No cambien la ley con un crimen caliente

La muerte de la niña de 13 años Cristina Martín a manos de una amiga de 14 vuelve a reabrir el debate sobre la Ley del Menor y de nuevo surgen las voces que reclaman su endurecimiento. Se trata de un eterno Guadiana que aparece siempre que se produce un crimen tan violento como el de Seseña y que se esfuma a los pocos días, aunque no falta quienes en ese tiempo utilizan el dolor de las víctimas y se apuntan a lo que algunos juristas han calificado de "populismo punitivo". Es decir, pedir más mano dura para colmar las ansias de castigo contra los acusados que siempre generan esos crímenes.

En 2008 entraron en los juzgados de menores de España 35.893 asuntos, según la memoria del Consejo General del Poder Judicial. Diversas fuentes judiciales coinciden en que no llegan ni al 5% los que se consideran delitos graves o muy graves (lesiones, homicidio, asesinato o violación). Pese a ser minoritarios sacuden a la sociedad al tratarse de víctimas muy vulnerables -la mayoría son niñas- y de las absurdas circunstancias o móviles que pueden llevar a cometer estos crímenes.

Sólo el 5% de los delitos cometidos por niños son graves

Más del 90% de los jóvenes se reinsertan después del tratamiento

La legislación española está en línea con el entorno europeo

El PP trata de sacar réditos políticos fichando al padre de Mari Luz

El tratamiento del delincuente precoz es educativo y psicológico

Determinadas conductas violentas son útiles para los jóvenes

En contra de la opinión mayoritaria que se instala entre la población en estos casos, la mayoría de los juristas coinciden en que no se ha de rebajar la edad penal por debajo de los 14 años ni se han de endurecer las penas de la Ley del Menor. Coinciden, con matices, en que se trata de episodios aislados y recuerdan que, aunque los asesinos no acaben en prisión eso no significa que los hechos queden impunes. La joven acusada de la muerte de Cristina Martín tiene ahora 14 años y será sometida a un juicio que puede desembocar en una condena de hasta cinco años de internamiento en régimen cerrado en un centro y otros tres de libertad vigilada. Es decir, que habrá de esperar a los 22 años para saldar sus cuentas con la justicia, cuando ya haya transcurrido toda la adolescencia.

"Cinco años en la vida de una niña de 14 no son lo mismo que en una persona de 40. La gente es muy generosa para disponer de la libertad de los demás, mucho más que si se trata de la propia", explica Mercedes García Arán, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona, muy crítica con las voces que reclaman un endurecimiento de la Ley del Menor.

"Yo creo que para los juristas de todas las tendencias con los que me relaciono, la reforma de la Ley del Menor es un tema cerrado. En todo caso, el debate parece que sólo está abierto para los medios y algunos sectores políticos", explica García Arán, quien hace tiempo acuñó la expresión "populismo punitivo" para referirse a la utilización del dolor de las víctimas. Ocurrió, por ejemplo, con motivo de la excarcelación hace unas semanas de Rafael Fernández García, El Rafita, que participó en el asesinato y violación de la joven madrileña Sandra Palo. Entonces, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aprovechó para cuestionar la Ley del Menor y solicitar su endurecimiento, al tiempo que se exculpaba de cualquier responsabilidad en el tratamiento que recibió El Rafita en el centro donde estuvo internado y las medidas de vigilancia que se le debían aplicar al salir. El juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, también se pronunció entonces a favor de rebajar la edad penal a los 13 años.

Siguiendo esa estela de Esperanza Aguirre, otros dirigentes del PP tampoco han dudado en utilizar el caso Mari Luz para obtener réditos políticos al fichar al padre de la víctima como asesor del partido. E incluso se han apuntado a la petición de cadena perpetua para algunos delitos, ignorando a sabiendas que en la actualidad algunos criminales pueden llegar a pasar hasta 40 años en prisión en España, más tiempo del que pasarían en aquellos países de nuestro entorno que aplican aquella medida de enunciado tan severo.

"La Ley del Menor funciona razonablemente bien, aunque se comprende que casos como el de Seseña generen una dinámica difícil de entender en la sociedad. Pero hay que recordar que son situaciones excepcionales", explica Ramón Mariñosa, que es titular del Juzgado de Menores número 4 de Barcelona desde 2001, coincidiendo con la entrada en vigor de la Ley del Menor. Durante este tiempo, Mariñosa ha tramitado unos 6.000 asuntos, a una media de 600 anuales, y sólo 10 de ellos han sido asesinatos u homicidios, lo que avala la situación de excepcional a la que antes se refería.

Hasta hace una década, la responsabilidad penal del menor oscilaba entre los 12 y los 16 años, mientras que la reforma la situó entre los 14 y los 18. Por debajo de los 14 años, el autor de un delito es inimputable, por muy grave que sea, y se le aplican las medidas previstas en el Código Civil. El último de esos casos saltó a los medios el pasado mes de julio, cuando fueron violadas dos niñas en Córdoba y Huelva por varios menores de 14 años.

"La legislación de menores española es la adecuada en el contexto europeo en el que estamos y no hace otra cosa recoger las normas del Consejo de Europa y de diversas convenciones internacionales", explica el fiscal Ignacio Monreal, que durante más de 20 años ha estado especializado en menores. "El problema no es la ley, sino el creciente aumento de la violencia gratuita que afecta también a los menores, pero que nos aterra cuando una mujer muere golpeada por un hombre o cuando se agrede a un profesor o a un médico. Lo que hay que hacer es actuar antes de que se produzca el delito, no después", explica Monreal.

"No se puede endurecer la ley para todos por culpa de unos pocos. Y si lo hacemos ahora, ¿por qué no seguir bajándola dentro de unos años, cuando vuelva a haber otro crimen horrendo? ¿Dónde está el límite?", se pregunta García Arán, al tiempo que se responde que la ley está bien como está. El fiscal coincide con ella y recuerda que el mejor indicador de que la ley funciona es que más del 90% de los menores que pasan por este circuito legal acaban reinsertados, unos índices que nada tienen que ver con los adultos que delinquen. El resto reinciden y algunos de ellos difícilmente serán recuperables. En este sentido, el juez Mariñosa resalta la importancia de la familia para facilitar la integración del delincuente menor y recuerda el caso de dos jóvenes que estaban bajo su tutela y que al alcanzar la mayoría de edad le pidieron que los sacara del centro de menores en el que se encontraban y acordase su ingreso en una cárcel.

Esa posibilidad se incluyó en una de las nueve reformas que ha sufrido la ley desde su promulgación, pues no en vano es la norma que más se ha cambiado, al margen del Código Penal. Y siempre para endurecerla. Baste recordar que la primera modificación se produjo cuando la ley se encontraba en vacatio legis, que es como se define el período comprendido entre la publicación de una ley y su entrada en vigor.

"Los jóvenes explicaron que en la cárcel se sentirían más acompañados, porque tenían varios familiares en esa situación y a todos les resultaría más cómodo", explica el juez. Y eso es lo que hizo, puesto que la ley deja a criterio suyo cómo ha de acabar cumpliendo la condena una persona cuando deja de ser menor.

"La Ley del Menor es un pésimo Código Penal adulto", asegura Jaume Funes, psicólogo y educador especializado en adolescencia con 35 años de experiencia y que ha ocupado diversos cargos institucionales en esta materia. "Yo no sé qué quiere esta gente que no hace más que pedir mano dura e ignoran que el sistema penal pinta muy poco a estas edades y provoca más desgracias de las que arregla", añade. En su opinión, el tratamiento de los delincuentes menores pasa por un programa educativo y psicológico riguroso, "porque sus códigos y comportamientos son otros y están muy marcados por la adolescencia".

Funes ironiza después de haber escuchado y leído que la presunta asesina de Cristina Martín no ha mostrado síntoma de arrepentimiento o dolor. "¡Es que la expresión no se corresponde en nada a la realidad a esas edades! Una chica es capaz de pasar dos días llorando porque la ha dejado el novio y mostrarse inexpresiva por matar a una amiga. Sus códigos de lectura son muy distintos a los de los adultos, lo que no significa en absoluto que sean insensibles al dolor", añade.

En este sentido, la catedrática García Arán apunta que "en todo caso, aunque se aumentara la pena de internamiento para los menores y se rebajara la edad penal, la pregunta que debemos hacernos es qué demonios estamos haciendo con los niños que cada vez son más violentos". El psicólogo Funes apunta alguna explicación: "Determinadas conductas violentas han adquirido valor de utilidad. La actuación pacífica no es un valor entre la juventud, prima el egocentrismo y eso quiere decir que no se valora al otro ni se cree que se le necesite. Eso es lo que más nos cuesta trabajar con los menores".