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La juez del caso Intervida ofrece a los 350.000 padrinos participar en el proceso

Los tres administradores judiciales propuestos por la Generalitat se hacen cargo de la fundación

La juez de Barcelona que investiga el caso de la ONG Intervida, dedicada al apadrinamiento internacional de niños, ha acordado publicar tres anuncios en diarios de ámbito español para que todos los afectados por la supuesta estafa puedan comparecer como perjudicados en el proceso judicial que se inicia. Ése es un trámite procesal al que obliga la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que en términos jurídicos se denomina ofrecimiento de acciones, de manera que cualquier ciudadano que ha sido víctima de un delito ha de saber que puede acudir al juzgado para defender sus intereses.

La publicación de los anuncios se realizará en los próximos días para difundir el hecho de que la justicia está investigando el caso. Es un trámite que ya ha empleado la justicia española en otros casos similares, con la publicación de edictos, cuando pueden existir miles y miles de perjudicado. En el caso Intervida pueden batirse todos los récords porque Intervida cuenta con 346.561 padrinos. En principio, cualquiera de ellos puede haber sido víctima de los delitos de estafa, falsedad, apropiación indebida, administración desleal y asociación ilícita de los que acusa el fiscal a los máximos responsables de Intervida: Eduardo Castellón, Rafael Puertas y Francisca Ruiz.

Las personas que comparezcan en el Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona y se acojan a ese ofrecimiento de acciones pueden optar por dos vías: designar abogado y procurador y convertirse en parte acusadora en el proceso o darse por enterado de ese ofrecimiento de acciones y dejar que sea el fiscal quien defienda sus intereses. La primera vía supone un dispendio económico, mientras que si se opta por la segunda es el fiscal quien defiende sus intereses y, por tanto, se convierte en su abogado.

El único riesgo si se opta por esta opción es que la fiscalía considere al final del procedimiento penal que no existe delito y, por tanto, las supuestas víctimas se queden sin ejercer la acusación. Sin embargo ese escenario resulta bastante improbable en el caso de Intervida, puesto que ha sido la fiscalía la que ha impulsado el proceso judicial con la presentación de la querella.

Derecho a indemnización

La comparecencia en el juzgado de los perjudicados resulta además de especial trascendencia en caso de que el proceso concluya con una condena para poder percibir una indemnización en concepto de responsabilidad civil.

El abogado penalista Cristóbal Martell explica, además, que incluso podrían ser indemnizadas las personas que no hayan comparecido, siempre que la sentencia haya establecido lo que se denominan "bases de determinación". Se trata de los criterios que fija el tribunal para reconocer la condición de perjudicado y, por tanto, el derecho a cobrar la cantidad que hayan determinado los jueces.

Por otra parte, la magistrada Maria Pilar Calvo nombró ayer a los tres administradores judiciales que le ha propuesto la Generalitat catalana. Se trata de Àngel Miret, porcedente del ámbito de la cooperación humanitaria; Didac Ramírez, académico especializado en economía y finanzas y Maurici Romero, adscrito a la Intervención de la Generalitat. Los tres actuarán como administradores, durante un período máximo de cinco años, de las fundaciones Intervida, Cuna, Metrópoli, Universal y Ecoplante, así como de las entidades Asociación ALizanza Mundial Intervida y Asociación para la Ayuda al Tercer Mundo.

Las siete entidades fueron intervenidas por orden judicial el pasado día 11 y cesados de sus cargos todos los directivos.

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