Una nueva figura a proteger

Crisis, desempleo, hipotecas, endeudamiento... Una carrera que lleva al borde del precipicio de la exclusión social. La situación puede abocar en una gran recesión desde el punto de vista de la cohesión social: las ejecuciones hipotecarias se han incrementado en los tres últimos años un 361%, la tasa de riesgo de pobreza ha aumentado y tres de cada 10 familias llegan con mucha dificultad a fin de mes. Los servicios sociales básicos, desbordados, han atendido en 2009 la demanda de prestaciones y servicios de más de 8.000.000 de usuarios. Con los mismos recursos un trabajador social atiende a 500 personas más al año, a veces teniendo que derivarlos a entidades asistenciales. Cada vez que la falta de medios conduce a ese trasvase desde la red pública a las organizaciones benéficas estamos ante un fracaso absoluto de los dirigentes responsables de política social.

Urge reordenar los recursos disponibles para evitar más situaciones de exclusión social

Situación tan grave no ha traído, sin embargo, estallidos sociales -más allá del movimiento 15-M-. Ello es debido al colchón que presta la familia, amigos, vecinos, para amortiguar la caída, lo que se conoce como solidaridad primaria, pero esta barrera de contención ya está mostrando las primeras grietas: el deterioro de la convivencia social y familiar requerirá también, y pronto, medidas protectoras.

Urge reordenar y reactivar los recursos disponibles para proteger a las familias en situación de quiebra sobrevenida y evitar que se generen nuevas situaciones de exclusión social. Los agentes implicados en estas situaciones, familias, entidades financieras, poder judicial y Administraciones públicas, deben tender puentes de mediación que faciliten el amparo de los cientos de miles de familias afectadas. La red de servicios sociales básicos, con más de 35.000 profesionales acreditados en intervención social, es el recurso idóneo para detectar y, dado el caso, declarar una nueva figura a proteger: la familia en riesgo de exclusión por quiebra económica sobrevenida. Para sacar a flote a estas personas ha de concederse prioridad absoluta a la movilización de recursos públicos y la obtención de tutela judicial especial (medidas cautelares) en los casos de ejecución hipotecaria, procedimientos concursales... La unidad de trabajo social debe actuar como agente tutelar y mediador para estas situaciones (con un claro paralelismo con la figura de los administradores judiciales concursales, tal y como se debatía recientemente en la comisión de Justicia del Congreso a tenor de la reforma de la Ley Concursal).

Los servicios sociales pueden desempeñar un papel de intervención activa y de mediación, y abordar situaciones de mayor calado y de índole preventiva y promocional. Le interesa a las familias, a los poderes públicos, a las entidades financieras, al poder judicial... Pero para eso es preciso considerar las políticas sociales como políticas de Estado.

José Manuel Ramírez Navarro es presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.