Una indemnización por nacer

La vida, siempre se ha dicho, es el mayor bien del ser humano. Pero, ¿puede ser considerada en algunos casos como un daño, como un mal por el que se debe indemnizar? ¿Puede alguien exigir una compensación por estar en este mundo, porque los médicos no hayan detectado cuando estaba en el útero materno que tenía una malformación física o psíquica y hayan privado a su madre de la posibilidad de abortar? ¿Pueden unos padres exigir una compensación por no haber sido informados, cuando estaban a tiempo de tomar la decisión de interrumpir el embarazo, de que su hijo no iba a tener una vida normal? ¿Existe, al igual que el derecho a la vida, el derecho a "no nacer"? Muchas personas están reclamando ante los tribunales, en España y en otros países, por este motivo. Algunos lo consiguen, pero el asunto está rodeado de una gran polémica.

Son las llamadas acciones judiciales de "vida por error" o "nacimiento injusto"

Susana L. M. y Carlos L. S. han pedido una indemnización de este tipo. Su hija nació en 2002. En una clínica privada habían hecho el seguimiento de su embarazo y en todo momento le habían asegurado que el feto estaba físicamente perfecto. En un informe se afirma, incluso, que tenía las cuatro extremidades. Al nacer, sin embargo, se vio que el diagnóstico había sido erróneo: a la niña le faltaban el antebrazo derecho y la mano. La doctora había visto una extremidad que no existía. La malformación no se debía a ninguna negligencia médica, pero los padres entienden que ellos tienen derecho a ser indemnizados porque no se les informó adecuadamente del estado de su hija. Señalan que se privó a la mujer de la facultad de decidir si deseaba abortar o no, como permite la ley en casos de malformación fetal antes de las 22 semanas.

Un juzgado de primera instancia y una Audiencia Provincial les han denegado la indemnización, alegando que las ecografías no son siempre fiables. Ellos han recurrido ante el Tribunal Supremo, en casación. Piden 180.000 euros a la doctora y a la clínica.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo en estos casos no es clara, pero sí ha concedido indemnizaciones en algunas resoluciones. La primera sentencia que dictó sobre ello es de 1997. Los magistrados conceden una indemnización a unos padres porque su hijo nació con síndrome de Down. Habían practicado la amniocentesis a la madre pero la prueba fracasó y no se le comunicó a la madre hasta dos meses después (cuando ya había transcurrido el plazo para interrumpir el embarazo). En 2002, también se concedió por un caso parecido en el que los médicos no habían efectuado una prueba pese a que la mujer estaba en situación de riesgo. Y en 2005, reconoció el derecho de dos padres a recibir 54 millones de pesetas (324.000 euros) por el nacimiento de un niño con síndrome de Down. El Supremo, en todo caso, no entra en sus sentencias a explicar cuál es el daño por el que se debe indemnizar. No se pronuncia, así, sobre si la propia vida es o no el daño por el que alguien debe pagar.

Estados Unidos fue el primero en enfrentarse a estas demandas. Las llaman reclamaciones de wrongful birth (nacimiento erróneo o injusto) cuando son los padres los que piden la indemnización por no haber tenido información suficiente y no haber podido ejercer su derecho al aborto, y de wrongful life (vida errónea) cuando es el propio hijo el que reclama porque no le gusta la existencia que le ha tocado. Preferiría no haber nacido que vivir con esos defectos o enfermedades y culpa de su nacimiento a un consejo médico inadecuado. Estas últimas son las más polémicas y en algunos Estados no se admiten. En ningún caso se acusa a los profesionales sanitarios de haber causado el mal que sufre el niño. No tienen la culpa de la malformación, pero sí de no haberlo detectado y de no haberlo comunicado a los padres antes del nacimiento. ¿Qué se indemniza? Algunos tribunales pagan por el daño personal sufrido; otros, sólo por los gastos extraordinarios derivados de la enfermedad del niño.

Estas peticiones judiciales aparecieron en los años setenta en EE UU, cuando aumentó la práctica de diagnósticos prenatales y cuando las leyes empezaron a permitir las interrupciones voluntarias de embarazo. Se trata de una reclamación íntimamente relacionada con el derecho al aborto terapéutico. Las demandas se fueron extendiendo a países como Alemania, España o Francia. En este último, con manifestaciones ciudadanas de por medio. Más de 200 padres de discapacitados se concentraron frente al Palacio de Justicia en noviembre de 2001 para protestar ofendidos por una sentencia de la Corte de Casación que había confirmado una reclamación por vida errónea -una indemnización al niño por sufrir malformaciones-. La polémica terminó con la prohibición del Parlamento francés de estas demandas, aunque sí las admiten cuando son los padres los que las presentan en su propio nombre. "Estas acciones se han visto acompañadas desde el principio por grandes polémicas, por la carga ideológica que lleva incorporado el hecho de la vida, la concepción y el aborto", señala Andrea Macía, profesora de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid y especialista en la materia. "Y esta carga ideológica en ocasiones se ha trasladado a los razonamientos de jueces y juristas. Deben separarse los argumentos éticos y morales de los estrictamente jurídicos".

El desarrollo científico aplicado al ámbito del diagnóstico prenatal y el reconocimiento de la posibilidad de interrumpir el embarazo ante graves malformaciones del feto abrió la puerta a un nuevo tipo de demandas. Desde los años setenta, padres e hijos en EE UU -y más tarde en Francia, Alemania o España- sostienen que médicos y hospitales son responsables de no haber informado a la madre, dentro del plazo legal para abortar, de una enfermedad o lesión que podía detectarse en el útero materno.