Los países islámicos quieren validar en la ONU las penas por blasfemia

La condena a muerte de Asia Bibi, cristiana paquistaní, por haber ofendido presuntamente al islam al criticar a Mahoma, ha puesto de relieve los desmanes que, con el propósito de evitar la "difamación religiosa", provocan las leyes antiblasfemia vigentes en numerosos países del mundo, la mayoría de ellos musulmanes.

El llamamiento que hizo ayer el Papa Benedicto XVI para que Bibi, de 45 años y con cinco hijos, sea puesta en libertad, ha dado alas a una campaña internacional que no solo solicita su liberación, sino que también subraya la indefensión de las minorías -religiosas, étnicas e incluso políticas- frente a legislaciones antidifamatorias como la que pretende sacar adelante en la ONU la Organización de la Conferencia Islámica (OCI), un grupo de 57 países, muchos de los cuales tienen tipificado en sus códigos penales el delito de blasfemia, y cuya comisión se castiga con penas diversas, desde multas a la muerte.

Europa y EE UU rechazan el texto porque limitaría la libre expresión

Según las ONG, el delito de blasfemia encubre el acoso a las minorías

El papa Benedicto XVI pidió ayer, durante la audiencia pública de los miércoles, que Asia Bibi sea puesta en libertad, y expresó su "gran preocupación por la difícil situación" que atraviesa la comunidad cristiana en Pakistán, donde constituye el 2% de la población junto con los ahmadíes (secta herética del islam). El pontífice expresó asimismo su solidaridad con quienes se encuentran en la misma situación que Asia Bibi, aunque en ningún momento pronunció la palabra blasfemia.

El llamamiento de Benedicto XVI se produce en vísperas de que el Tercer Comité de la Asamblea General de Naciones Unidas, que se encarga de cuestiones sociales, humanitarias y religiosas, someta a votación el enésimo intento de la OCI por sacar adelante una resolución "sobre el combate de la difamación de las religiones", una vaga noción que en realidad encubre una campaña global para crear una norma contra la blasfemia internacional. La resolución pide a los Estados miembros que promulguen las normas necesarias para combatir los "actos de violencia, xenofobia o formas conexas de intolerancia y discriminación contra cualquier religión, así como los ataques y la desecración de los libros sagrados, los lugares santos y los símbolos religiosos y las personalidades veneradas de todas las religiones".

Esto es un claro intento de yugular el derecho a la libertad de expresión, según denuncian ONG pro derechos humanos, pero también el Departamento de Estado estadounidense en el informe anual sobre libertad religiosa de 2010, publicado ayer. Tras aludir a esta iniciativa en la ONU, afirma: "Al igual que Estados Unidos deplora toda muestra de falta de respeto a las tradiciones religiosas, incluido el islam, no estamos de acuerdo con el concepto 'difamación de las religiones' porque es incongruente con las libertades de culto y de expresión".

La Unión Europea se opone con contundencia a que la resolución llegue a la Asamblea General, para lo que debe pasar previamente el filtro del Tercer Comité. La OCI lleva intentándolo desde 1999, y de hecho en marzo de 2009 logró la aprobación de un documento no vinculante para trasladar la legislación antiblasfemia al plano internacional.

Las leyes contra la blasfemia, no obstante, no son monopolio de países de mayoría musulmana; la existencia de una legislación semejante en algunos Estados de la UE, como Irlanda, Polonia y Grecia, es notoria. Diversas organizaciones de derechos humanos han alertado del riesgo que para la libertad de opinión y expresión tiene la existencia de dichos corpus legales en países cuyas constituciones reconocen el derecho a la libertad de opinión y expresión y a la vez los tribunales aplican unas normas que pueden llevar a la cárcel durante años a alguien que ofenda a la ortodoxia.

Si la blasfemia fuera un delito, como tipifican esas legislaciones, se trataría de uno tan vago e impreciso como difícil de probar, así que tras la etiqueta de blasfemia se esconde, denuncian las ONG de derechos humanos, no solo la persecución de las minorías, sino también el silenciamiento de la oposición y de toda crítica hacia el poder, cuando no la resolución de una simple disputa sobre intereses materiales (lindes de tierras, negocio, etcétera) entre vecinos. La ley antiblasfemia se esgrime también espuriamente para amordazar a disidentes, como por ejemplo en Egipto, donde varios blogueros han sido detenidos o, como mínimo, apartados de la circulación, según denuncia la organización estadounidense Freedom House.

Y para deshacerse de un vecino o un competidor molestos, se recurre por doquier a la ley, como documentan varios casos relatados por esta organización. Uno de ellos es el de Robin Sardar, un médico cristiano paquistaní que en 2008 fue detenido por blasfemo tras negarse a que un musulmán colocara un puesto ambulante a la puerta de su consulta. O la de cinco ahmadíes, detenidos en el Punjab en 2009 por escribir presuntamente el nombre de Mahoma en la pared del baño de una mezquita.

Como señala el reciente informe Política y creencias: el impacto de las leyes antiblasfemia en los derechos humanos de Freedom House, "estas violan sin excepción el derecho fundamental a la libertad de expresión, pues están destinadas por definición a proteger instituciones y doctrinas religiosas, es decir, ideas y conceptos abstractos. En el más benigno de los casos, estas leyes inducen a la autocensura". Cuando no al linchamiento de una turbamulta, como también denuncia el citado informe: "Hoy, por ejemplo, un juez de distrito no se atreve a poner en libertad a los acusados de blasfemia por temor a las represalias de los violentos mulás".