¿Mi paga extra para salvar la patria?

En nombre de la salvación nacional, la Hacienda portuguesa se quedará con buena parte de la paga extra de Navidad de sus ciudadanos. El nuevo impuesto pone en duda la no retroactividad de las normas fiscales, "y esto no es admisible", ha dicho el fiscalista portugués Caiado Guerreiro. "Lamentablemente, en los últimos años, en vez de tener un Tribunal Constitucional hemos tenido un tribunal político que admite todo a trámite, incluso la violación de principios más graves que este". Es una medida "extraordinaria", que solo puede justificarse por la excepcionalidad de la situación económica, apunta el abogado Rogério Fernandes Ferreira.

La medida extraordinaria, "de salvación nacional", en opinión de algunos, es el nuevo impuesto que el nuevo primer ministro, Pedro Passos Coelho, ha anunciado por sorpresa ante el Parlamento portugués, durante el debate sobre el programa de Gobierno, que concluyó ayer. Todos los asalariados que ganan más de 1.000 euros al mes perderán este año al menos una cuarta parte de la paga de Navidad.

Los analistas dudan de que el tijeretazo sea suficiente para salir a flote

El anuncio llega por sorpresa, porque no figuraba en el pacto con el FMI y la UE

La pésima noticia pilló por sorpresa a los partidos de la oposición y ha levantado una considerable polvareda en el país. El recorte del aguinaldo será mayor para quienes ganan 5.000 euros (45,2%) y aumentará progresivamente a medida que aumenta el ingreso. Menudo estreno del jefe de la coalición gubernamental de centroderecha, deben pensar los tres millones de contribuyentes que estarán afectados por el nuevo impuesto.

Se trata de un nuevo tributo, extraordinario y solo para este año, equivalente al 50% de la paga de Navidad en la cuantía que exceda el salario mínimo, que está fijado en 485 euros mensuales. En el caso del mileurista, el valor de la tasa equivaldrá al 50% de la diferencia entre 1.000 euros y 485 euros. Es decir, la mitad de 515. Conclusión, el impuesto a pagar será de 257,5 euros.

La medida incidirá en todos los rendimientos que están sujetos al IRS (equivalente al IRPF), respetando el principio de universalidad. Los salarios, las pensiones, rentas de ahorro, de capital y de bienes inmuebles estarán afectados por la nueva tributación. Quedan excluidos tres millones de pensionistas y asalariados que no reciben más de 485 euros al mes. En lo que respecta a los trabajadores autónomos que no reciben aguinaldo, se desconoce qué rendimiento de referencia se aplicará en el cálculo.

El nuevo Gobierno justifica la medida por la necesidad imperiosa de hacer caja -asegura que permitirá recaudar unos 800 millones de euros de ingreso adicional-, sobre todo después de la desagradable noticia difundida el miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), de que el déficit público es actualmente del 7,7% del Producto Interior Bruto (PIB). Casi dos puntos por encima del 5,9% comprometido, lo que despierta dudas de que Passos Coelho pueda cumplir su propósito de que se trata de una medida extraordinaria que solo se aplicará este año. En cualquier caso, no es un buen inicio para la credibilidad de Passos Coelho, que en abril pasado calificó de disparate los rumores que apuntaban que el PSD recortaría la paga de Navidad si ganaba las elecciones del 5 de junio. Si hay que hacer algún ajuste fiscal, decía el entonces líder de la oposición, será por la vía de impuestos al consumo y no sobre el rendimiento. Durante la campaña electoral de mayo, el aspirante del PSD repitió una y otra vez que no se pueden pedir más sacrificios a los portugueses. Claro que entonces solo era el candidato favorito.

Hoy es el jefe de un Gobierno, que tiene las manos atadas por el acuerdo firmado con la Unión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que han impuesto un durísimo programa de austeridad de tres años, a cambio de un préstamo de 78.000 millones de euros para poner en orden las cuentas públicas.

"Este Gobierno está quemando todas las naves y la credibilidad nada más empezar", dice Andrés Malamud, investigador del Instituto de Ciencias Sociales (ICS). "A principios de año, las dos pagas extraordinarias corrían serio peligro", añade. "Parecía inevitable que el Gobierno acabara por eliminarlas. Ahora quitan el 50%. Dudo que sea suficiente". El ICS es uno de los múltiples institutos con financiación pública, y un buen ejemplo de la situación desesperada en que se encuentran las arcas del Estado. El ICS recibe mensualmente fondos de la Administración para cubrir una parte de sus gastos. Esto ocurría en tiempos de normalidad más o menos relativa. "Hasta ahora solo hemos recibido los fondos de un mes. Cobramos gracias a la generosidad de la universidad, a las matrículas de los estudiantes y porque no se paga a muchos de los proveedores".

Hay varios interrogantes sobre cómo se aplicará el impuesto extraordinario. El Gobierno ha pedido dos semanas para dar detalles. De momento, algunos especialistas alertan sobre los riesgos de que la medida viole algunos principios constitucionales, si se llega a aplicar a los rendimientos de todo el año, debido al principio de no retroactividad fiscal.

Caiado Guerreiro subraya que una medida de estas características solo se justifica ante "un descontrol absoluto del déficit", que puede dejar al país en bancarrota, y con el propósito de "ganar tiempo para cortar seriamente el gasto del Estado". Aunque es de la opinión de que bajar impuestos equivale a crecimiento económico, considera que la medida "es razonable" en términos de equidad y justicia, porque afecta a todos los tipos de rendimiento y no solo a los de trabajo.

Por su parte, el constitucionalista Paulo Otero puntualiza que la medida anunciada puede violar algunos principios constitucionales, dependiendo de su base de incidencia: "Si el rendimiento es dividido entre 14 meses, habrá tributación retroactiva, porque el impuesto se ha anunciado en julio, y no debería tener en cuenta rendimientos de 2011 anteriores a la fecha de su creación". Por lo tanto, añadió Otero, en cumplimiento de la Constitución, que prohíbe la retroactividad, el nuevo impuesto solo podría aplicarse a los rendimientos del segundo trimestre. En el caso de las leyes que implican retroactividad, el presidente de la República, Aníbal Cavaco Silva, puede pedir la fiscalización preventiva al Tribunal Constitucional, antes de su promulgación. "Pero no ha sido así", subrayó Otero.

Una medida similar fue adoptada por primera vez en Portugal en 1983, por el Gobierno encabezado por el socialista Mario Soares, cuando el país también tuvo que pedir ayuda al FMI. En 1979, el economista y ministro de Finanzas de la época, Jacinto Nunes, fue el primero en proponer la aplicación de un impuesto de tales características. Fracasó en el intento. "Era un Gobierno de iniciativa presidencial, que no tenía el apoyo de ningún partido, por lo que era fundamental la votación en el Parlamento", ha recordado Nunes en una entrevista. El exministro se muestra favorable al recorte del impuesto extraordinario por la gravedad de la situación, y no oculta su sorpresa de que los prestamistas internacionales no la incluyeran en el programa de austeridad acordado.

El nuevo Gobierno se ha empleado a fondos los dos últimos dos días en explicar y justificar la necesidad de la medida durante el intenso debate en la Asamblea de la República. El primer ministro y el titular de Finanzas, Víctor Gaspar, han tenido que responder a las numerosas críticas dirigidas desde las filas de la oposición. Paulo Portas, ministro de Asuntos Exteriores y número dos del Gobierno, subrayó en la intervención final en nombre del Ejecutivo "el principio de universalidad que inspira la adopción del impuesto extraordinario, que afectará más a quienes más ganan". Y añadió: "No se toca a los pensionistas más pobres ni a quienes cobran el salario mínimo".

No opinan así el Partido Comunista (PCP) y el Bloco de Esquerda (BE), que no han ahorrado críticas al nuevo Gobierno. Jerónimo de Sousa, líder del PCP, recordó que la medida no figuraba en el programa electoral del PSD ni en el programa de Gobierno entregado al Parlamento antes del debate. El resultado electoral del pasado 5 de junio, con la clara victoria de Passos Coelho, habría sido distinto si el PSD lo hubiera propuesto durante la campaña. Francisco Louçá, líder del BE, comparó el nuevo impuesto con "un asalto social".

El Partido Socialista (PS), que gobernó los últimos seis años, no está en el mejor momento para encabezar una campaña contra la medida. A la espera de elegir nuevo líder, su intervención en el debate se limitó a decir que se reserva su opinión a la espera de conocer las razones de fondo. No es previsible que la sangre llegue al río, al menos de momento. El debate sobre el programa de Gobierno concluyó con los ánimos calmados y ningún partido de oposición presentó moción alguna en contra del nuevo impuesto.

Las voces más encendidas han sido las de los sindicatos. Carvalho da Silva, líder de la Confederación General de Trabajadores Portugueses (CGTP), ha calificado de "robo" el recorte en un 50% del aguinaldo y anuncia una campaña de movilizaciones. "Es un programa de empobrecimiento e injusticias", ha dicho. Por su parte, José Proença, líder de la Unión General de Trabajadores (UGT), pronostica "graves problemas a muchas familias que estaban a la espera de la paga de Navidad para pagar deudas". Con la mirada de reojo a la situación en Grecia, muchos portugueses saben que el anuncio del jueves es solo el comienzo de un largo calvario, del que nadie conoce el final.