Por la calidad de las universidades públicas

El Ministerio de Educación ha ido publicando sucesivas versiones del borrador del Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI) de las universidades públicas españolas, negociado en la Mesa Sectorial de Universidades. Deseamos exponer públicamente por qué la aprobación del citado borrador resultaría muy perjudicial para el sistema universitario, cuya importancia para el país es innecesario resaltar. Nuestro juicio se sustenta en cuatro puntos:

1) El borrador configura una universidad completamente burocratizada. Introduce grados horizontales (sic) para la carrera funcionarial docente según criterios y baremos que poco tienen que ver con la calidad y cuyo establecimiento implicaría una burocracia tan pavorosa como paralizadora. Más aún: según una de las simulaciones realizadas por la propia Dirección General de Política Universitaria, un joven y reciente premio Nobel científico no podría ser acreditado como catedrático con el baremo de puntos del borrador. Por otra parte, la consolidación de la gestión académica como mérito sustitutivo (incluso aunque fuera nefasta) redefine al actual PDI universitario y facilita el triunfo de la burocracia en detrimento de la calidad.

El borrador perjudica a quien debería proteger: al joven prometedor

2) El borrador perjudica, muy especialmente, a quienes más debería proteger: a los jóvenes prometedores que se esfuerzan en ampliar sus conocimientos y que son el futuro de las universidades, marginándolos en favor de quienes se dedican a burocracias diversas, frecuentemente tan inútiles como generadoras de pérdida de tiempo.

3) El borrador sindicaliza las universidades, pues obliga a negociar con los sindicatos asuntos académicos que nada tienen que ver con la legítima función de aquellos, la defensa de los derechos laborales de los trabajadores. Por ejemplo, serán objeto de "negociación colectiva sindical" los "criterios generales de asignación de tareas al profesorado, incluyendo las actividades docentes" y "los criterios generales de progresión profesional del PDI" (sic). Tales preceptos son académicamente inaceptables e incluso jurídicamente cuestionables. Implicarían, además, una reforma de todos los Estatutos de las universidades públicas; sorprende la actitud de la Conferencia de Rectores en este punto (y en otros). Tanto el léxico del borrador como su manifiesta pobreza jurídica traicionan a sus redactores y sus verdaderas prioridades.

4) Finalmente, lamentamos la dejación de funciones del Ministerio de Educación ante la esencial mejora de las universidades públicas españolas. Su carácter de servicio público obliga al ministerio a velar por su calidad. Queremos recordarle que ese público es la sociedad que las sostiene, a la que las universidades deben servir generando y transmitiendo conocimiento, ciencia y tecnología: riqueza cultural y material en suma, no burocracia y horizontalidades. Solo la existencia de universidades públicas de calidad garantiza, además, la verdadera igualdad de oportunidades, pilar de toda democracia. El proyecto de Estatuto del PDI no sólo ignora este obvio imperativo, sino que perjudicará las universidades en tal grado que, de aprobarse, sufrirán un daño imposible de reparar en decenios.

Los abajo firmantes, junto con más de 2.600 docentes e investigadores que también han reprobado el borrador (http://www.peticionpublica.es/?pi=EstatPDI), rechazamos la filosofía que inspira el proyecto de estatuto para el profesorado universitario. Reivindicamos como principios básicos la calidad y el carácter de servicio público de las universidades, erróneamente identificado en ese borrador con intereses ajenos a los de la sociedad a la que deben servir. No deseamos alejarnos más de las buenas universidades internacionales.

Defendemos la cultura del esfuerzo y el mérito, no las infinitas comisiones, negociadoras o no, el despilfarro y la burocracia inútil. Por eso pedimos al señor ministro de Educación que retire el borrador del Estatuto del Personal Docente e Investigador.

M. A. Alario (UCM y RAC), F. J. Álvarez (UCIII), L. Álvarez-Gaumé (CERN), J. Álvarez Junco (UCM), R. Argullol (UPF), M. Atienza (UA), F. de Azúa (UPC), L. Blanco Valdés (USC), L. J. Boya (UZ y RACZ), V. Bozal (UCM), M. Camarero (UJI), V. Camps (UAB), J. Carabaña (UCM), E. Carmona (US y RAC), F. de Carreras (UAB), E. Coronado (UVEG), G. Delgado (CSIC), V. Demonte (CSIC), E. Díaz García (UAM), M. Díaz y G. Conlledo (ULE), J. Dopico (UCIII), P. Etxenike (UPV-EHU), A. Fernández-Rañada (UCM), F. Flores (UAM), L. Franco (UVEG y RAC), M. Fuertes (ULE), J. P. Fusi (Historia, UCM), A. Galindo (UCM y RAC), J. A. García Amado (ULE), C. García Gual (UCM), P. L. García Pérez (USAL y RAC), M. Gutiérrez Estévez (UCM), J. Hernández (UAM), L. Ibáñez (UAM), J.-J. Iso Echegoyen (UZ), E. Lamo de Espinosa (UCM), F. J. Laporta (UAM), A. de Leiva (Medicina, UAB), A. Liñán (UPM y RAC), J. Llovet (UB), J. Marro (UGR), M. Morey (UB), E. Moya (UCM), S. Muñoz Machado (UCM), J. L. Pardo (UCM), A. Pérez-Agote (UCM), M. Pérez Ledesma (UAM), F. Rico (UAB y RAEL), C. Rodríguez Braun (UCM), A. Rodríguez-Navarro (UPM), J. Romero (UVEG), A. Ruiz Miguel (UAM), L. Rull (US), A. de Rújula (CERN y UAM), Santos Juliá (UNED), F. Savater (Filosofía, UCM), J. Siles (UVEG), F. Sosa Wagner (ULE y Parlam. Eur.), J. Tejada (UB), G. Tortella (U.Alcalá), M. Villarreal (UPV-EHU), F. Ynduráin (UAM).

Firman: J. A. de Azcárraga (UVEG)