"Con la dignidad de nuestra capacidad defenderemos nuestros derechos"
Plataformas y afectados de Alicante denuncian el incumplimiento y la parálisis de la Ley de Dependencia
Los beneficiarios de la Ley de Dependencia han reiterado este mediodía la "parálisis" y el "incumplimiento" de una ley que les ampara y protege. Según un detallado informe en los cinco años de aplicación de la Ley, existen 31.295 personas dependientes que, teniendo derecho reconocido, no perciben la prestación y se encuentran en el llamado "limbo de la dependencia". Por ello, la Comunidad Valenciana está a la cola en personas que reciben prestaciones, solo un 0,84 de media, cuando el resto de España es del 1,58% de la población.
En un acto celebrado en la Sede de la Universidad de Alicante, al que también han asistido miembros de AFEMA (Asociación de Familiares de Enfermos Mentales), Novarie (empresa que gestiona residencias de mayores), COCEMFE (que atiende a discapacitados físicos), todos han mostrado su "indignación" por el incumplimiento de la Ley y el retraso de los pagos comprometidos por la Generalitat que les está obligando a cancelar servicios, incluso a despedir trabajadores.
El acto también ha servido de homenaje para el histórico sindicalista alicantino, Javier Cabo, quien ha denunciado la "administración perversa" del PP y ha asegurado que "con la dignidad de nuestra capacidad, aunque sea con sillas de ruedas, seguiremos defendiendo nuestros derechos, porque un gobierno por muy mayoritario que sea no puede fomentar la desigualdad".
Miquel Martorell, portavoz de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Alicante, calcula que debido a la paralización en la tramitación de expedientes afecta a unas 700 personas en la provincia de Alicante que no han recibido respuesta alguna. "La incorporación de la consejería de Justicia está provocando un retraso mayor en la aplicación de la Ley, al no coordinarse con Sanidad", asegura Martorell. Por su lado, José Antonio Rabalón, de Novaire, ha denunciado el "incumplimiento" de la Generalitat de los acuerdos suscritos con ellos en 2008 sobre ampliación de plazas concertadas. "De las 900 plazas que se comprometieron solo han pagado 364 con un contrato que se va prorrogando trimestralmente, es una situación de abuso contractual", asegura.
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