La insumisión no se rinde

No cabe la objeción a Ciudadanía, dice el Supremo. Así que todos los objetores, tanto los que contaban con un primer respaldo judicial (entre 100 y 300, según quién los cuente) como los que no (varios miles), han de volver a clase, añade el Gobierno. Pero los promotores del boicoteo responden: la guerra no ha terminado.

Los que se reincorporen tendrán que recuperar el tiempo perdido, tanto los que han faltado el primer trimestre de este año como los que se saltaron todo el curso anterior, pero no está claro cómo (clases de recuperación, exámenes extraordinarios...). El Gobierno se limita a decir que trabajará con las comunidades para encontrar la fórmula: ?Tendremos que buscar soluciones individuales?, dijo la ministra de Educación, Mercedes Cabrera.

Por su parte, las asociaciones del boicoteo (Foro Español de la Familia, Fundación Universidad San Pablo CEU, Profesionales por la Ética y Confederación Católica de Padres de Alumnos) siguen recomendando la objeción, aunque aseguran que acatarán la legalidad. Sostienen que no hay en ello incoherencia, ya que, aseguran, el Supremo sólo rechaza la objeción de los cuatro casos que se juzgaban, y recurrirán al Constitucional y, si hace falta, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Además, el Supremo tendrá que pronunciarse, según los ellos, sobre todos los recursos que aún están pendientes. Sólo cejarán si el Gobierno consensúa los contenidos de la asignatura. La familia de Bollullos Par del Condado (Huelva), la primera de España en ver reconocido su derecho a objetar, agotará todas las vías jurídicas frente a la sentencia, informa Lucía Vallellano.

Lo que está claro es que las comunidades, tanto las que han apoyado abiertamente el boicoteo ?por ejemplo, Madrid y La Rioja? como las que no, dejarán de ofrecer a los objetores clases alternativas y profesores para atenderlas. Madrid, la única autonomía que ha amparado el boicoteo sin contar con ninguna sentencia en su región, y La Rioja dijeron ayer que acatarán la sentencia y los niños tendrán que volver a clase. ¿Y si no? Esos chavales pasarían a ser, simple y legalmente, alumnos que se fuman las clases, dice Educación. Esos estudiantes son absentistas, y como ya hizo Navarra el curso pasado, los institutos y las consejerías de Educación deberían poner en marcha las sanciones establecidas (desde el apercibimiento a la expulsión temporal).

A la hora de calificar, cabe un suspenso, como hicieron el pasado año en Cantabria o Extremadura, o un examen extraordinario, siguiendo el modo de Asturias (cuatro objetores aprobaron Ciudadanía sin haber pisado el aula). Lo más probable, sin embargo, parece el suspenso, lo cual tiene consecuencias distintas según el curso de que se trate.

Aunque la polémica se ha centrado en Ciudadanía de 2º o 3º de ESO, la materia también se da en 5º o 6º de primaria, y ha introducido contenidos cívicos en asignaturas que ya existían: Ética de 4º de ESO y Filosofía de 1º de bachillerato. Si el suspenso es en primaria o secundaria, en estricto cumplimiento de la ley podrían pasar de curso, incluso obtener el título de la ESO, ya que los alumnos pueden promocionar con dos y hasta tres suspensos si así lo deciden los profesores. Muchos consideran que esto no podría aplicarse a los objetores, que no es que suspendan, es que no cursan la materia; está por ver. Andalucía espera que el Supremo explique en su sentencia cómo actuar frente a los objetores. En cualquier caso, en bachillerato hay que aprobar todas las materias para titularse.