Las casas de acogida rechazan a las mujeres maltratadas con adicciones

Seguramente nunca pensó que alejarse de su maltratador sería tan complicado. Raquel (nombre ficticio) denunció a su pareja que, pese a todo, seguía persiguiéndola. Cuando intentó pedir ayuda en un centro de acogida se encontró con las puertas cerradas. Raquel no era una víctima de violencia de genéro como las demás, ella sufría también adicción a las drogas. "Tuvimos que acogerla en nuestros pisos", cuenta una trabajadora social de un centro para drogodependencias de Vigo. "Pero no están adaptados para ellas, en las salidas tenía miedo de que él la siguiera". Las viviendas para mujeres maltratadas excluyen a las personas con adicciones en la mayoría de las comunidades autónomas, por carecer de medios para evitar posibles problemas de convivencia.

Más de la mitad de las drogodependientes sufre malos tratos

Pese a las normas, algunas encuentran refugio en hogares sin medios

La falta de recursos especializados las deriva a los centros de tratamiento de drogodependencias habituales, donde pueden llegar a compartir terapia con hombres que precisamente tienen problemas para controlar la violencia. En este entorno, no encuentran solución a sus problemas de dependencia emocional, abusos o autoestima. Con el riesgo añadido de acabar cayendo en nuevas relaciones tormentosas.

¿Cómo conciliar la atención a este colectivo con los intereses de otras personas necesitadas de ayuda? El problema es complejo y pese a su invisibilidad, no tiene una dimensión menor. Un estudio realizado por la Asociación de Entidades de Centros de Día de Dependencias (ASECEDI) concluyó que un 53% de las mujeres que acudían a terapia de rehabilitación eran maltratadas por sus parejas. Esto se traduce en cientos de mujeres al año. El perfil es el de una chica joven, con nivel de estudios medio-bajo y una situación económica algo precaria; en muchos casos, con episodios de abusos en la infancia. La acumulación de todos estos problemas puede desembocar en una personalidad dependiente, tanto a las sustancias como a eventuales parejas, que a menudo también son consumidores. Según una investigación que Proyecto Hombre presentó en el último Congreso Nacional de Psiquiatría, un 73% de las mujeres drogodependientes ha continuado relaciones afectivas aunque éstas hayan sido violentas.

Atrapadas en un problema doble, se encuentran además con grandes dificultades para acceder a una casa de acogida, en medio de la complejidad normativa de los distintos centros. "Tienen que estar deshabituadas o sometidas a tratamiento con compromiso explícito de abandono", dicen en Asturias. "Si es un consumo grave no puede entrar inmediatamente", en Cataluña. "No pueden ingresar ni con adicciones ni con trastornos psicológicos", señalan en Valencia. Andalucía se desmarcó de la regla general regulando a finales de 2007 la entrada preferente para este colectivo.

"Los recursos así establecidos son una barrera para estas mujeres", opina Claudia Paolini, psicóloga de un equipo de acogida para mujeres maltratadas de Zaragoza. Son competencia de las comunidades autónomas o de los propios municipios, y los requisitos de entrada se concretan en cada centro.

La mayoría no tiene personal sanitario ni especializado en adicciones, por lo que no las admiten para evitar conflictos en la convivencia. "A veces no podemos ayudarlas. Les atendemos parcialmente, mediante apoyo psicológico", cuenta Paolini, "pero normalmente se autoexcluyen de la terapia porque el otro problema les absorbe".

Ese "otro problema" las conduce a centros de tratamiento de drogodependencias. Allí, en los grupos mixtos, "el porcentaje de participación de mujeres es mínimo" según las conclusiones de un grupo de trabajo del Plan Nacional sobre Drogas que analizó esta situación en 2006. Las mujeres, que acarrean su propio problema de maltrato familiar, en ocasiones llegan a unirse sentimentalmente a hombres que han sido violentos con sus parejas, como recuerda la psicóloga Paolini de alguna de sus experiencias.

Las políticas para drogodependencias se han definido tradicionalmente tomando a los hombres como patrón universal, tal y como reconocía el Ministerio de Sanidad ya a finales de 2006, y no suelen prestar atención a las particularidades del género femenino (maltrato, maternidad, alimentación). Por eso se estableció la necesidad de aumentar los recursos sociales para las mujeres drogodependientes, que permitan un "abordaje integral" de su problema.

En la práctica, esto ha quedado en manos de la voluntad de quienes trabajan con ellas. La falta de especialización provoca que en determinados centros de acogida, pese a todo, se siga atendiendo a mujeres maltratadas con problemas añadidos de alcoholismo, toxicomanías o deficiencias psíquicas. "Llegaba muchas veces borracha..." Así empieza la historia en muchos de estos centros, aunque se comenta con recelo y precauciones; es un tema tabú. Pese a los repetidos compromisos de abandonar la bebida, los trámites burocráticos para tramitar una expulsión pueden alargar estas situaciones demasiado, y quedan en manos de trabajadores sociales que las atienden como pueden, sin ayuda de médicos que controlen los tratamientos.

"No estamos preparadas para trabajar con estas personas", cuenta una trabajadora que se enfrenta con estos problemas a diario. "A veces incluso beben en el centro". La situación se vuelve complicada entonces, empezando por no realizar las tareas y descuidar la higiene y llegando a buscar la confrontación directa con otras internas. Expulsarlas supone un riesgo importante, ya que pueden quedar indefensas frente a su agresor. "Lo único que podemos hacer es derivarlas a recursos especializados o a centros de salud, pero también depende de su voluntad", concluye con impotencia la trabajadora, que prefiere no dar su nombre.

"Hay que tener en cuenta esta realidad", opina Juan Carlos Oria, director del Centro de Día Zuría para drogodependientes de Navarra, que participó en el estudio de ASECEDI. "No se puede cerrar los ojos sólo porque se sabe que estas personas no van a protestar". La solución pasa, según este profesional, por adaptar los recursos ya existentes para afrontar esta situación particularmente compleja.

El Ministerio de Sanidad, que subvencionó esta investigación a través del Plan Nacional sobre Drogas, abordó la situación a la vista de los resultados (la elevada tasa de violencia sufrida por las mujeres que participan en terapias de deshabituación). Tras una serie de conclusiones como la de "aumentar los recursos sociales específicos para mujeres con drogodependencias", en la práctica se ha limitado a situar al colectivo femenino como prioridad para las ayudas a la drogodependencia, según explica el Subdirector General José Oñorbe. Tampoco aquí hay una tendencia a crear unidades específicas de tratamiento de adicciones para víctimas de violencia de género.