Tal vez el más celebrado sea el hecho de contar con el consenso del arco parlamentario, lo que debe conferir estabilidad al sistema.
Preocupa la funcionarización y la exigencia del 'coste cero'
Existe escepticismo sobre el margen de actuación de la agencia financiera
La carrera profesional de los científicos sigue siendo funcionarial, pero incorpora nuevas modalidades iniciales de contratos laborales, mejorando, sobre todo el de la fase de formación, por lo que los actuales becarios predoctorales pasarán a tener contrato. La tan demandada Agencia Estatal de Investigación se enuncia, pero queda pendiente de su puesta en marcha en el plazo de un año. La coordinación explícita de la Administración central con las comunidades autónomas en materia de I+D es una de las virtudes casi unánimemente reconocida, así como la mejor coordinación con la Universidad y la incorporación de la investigación sanitaria al sistema de I+D. Una novedad notable es la inclusión de la innovación en la nueva norma (aunque también regula esta materia la Ley de Economía Sostenible). También surge un comité de ética que vigilará las malas prácticas de investigación.
Culmina así un largo proceso desde los primeros trabajos del comité de expertos para la nueva ley, en 2008, hasta su aprobación por el Gobierno en marzo de 2010, más un año en el Congreso de los Diputados y un mes y medio en el Senado.
La Ley de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, de 1986, sentó las bases del crecimiento y desarrollo de la ciencia española, pero obviamente se había quedado pequeña y los distintos agentes del sistema de I+D español llevaban tiempo pidiendo a gritos una nueva. La cuestión es si ahora se cumplen las expectativas.
"El objetivo fundamental de la nueva ley es la promoción de la investigación, el desarrollo experimental y la innovación como elementos sobre los que ha de asentarse el desarrollo económico sostenible y el bienestar social", destacó Pétriz ayer en la jornada de debate Desafíos y oportunidades para las políticas de ciencia e innovación: el papel de la Ley de la Ciencia, organizado por el Instituto de Políticas y Bienes Públicos (CSIC), que dirige Luis Sanz. En el nuevo documento, de unas 70 páginas, establece la creación de una Estrategia Española de Ciencia y Tecnología que aprobará el Gobierno y que, como marco plurianual, fijarán las prioridades, las líneas generales de actuación y el Plan Estatal de I+D+i, explicó Pétriz. En paralelo se crea la Estrategia Estatal de Innovación.
"Es bueno tener una ley que reforme carencias anteriores y que sea por consenso. La comunidad científica debe estar contenta aunque no satisfecha", señaló Miguel Angel Quintanilla, exsecretario de Estado de Investigación.
"¿Se produce un cambio de estructura del sistema? No ¿Hay cambios reales que facilitan el funcionamiento del sistema de I+D+i? Sí", resumió Rafael Rodrigo, presidente del CSIC. Entre las carencias de la ley, señaló que no contempla la carrera de tecnólogos ni la de personal de gestión.
Para Inmaculada Riera, diputada de Convergencia i Unió, la nueva ley va por el buen camino, rompe rigideces actuales del sistema y acerca la I+D al tejido productivo, pero carece de los instrumentos financieros necesarios.
Un hecho subyacente en toda la norma es que su puesta en marcha se hará con "coste cero", y esto hace más que dudar a muchos acerca de su eficacia a corto y medio plazo. El problema es que después de tanto tiempo esperándola, la ley nace en tiempos de crisis, comentó Gabriel Elorriaga, diputado del PP.
Especial interés suscita la puesta en marcha de la Agencia Estatal de Investigación, reclamada por la comunidad científica para poder gestionar el sistema científico, con autonomía, eficacia, transparencia, criterios de calidad y rendición de cuentas de resultados. Pétriz dijo que el estatuto está muy avanzado. La politica de control presupuestario del Ministerio de Hacienda se nota en la nueva normativa de I+D+i, y lastra la ansiada independencia y flexibilidad del sistema.
En lo referente a innovación, el neurocientífico del CSIC Juan Lerma celebró la separación en estrategias diferentes aunque paralelas la I+D y la innovación. "Es como el vino y la gaseosa, que se juntan y sirven para hacer una buena sangría, pero si vienen ya mezcladas en la misma botella el producto no es bueno: ciencia e innovación son diferentes y tienen necesidades diferentes".
El sector empresarial viene reclamando más actuaciones de la Administración en innovación y la nueva ley, además de establecer la estrategia específica, regula factores de impulso de la transferencia de conocimiento a la economía al flexibilizar las relaciones del sector público con el privado, al apoyar la creación de empresas de base tecnológica y al mejorar la regulación de la propiedad intelectual. Federico Gutiérrez Solana, presidente de la CRUE, puso ayer el dedo en la llaga al recordar el bajo gasto de España en I+D (1,38% de su PIB frente al 2% de los países de la OCDE) y la bajísima inversión -y en retroceso- del sector privado español en I+D+i.
UNA TIBIA BIENVENIDA PARA UNA NORMA MUY ESPERADA
PSOE La ley que necesitaba España
Para Juana Serna, diputada del Grupo Socialista que se ha volcado en la nueva norma de I+D, "se trata de una ley excelente, lo que en estos momentos necesita nuestro país". Destaca varios aspectos: elimina los obstáculos que impedían al sector público de I+D colaborar con el sector privado y establece un nuevo modelo de gobernanza entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas; se crean dos estrategias españolas de I+D+i (la de ciencia y tecnología y la de innovación); y se establece para la comunidad científica una carrera profesional con estabilidad, siendo dinámica y flexible.
"El objetivo principal de la ley es generar conocimiento y fomentar su transferencia al tejido productivo", dice Serna. En su opinión, la nueva Ley de la Ciencia, "junto con la de Economía Sostenible, va a ayudar al cambio de modelo productivo". Para ella, "la palabra clave es la cooperación -no las transferencias-, con las comunidades autónomas, que ahora queda regulada".
PP Un avance pero poco ambicioso
La nueva ley tiene las ventajas y los inconvenientes del consenso, considera Gabriel Elorriaga, diputado del PP que se ha ocupado de este tema. Como virtudes apunta el respaldo y a la estabilidad que ofrece un amplio acuerdo en el Parlamento, y entre los inconvenientes, "que es poco ambiciosa y que en muchos aspectos, como la carrera profesional de los científicos, no llega a las transformaciones a las que se podía aspirar. El resultado final es conservador en el sentido de que cambia poco la situación actual y da continuidad al modelo burocratizado de la investigación, sin resolver una definición de carrera continuada y permanente, evaluable y más flexible que la actual", señala Elorriaga.
Apunta también que el documento avanza en movilidad de los investigadores, incentivos, participación en resultados... "La agencia de financiación siempre nos ha parecido central, algo capaz de transformar el funcionamiento del sistema y hacerlo más transparente y objetivo, pero es un instrumento que apenas se aborda en la ley".
Sociedades científicas No es el gran paso adelante
La Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce) hace hincapié en la necesidad de una agencia de financiación basada en el modelo del Consejo Europeo de Investigación. Es decir, un organismo gestionado con criterios científicos y protegido de los vaivenes políticos. Un estudio de la Cosce sobre la agencia destaca que debe ser independiente del ministerio, con una dirección científica que gestione con criterio, calidad y transparencia; no vale con cambiar de nombre el departamento ministerial que gestiona el Plan Nacional de I+D.
La agencia sigue en el aire, sin desarrollo en el texto de la ley, señala el presidente de la Cosce, Joan Guinovart. "En la ley hay pequeños pasos adelante en algunos pocos temas, pero no es el gran salto adelante que necesitamos", dice, y recuerda que en España ya hay centros de primera línea y alta eficiencia que demuestran que es posible una alternativa al sistema funcionarial de los investigadores. "Es una lástima que estas experiencias no se recojan en la ley, que opta por el modelo funcionarial clásico".
Jóvenes investigadores Valoración positiva y carencias
La Federación de Jóvenes Investigadores/Precarios hace una valoración "moderadamente positiva" de la nueva Ley de la Ciencia. "Se ha dado un paso adelante hacia la regularización de la situación laboral de los investigadores, limitando considerablemente el abuso fraudulento de las becas para encubrir puestos de trabajo y garantizando la vinculación laboral en un número de casos mucho mayor que en la situación precedente", dice Vicente Claramonte, presidente de la federación. "Pero muchos otros temas siguen presentando carencias presentes en el modelo de investigación anterior", añade.
Destaca en concreto que los investigadores en España, aún con la nueva ley, "siguen sin tener un itinerario profesional en todas sus fases basado en la excelencia, el mérito y la capacidad, y tendente a la estabilidad en el medio o largo plazo tras la superación de determinadas pruebas o filtros". Es decir, lo que se conoce como sistema tenure track del modelo anglosajón. Por tanto, "todavía queda mucho camino por recorrer", dice Claramonte.
Sindicatos Recursos humanos en precario
Los sindicatos mayoritarios (CC OO y UGT) han centrado sus reivindicaciones en la nueva Ley de la Ciencia en la carrera profesional del sistema de I+D y en la defensa de los derechos laborales. "Para nosotros era fundamental clarificar todas las situaciones y tener una carrera profesional con perspectiva a largo plazo para todo el personal y no se ha conseguido", dice Salve Elvira, de CC OO. Las dos centrales sindicales destacan que la nueva ley excluye el derecho a ser trabajador laboral fijo en los organismos públicos de I+D por encadenamiento de contratos temporales, algo que se respeta para los trabajadores de la empresa privada.
Por otro lado, "hemos logrado cambiar las actuales becas por contratos en el sector público pero no en el privado", señala Serna. La ausencia de una carrera profesional para los tecnólogos y el personal de apoyo a la investigación y de gestión es otra de las grandes pegas de la ley, dicen los sindicatos. "Es una ley que deja en precario los recursos humanos de I+D", resumen.
Carrera profesional y financiación
La Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación se articula en torno a cuatro grandes apartados que abarcan la gobernanza, los recursos humanos, la transferencia de resultados de investigación y las agencias de financiación. Sus características destacadas son las siguientes.
- Carrera profesional unificada. Las hasta ahora diferentes escalas funcionariales de los científicos de los organismos públicos de investigación (OPI) se unifican en tres equiparables a las del Consejo Superior de Investigaciones Científicas: profesor de investigación, investigador científico y científico titular. Una disposición transitoria y el acceso a las nuevas escalas para el personal que no es del CSIC se hará por promoción interna teniendo en cuenta los méritos. Esta unificación facilita la movilidad del personal y la agrupación de OPI, dado queincluso se autoriza al Gobierno su reorganización.
- Contratos. Tres nuevos tipos de contrato laboral se recogen en la ley: uno para realizar la tesis doctoral (de cuatro años máximo); otro denominado de acceso (de cinco años) y otro de investigador distinguido para científicos "de reconocido prestigio" que puedan ocupar cargos clave de dirección o de programas "de gran relevancia" (puede ser indefinido). El contrato predoctoral se demora a 2014 y los de acceso estarán condicionados a los Presupuestos Generales del Estado y la Oferta Pública de Empleo. Las evaluaciones del contrato de acceso se tendrán en cuenta como mérito a la hora de optar a un contrato laboral indefinido.
- Gobernanza. Se crea la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y la Estrategia Española de Innovación, como marcos de referencia plurianual para "alcanzar un conjunto de objetivos generales compartidos por todas las Administraciones" con competencias en I+D+i. Un Consejo de Política Científica y Tecnológica y un Consejo Asesor de Ciencia e Innovación sustituyen a los actuales Consejo General de Ciencia y Tecnología y Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología.
- Agencias de financiación. Se establecen dos agencias de financiación pública del sistema: el ya existente Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI, antes en Industria y ahora en Ciencia e Innovación) y una nueva Agencia Estatal de Investigación, que se desarrollará en el marco de la Ley de Agencias de 2006 y de la que la ley poco dice, excepto que se realizará "sin aumento de gasto público" y que "el Gobierno aprobará en el plazo máximo de un año" su estatuto de dicha agencia.
- Innovación. Destaca en la nueva ley de la Ciencia el peso que adquiere la innovación (ausente en la ley de 1986), pese a que también se regulan muchos aspectos de la misma en la Ley de Economía Sostenible recientemente aprobada.
- Movilidad e integración. La movilidad de los científicos entre los diferentes centros públicos de investigación y entre estos y la empresa privada se agiliza y facilita notablemente con la nueva ley. Además, se tiene en cuenta en mayor medida que hasta ahora la investigación en la Universidad y se integra la investigación sanitaria en el sistema de I+D.
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