Las detenciones por delitos ambientales se duplican desde 1999

Un total de 930 personas fueron detenidas el pasado año por delitos ambientales, casi el doble que en 1999. Según datos hechos públicos ayer por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), la mayor parte de estas detenciones (350) corresponde a los delitos contra la ordenación del territorio, como, por ejemplo, la construcción de edificios en zonas protegidas.

En 1999, las denuncias y actuaciones sumaron un total de 106.896, mientras que en 2006 ascendieron hasta las 153.852. El perfil del delito más denunciado se ha mantenido. Entonces, 24.000 denuncias correspondieron a la caza ilegal y furtiva. En 2006, el número ascendió a las 35.584, incluyendo la tenencia de animales protegidos, según informa la Guardia Civil.

El perfil de los detenidos, sin embargo, cambia con el tiempo. Si entonces más de la mitad eran cazadores furtivos, seguidos de cerca por los pirómanos, el año pasado casi la mitad fueron detenidos por infracciones urbanísticas, seguidos por 258 implicados en incendios forestales. Además, 13 personas fueron detenidas por tráfico de especies protegidas. 120 personas estuvieron implicadas en caza y pesca furtivas.

Las infracciones de ordenación del territorio con motivo de obras y edificaciones fueron 7.258. Muchas más, pero con menos detenidos, fueron las que se refieren a caza, pesca y tenencia de especies protegidas (35.584). Le siguen las relacionadas con residuos urbanos, peligrosos, radiactivos y sanitarios (33.072) y las que contravinieron normas sobre sanidad animal, vegetal y de calidad alimentaria supusieron 25.381 denuncias, si bien en estos casos no hay detenciones.

Parques amenazados

Los parques nacionales más amenazados, a tenor de las actuaciones del Seprona, son el de Sierra Nevada, donde hubo 438 intervenciones, seguido de Doñana, con 380 y el de Ordesa y Monte Perdido en los Pirineos, con 78. Esto coincide con el hecho de que Andalucía es la comunidad autónoma con mayor número de denuncias (45.980), seguida por Castilla y León con 23.907 y Castilla-La Mancha, con 19.016.

Por otro lado, España fue el pasado año el segundo país de la Unión Europea, por detrás de Italia, donde más se infringió la legislación ambiental comunitaria, según un informe publicado ayer por la Comisión Europea (CE). El documento, que pasa revista a la política ambiental de la UE y de cada uno de sus Estados miembros en 2006, pone de relieve que Bruselas abrió el pasado año 40 procedimientos de infracción contra España por casos "en su mayoría relacionados con el agua y la naturaleza", informa Efe.

En el área del cambio climático, el texto destaca que España "es uno de los siete Estados miembros que no espera llegar a los objetivos, ni siquiera aunque se pongan en marcha todas las medidas planeadas".

Bruselas, sin embargo, destaca la labor "pionera" de España en el área de la energía solar con la construcción en la Plataforma Solar de Almería (PSA) de una nueva central que será "la primera planta comercial de este tipo en Europa".