Las cesiones del Gobierno

El PSOE hizo una solemne promesa en la campaña electoral de 2004: legalizaría la eutanasia si ganaba las elecciones. Casi ocho años después no ha cumplido. El proyecto que ha presentado en el Congreso, sin tiempo ya para ser aprobado, evita el término eutanasia, una hermosa palabra derivada del griego eu (bueno) y tanatos (muerte).

Cuando el entonces vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció la ley ya dijo que iba a llamarse "de cuidados paliativos y muerte digna". "No es una ley de eutanasia", precisó. Efectivamente, el Gobierno se ha conformado con una norma que garantice el cumplimiento de la legislación sobre cuidados paliativos, últimas voluntades o de testamento vital, que así se llaman las muchas normas aprobadas en la última década.

El episcopado ha abandonado el objetivo de autofinanciarse

"Les das un pedazo y lo quieren entero", se queja Europa Laica

Hay pocas dudas de que el Ejecutivo renunció a legalizar la eutanasia, con este nombre, por presiones de los obispos y para no enfadar al Vaticano. Pese a todo, se justificó diciendo que la sociedad aún no está madura. "Quienes no están maduros son los políticos", replicó uno de los fundadores de Derecho a Morir Dignamente (DMD), el filósofo Salvador Pániker.

Por encima del 60% de los españoles querría despenalizar la eutanasia, un porcentaje que se eleva al 62,2% entre los jóvenes, según del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Recientes estudios de DMD sitúan esos porcentajes en el 77%.

Pero si el Gobierno incumplió tan solemne promesa para contentar a los obispos, no lo ha conseguido. Todo lo contrario. Nada más conocerse el proyecto del Consejo de Ministros, el cardenal Rouco opinó que no era una ley de eutanasia, pero pronto le rectificó el comité ejecutivo del episcopado. "Es un texto que abre la puerta a conductas eutanásicas. De aprobarse como está, no debe obedecerse", dijo el portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino.

"A los obispos les das un pedazo y lo quieren entero", comentó entonces la asociación Europa Laica parafraseando un verso del poeta Félix Grande. Se refería a otro caso en el que el Vaticano ha torcido el brazo del Ejecutivo socialista. Se trata de la varias veces prometida reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, de 1980. El Gobierno tiene en el cajón un proyecto con el nombre ahora de Ley Orgánica de Libertad de Conciencia y Religiosa. Lo ha congelado con el argumento de que "no hay consenso social ni político". Lo dijo Rodríguez Zapatero en el Congreso en noviembre pasado. La reforma tenía como objetivo "garantizar el laicismo del Estado" y resolver situaciones embarazosas que no paran de producirse, como funerales de Estado católicos incluso cuando hay víctimas de otras religiones, la presencia de un crucifijo en las tomas de posesión ante el Rey aunque quien prometa el cargo sea ateo, protestante o musulmán, la presencia de símbolos religiosos en centros públicos, etcétera. "La reforma es conveniente, pero no urgente", se disculpó Zapatero. Su orden de paralizarla se produjo tras entrevistarse con Benedicto XVI.

Zapatero ha buscado siempre una "relación fluida" con el Vaticano. Se lo explicó a Benedicto XVI en Barcelona, en noviembre pasado. España, un Estado aconfesional, reconoce el peso de la Iglesia, "pero garantiza la libertad de todos". Le ha podido su objetivo de tranquilizar las relaciones con el Estado de la Santa Sede en el último tramo de la legislatura.

Antes, los encontronazos fueron frecuentes, sobre todo por la reforma de la ley de divorcio (el llamado divorcio express); la legalización del matrimonio entre homosexuales ("lo peor que le ha ocurrido a la Iglesia católica en 2000 años", según la Conferencia Episcopal), la experimentación con embriones, la asignatura de Educación para la Ciudadanía o la reforma de la ley del aborto de 1985, ahora con el nombre de Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Contra algunas de estas leyes salieron a la calle en manifestación cardenales y obispos.

Todo esto ha ocurrido pese a que ningún Gobierno anterior les ha tratado con mayor generosidad económica. Ha sido Zapatero quien ha cedido a uno de los mayores anhelos del episcopado: la cancelación por el Estado de su promesa de llegar un día a autofinanciarse.

En 2007, el Ministerio de Exteriores y el Estado vaticano canjearon notas diplomáticas acordando, de espaldas al Congreso, un nuevo acuerdo de financiación para la Iglesia católica que eliminó la dotación graciosa del Estado pero elevó un 34% la asignación de los católicos mediante su IRPF, pasando el porcentaje del 0,52% de la cuota al 0,70%.

El acuerdo, criticado por fuerzas laicas de izquierdas, incluso del PSOE, ha reportado a los prelados casi 250 millones de euros, correspondientes al IRPF de 2010. No es que los católicos paguen más impuestos que otros creyentes o que los ateos para contribuir al sostenimiento de su confesión, como ocurre, por ejemplo, en Alemania. Sencillamente, el Gobierno canceló para siempre la idea del impuesto religioso, con gran regocijo del episcopado. Los Gobiernos anteriores, alguno presidido por católicos confesos, se habían negado.