El asador insumiso marbellí cierra entre copas, aplausos y puros

Se resistió durante ocho horas en su bar lleno de clientes fumadores, pero acabó claudicando. "La policía va a cerrar el negocio. No lo cierro yo, me obligan judicialmente. Esto no termina aquí". Así anunció ayer el dueño del Asador Guadalmina de Marbella, José Eugenio Arias-Camisón, que acataba la orden de la Consejería de Salud de Andalucía de clausurar el local por incumplir la ley antitabaco y que demandará a "todos los que han intervenido en el cierre".

"He decidido no oponer resistencia por mi mujer y mis hijos", explicó a los periodistas apostados a las puertas del local desde el mediodía. Poco antes de que interviniera en directo en un programa de Intereconomía, con sus 16 trabajadores de fondo, el local era precintado por la policía adscrita a la Junta.

"Yo no cierro mi negocio, me lo han cerrado", dice el dueño del local

Andalucía ha multado a Arias-Camisón con 145.000 euros

El Asador Guadalmina de Marbella fue el primer restaurante que se declaró insumiso a la ley antitabaco y se ha convertido también en el primero clausurado por incumplir la norma. La Consejería andaluza de Salud ordenó el cierre del establecimiento después de que su propietario asegurara públicamente que no piensa pagar la multa de 145.000 euros que le ha impuesto la Junta por saltarse la ley.

La decisión de cerrar provisionalmente el local la anunció la consejera de Salud, María Jesús Montero, ayer por la mañana y se notificó al asador por la tarde, pero el dueño se negó a acatarla hasta las nueve de la noche. El día fue un ir y venir de inspectores y policías que trataron de convencer a Arias-Camisón de que clausurara su negocio.

Dos inspectores llegaron a las cinco de la tarde para comunicar la orden y dieron instrucciones de que no se sirviera ni una consumición más. El padre del dueño del local, Eugenio Arias-Camisón, recibió la notificación y la firmó como "no conforme". Lejos de cumplirla, invitó a copas y posó con la orden para los fotógrafos desplazados hasta el local en medio del aplauso de la clientela.

A las seis llegó el dueño desde Madrid, donde recogía firmas de apoyo a un recurso contra la ley. Poco después, los inspectores de la Junta volvieron acompañados de agentes para que se cumpliera la orden, pero el dueño se negó a acatarla. Tras dialogar con los representantes de Salud, pidió a los policías que se retiraran o trajeran una orden judicial. Arias-Camisón se quedó en el restaurante fumándose un puro.

Al borde de las nueve de la noche, las negociaciones entre los agentes autonómicos y el dueño del local dieron frutos y el asador dejó de admitir clientes. El cierre decretado por la Junta es provisional, mientras sigue vivo el expediente sancionador, que tiene un plazo máximo de dos meses. Si durante este tiempo el hostelero cambia de actitud, se anulará la orden. Si, por el contrario, pasan dos meses y el asador ni respeta la norma ni paga la multa, la Junta lo llevará a los tribunales y será el juez el que decida si el establecimiento puede volver a abrir mientras se estudia el caso. "La ley puede ser opinable, pero su cumplimiento, no", afirmó la responsable andaluza de Salud.