El impago hospitalario se dispara a 10.000 millones

La deuda de las comunidades con los proveedores que suministran fármacos, productos o tecnología a los hospitales públicos ha alcanzado una cifra récord. Las facturas enterradas en los cajones de las autonomías superan por primera vez los 10.000 millones de euros, en concreto 10.566: de ellos, 4.700 en material sanitario -desde jeringas y tiritas hasta marcapasos o escáneres- y otros 5.826 en fármacos. Una situación insostenible para las empresas del sector, que denuncian unos plazos medios de pago de más de 400 días. Algunas regiones, como Andalucía, Murcia o Valencia los superan con creces, hasta los 700.

La de los hospitales públicos es una deuda incesante. En cinco meses ha aumentado un 10%. Y en lo que va de año -desde el cierre de 2010 al 30 de septiembre de este año- se ha incrementado un 23%. La situación, además, tiene pocos visos de mejorar. Muchas Administraciones, asfixiadas, admiten que a estas alturas sus presupuestos están esquilmados y no tienen dinero para pagar a los proveedores.

Solo Navarra, Ceuta y Melilla están al corriente del pago de facturas

Mientras, las empresas están al límite de la supervivencia. "Estamos experimentando una situación de deuda histórica, tanto en volumen como en plazos medios de pago", reclama Margarita Alfonsel, secretaria general de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), que asegura que esto ha provocado que algunas empresas entren en suspensión de pagos. La deuda en productos sanitarios -que suponen el 8% del gasto- ha crecido un 270% desde 2007.

Humberto Arnés, director general de Farmaindustria, expone que actualmente son las empresas las que sostienen el sistema. Algo que, dice, ya no pueden seguir haciendo. "No se puede pensar en un suministro de forma indefinida, esto pone en peligro la viabilidad de las compañías. Y pone en riesgo, además, que los pacientes puedan acceder a sus tratamientos; no por una cuestión de voluntad, sino de capacidad. Puede que haya empresas que tengan que cerrar y que esto cause problemas de suministro en términos normales", alerta.

Farmaindustria no ha actualizado el desglose de su deuda por comunidades. Sin embargo, Arnés afirma que la situación no ha variado apenas desde su último informe, de junio. En ese momento Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid y Castilla y León eran las que registraban un mayor nivel de deuda. También aquellas que más tardaban en pagar.

Son estas comunidades también las más morosas en saldar cuentas por los productos sanitarios. Andalucía (que debe 1.168 millones de euros), la Comunidad Valenciana, (886), Madrid (527) y Castilla y León (476) concentran el 60% de los 4.740 millones de euros adeudados, según las cifras a 30 de septiembre de Fenin.

Lo más preocupante, además, son los plazos de pago. Las Administraciones tardan, de media, 431 días en pagar los productos sanitarios. Un plazo medio que sube hasta los 468 días en las facturas por los fármacos hospitalarios. Un tiempo ocho veces superior a los 50 días que marca la ley de morosidad, y que algunas comunidades, además, sobrepasan ampliamente. La Comunidad Valenciana, por ejemplo, tarda 765 días en pagar sus facturas por material sanitario; Cantabria, 680; Murcia 673 y Andalucía, 642 días. Solo Navarra, Ceuta y Melilla cumplen con sus pagos.

"Esta es una situación generalizada. Para nosotros, el pago a proveedores es una prioridad y estamos trabajando para poder saldar la deuda, pero la coyuntura económica sabemos como está...", argumenta una portavoz de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana. "Lo que no podemos hacer es dejar de comprar material necesario", añade. De momento, dice, han puesto en marcha un plan de optimización de recursos y una central de compras que unifique lo que se adquiere en todos sus centros.

Andalucía, otra de las comunidades más morosas, esboza un argumento similar. Aseguran, además, que trabaja en una operación de confirming -encargar la gestión de la deuda a una entidad financiera- para dejar las facturas impagadas en la mitad.

Los proveedores, sin embargo, alertan de que la deuda es endémica de un sistema que gasta más de lo que presupuesta. Algo que -reconocen el Ministerio de Sanidad y las comunidades- se lleva haciendo desde que en 2003 se completaron las transferencias a las autonomías. Por eso piden al Gobierno que establezca una financiación suficiente y realista y que aborde la deuda acumulada. Lo cierto es que los proveedores son los últimos en recibir su pedazo de la tarta presupuestaria para sanidad. De ese pastel, el 50% se emplea en liquidar nóminas; el 25% en pagar a proveedores farmacéuticos extrahospitalarios (pagos que empiezan a acumular deuda); y el resto, ese otro 25%, se dedica a materiales.

Los proveedores no se plantean, de momento, dejar de servir sus productos a la Administración. Esto, argumentan, equivaldría a quiebra. Y es que las comunidades son su principal cliente. Del volumen global de ventas de estas empresas (material sanitario y fármacos) más del 75% corresponde a la sanidad pública.