Dos municipios catalanes pactan la venta ilegal con los 'manteros'

Los manteros ya pueden vender su mercancía sin saltar a la carrera en dos municipios turísticos del sur de la costa catalana. Los alcaldes de Calafell y El Vendrell (Tarragona) han acordado regularizar la venta ambulante ejercida por inmigrantes que en su mayoría se hallan en situación irregular y mercadean con productos falsificados. La medida, inédita en España, llega tras años de persecuciones, enfrentamientos y una creciente asignación policial sin resultados claros en la reducción de la presencia de los llamados top manta.

En ese diagnóstico coinciden dos alcaldes de distinto color político. "Resulta absurdo creer que la policía resolverá el problema, no sirve de nada", razona el edil de Calafell, Jordi Sánchez (PSC). "Estamos desbordados y necesitamos resolver problemas sin generar más tensión", añade en la misma línea su homólogo de El Vendrell, Benet Jané (CiU). Ambas localidades, que en verano reciben entre unos 100 y 300 manteros, han pactado con los vendedores que solo desplieguen sus mantas en las zonas que designen. En El Vendrell, está prohibida la venta de CD piratas; en Calafell, no.

"Estamos desbordados. Hay que resolver", dice el alcalde de El Vendrell

La iniciativa, aplaudida por entidades en defensa de los inmigrantes, no parte de ningún gesto humanitario: los municipios costeros llevan años reclamando a las Administraciones autonómica y central más policía para afrontar las ventas ilegales. En agosto del año pasado, decenas de manteros se liaron a pedradas con la policía en El Vendrell. Ambos alcaldes coinciden en que esa escena no debe repetirse. Y puesto que no han recibido más efectivos, han optado por negociar el problema.

La decisión pone de manifiesto el conflicto irresuelto de los manteros, un dilema legal y humano. "Regularlo es el síntoma del limbo legal en que se encuentran miles de extranjeros", advierte Carles Bertran, coordinador del Centro de Información para Trabajadores Extranjeros. "No pueden ser expulsados porque no existen protocolos con sus países de origen; tampoco disponen de permiso de trabajo. La Ley de Extranjería no les ofrece otra salida que la venta ambulante", agrega. Esa vertiente, la humana, es la que resalta Kadou, un senegalés de 27 años que vende gafas en El Vendrell. "Vendemos mucho menos que antes en el paseo, pero compensa si a cambio nos tratan como a seres humanos", afirma.

La reforma del Código Penal eliminó las penas de cárcel para los manteros cuya mercancía valga menos de 400 euros. Pero su actividad está lejos de ser legal. El decreto que regula el ejercicio de la venta ambulante fija que los ayuntamientos son responsables de autorizar esta actividad. Con condiciones. Por ejemplo, el Consistorio debe abrir un procedimiento público y notificar cualquier infracción de la legislación de defensa de la competencia.

El vendedor, según el decreto, debe presentar una declaración responsable. Y a eso se acogen los comerciantes locales cuando critican la medida, porque en ese documento debe constar que cumple con las obligaciones "en materia de autorizaciones de residencia y trabajo" y que está al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. El secretario general de la Confederación de Comercio, Miguel Ángel Fraile, resalta el agravio comparativo con el resto de comercios, que cumplen con sus obligaciones fiscales. "Entiendo que se quiera solventar un problema social, pero esa no es la vía", señala.

Jané está convencido de la medida, que no comparten otras localidades turísticas que prohíben la venta ambulante. Lo hacen Lloret de Mar, Roses y Calella, que han reforzado el control sobre los manteros. Barcelona incluso multa al comprador con 150 euros.