La cruz resiste en la España laica

La estampa de modernidad que exhibe España estos días, con una ministra de Defensa joven y embarazada y el Gobierno más paritario de la UE, tiene un canto apolillado. La toma de posesión ante el crucifijo sigue señalando la asignatura pendiente de España como Estado laico y aconfesional. Un país en el que militares y policías desfilan en procesiones religiosas, donde aún quedan cruces en colegios o donde la Iglesia nombra a capellanes castrenses.

¿Por qué los ministros juran o prometen el acatamiento a la Constitución ante una Biblia y un crucifijo, al modo impuesto por el dictador Franco? ¿Debe ser el ritual de los actos públicos el propio de un Estado confesional? ¿Tendría también derecho un futuro ministro musulmán -ya son más de un millón en España- a exigir el Corán? Para los defensores de la sociedad laica, imágenes como la reciente toma de posesión del Gobierno, pero también otras manifestaciones de privilegio de la religión católica, desde el Concordato hasta su financiación, son acicates para una batalla que se presume larga.

Los menos escrupulosos a la hora de relacionar política y religión apelan a las costumbres.

Durante la campaña electoral, un periodista de EL PAÍS preguntó al presidente Rodríguez Zapatero por la liturgia católica en actos públicos como la toma de posesión de los ministros. El presidente no se mostró partidario de modificar un procedimiento que preside el Rey. Porque es allí, en la sala de audiencias de la residencia oficial de los Reyes, donde el acto de promesa o juramento tiene lugar cada vez que hay cambio de Gobierno.

Pero los signos religiosos no tienen base legal. El protocolo está regulado por un decreto de 1979 que permite elegir entre prometer y jurar el acatamiento a las normas constitucionales y lealtad al Rey, aunque no hace referencia a los símbolos religiosos. Jurar implica "afirmar o negar una cosa, poniendo por testigo a Dios, o en sí mismo, o en sus criaturas", según el diccionario de la RAE.

Y es precisamente esa invocación divina el argumento que esgrime un portavoz oficial del Palacio de la Zarzuela para no abordar un eventual cambio de costumbres: "Jurar por Dios requiere la presencia de sus símbolos. Mientras no se modifique el decreto, nosotros no alteraremos el escenario".

Sin embargo, diputados y senadores acatan los preceptos constitucionales a comienzo de cada legislatura con una fórmula muy similar, y en el Parlamento no resultan visibles ni biblias ni crucifijos. A lo más que llegan los políticos es a distinguir entre "jurar" o "prometer" la posesión del escaño. Los ministros y parlamentarios del PP suelen jurar el cargo y los socialistas, prometerlo. ¿Es conservador jurar y progresista prometer? Semánticamente, no. Jurar es también "someterse fielmente a los preceptos constitucionales de un país", en tanto "prometer" garantiza "la certeza de lo que se dice".

El diputado socialista Victorino Mayoral, presidente de la laicista Fundación Cives, señala que "se ha sobrentendido durante toda la democracia que quienes prometen invocan compromisos cívicos y quienes juran, valores religiosos". Es el caso del católico José Bono, el único ministro de los gobiernos de Rodríguez Zapatero que ha jurado en lugar de prometer -fue en 2004, durante la toma de posesión de la cartera de Defensa-. También tiene presente a Dios en este tipo de ceremonias públicas el diputado del PP Vicente Martínez Pujalte, para quien jurar el acta de diputado "es un compromiso íntimo de presente y de futuro". "Yo creo que existe Dios y creo que existe el más allá. Y cuando me comprometo pienso en la trascendencia, en que lo que estoy haciendo sobrepasa el momento presente y abarca mi religiosidad", se explica.

Martínez Pujalte no tiene claro, sin embargo, si deben permanecer los símbolos católicos en las tomas de posesión como recordatorio de la supremacía de la religión católica en España. "Yo soy economista, sé de inflación. De eso que pregunta, no sé. No lo he pensado. No me molestan esos símbolos".

A Celia Villalobos, ministra de Sanidad con José María Aznar, tampoco le molestan las biblias y los crucifijos, aunque ella no los use. "Siempre he prometido los cargos, forma parte de mi compromiso ético. Eso de jurar es para los católicos practicantes", dice. Desde que estaba en Alianza Popular, Villalobos era ya excepción en su partido. "El día que prometí, en 1984, el acta de diputada, Manuel Fraga me miró incrédulo y preguntó: ¿Y esta exótica, quien es?", recuerda, riéndose.

No ha estado sola. En el PP, Josep Piqué, Cristóbal Montoro, Jaume Matas y Francisco Álvarez Cascos también fueron ministros con Aznar tras prometer el cargo.

Pero no todos han sido tratados con tolerancia. Enrique Sánchez Motos, dirigente de la Iglesia de Unificación -conocida como Iglesia Moon- iba a ser nombrado, en septiembre de 1996, jefe del gabinete técnico de la subsecretaría de Justicia. Ya se había despedido de sus compañeros del Ministerio de Hacienda cuando el que iba a ser su jefe le preguntó por sus creencias religiosas con vistas a preparar la Biblia para su toma de posesión. Reveladas éstas, el nombramiento fue revocado. "Nunca nadie ha durado menos en un cargo", bromeaba en este periódico hace pocos años.

Sánchez Motos olvidó el incidente y no recurrió al Tribunal Constitucional, que en otros casos ha sentado doctrina. Los catedráticos de Derecho Eclesiástico José María Contreras y Óscar Celador la recogen en su informe Laicidad, manifestaciones religiosas e instituciones públicas. Citan, entre otros, el caso del sargento que se negó a participar en Valencia en un homenaje militar a la virgen de los Desamparados, designada en 1810 capitana general de la región de Levante. Y el conflicto del policía que rehusó participar obligatoriamente en una procesión de Semana Santa de cuya cofradía, la Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús el Rico, era su unidad miembro de honor. En ambos casos, el tribunal amparó el derecho de los represaliados a no participar en tan castizos actos por motivos de conciencia. También recogen en el informe el denominado caso Buscarini, por el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a San Marino. Este pequeño Estado obligó a sus parlamentarios a jurar el cargo sobre los evangelios católicos. El tribunal dictaminó, según los mencionados catedráticos, que "la presencia de símbolos religiosos en los actos de toma de posesión de cargos o funcionarios públicos representa una vulneración del derecho a la libertad de conciencia y supone la ruptura de las reglas del Estado democrático y, por lo tanto, del principio de laicidad".

Aunque son conscientes de que falta aún mucho trecho por recorrer, los impulsores de una sociedad más acorde con la aconfesionalidad que consagra la Constitución ven signos positivos de laicidad. "Antes era raro el colegio que no contaba con un crucifijo en clase. Incluso formaba parte de la financiación pública en el apartado de mobiliario escolar. Ahora este capítulo de gasto ya no existe", señala el diputado Mayoral, que juzga la presencia de la cruz como "herencia del nacionalcatolicismo". El catedrático de Derecho Eclesiástico Oscar Celador aconseja a los ministros, católicos o no, que tengan la Constitución como referente único: "Si echan de menos los símbolos religiosos, nadie les impide llevar medallas bajo la ropa".