Los concertados, obligados a integrar alumnos difíciles

La nueva regulación que prepara el Ministerio de Educación para la escuela concertada (privada financiada con fondos públicos) se endurece para obligar a estos centros a que escolarice a más alumnos difíciles, que suelen ser los más pobres. Los concertados no podrán imponer cuotas a los padres, y las actividades extraescolares deberán estar fuera del horario escolar. Además, los concertados que escolaricen a alumnado más difícil podrán recibir fondos extra.

Y, para recibir y renovar un concierto será imprescindible adecuarse a la programación de las necesidades escolares que establezcan las comunidades autónomas. Según la ley, esa programación (una planificación a varios años de recurso, profesores, movimiento de población, etcétera) tendrá en cuenta además "una adecuada y equilibrada escolarización de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo". Así lo dice el proyecto de real decreto que el próximo martes se discutirá en el Consejo Escolar del Estado.

El texto insiste en que los colegios no pueden "imponer" el pago de cuotas

La gran demanda de la escuela concertada, apoyada por el PP, es que si un centro privado que tiene suficientes alumnos pide el concierto, la administración esté obligada a dárselo, y que no dependa de esa programación marcada por cada Gobierno autonómico. Hasta ahora, adecuarse a esa programación daba puntos, pero con el nuevo real decreto será imprescindible. En cuanto a la renovación del concierto, era un proceso casi automático, según algunos sindicatos. La planificación, recuerda la directora general de Evaluación y Cooperación Territorial, Rosa Peñalver, se debe hacer escuchando a los titulares de los centros privados.

El nuevo texto desarrolla la Ley Orgánica de Educación aprobada en 2006 y actualiza el real decreto ahora en vigor, de 1985. La convivencia entre la escuela pública y la concertada es un tema de roces constantes en la educación española.

Algunos sectores se quejan constantemente de que la concertada desnivela el sistema al elegir a su alumnado (por ejemplo, a través de cuotas voluntarias que no se imponen o no se aclaran que lo son), dejando fuera a los alumnos más difíciles, que se concentran en la pública. Estas prácticas se han mantenido a pesar de que la prohibición de imponer pagos está en la ley desde 2006 y la obligación de sacar las actividades de pago fuera del horario escolar desde 1985.

Por su parte, la concertada se queja de que la subvención que reciben no es suficiente para garantizar la gratuidad de sus enseñanzas. El texto dice que el cobro de actividades extraescolares y de los servicios complementarios, aunque no pueda tener fines de lucro, sí se podrá usar para "el mantenimiento y mejora de las instalaciones de los centros".