El activismo ciudadano reta a los sindicatos

Los boicoteos lanzados por los consumidores se han instalado como forma de protesta y desafían las tradicionales acciones de los sindicatos. No suelen tener éxito, pero su impacto en la opinión pública y la rápida propagación que adquieren gracias a Internet los han situado en el mapa. Y los sindicatos empiezan a contar con ello. La movilización contra Nokia en Alemania, incluidos gobernantes, ha dado al fenómeno una nueva escala.

Acto I. Nokia, el mayor fabricante de móviles del mundo, anuncia el cierre de su planta en Bochum, Alemania. Dejará sin empleo a 2.300 personas. En Rumanía, argumenta, le saldrá 10 veces más barata la producción.

Acto II. Socialdemócratas y democristianos alemanes devuelven sus terminales Nokia. Su gesto político abre la veda al boicoteo contra los productos del grupo, con la "comprensión" de la canciller Angela Merkel.

El primer gran boicoteo en España se proclamó cuando cerró Gillette

Estudios en EE UU dicen que la caída de ventas es efímera y escasa

Un secretario de Estado dio la espalda a IBM por vender su planta en Valencia

El Gobierno catalán alertó a Phillips de que podría dejar de comprarle bombillas

Leguina pide que se impida a la empresa que se va a especular con el suelo

Los ayuntamientos de Francia se plantaron por seis cierres de Danone

Acto III. Nokia anuncia que su beneficio global se dispara un 67%, hasta los 7.205 millones. Su presidente, Olli-Pekka Kallasvuo, pide perdón por Bochum.

El Acto Final está por escribir. La empresa sigue hoy muda sobre los efectos del boicoteo en Alemania, su quinto mercado.

"Nunca he visto funcionar una protesta como ésta. Me gustaría vivir en un mundo de ciudadanos socialmente responsables. Pero vivo entre consumidores compulsivos. El arma del consumidor debe tenerse en cuenta, pero no es el arma. Es como convocar una huelga y que sólo la siga un 15% de la plantilla", afirma Ricardo García Zaldívar, presidente del movimiento antiglobalización Attac en España.

En Alemania, Attac se ha sumado al llamamiento para que el consumidor no compre nokias. "Esto no es Alemania. En España no hay gran tradición en caso de deslocalizaciones", añade García Zaldívar al comentar la pieza que Nokia exhibe sobre el escenario de una Europa asustada, desconcertada, en la globalización.

Pero llamamientos en España, los ha habido. Los más recientes, a raíz de los cierres de Braun y de la antigua Miniwatt, que han destruido en total 1.300 empleos en el área de Barcelona. Los representantes de los trabajadores han reclamado la solidaridad de los consumidores en sus octavillas de protesta. Es en la cúpula de los sindicatos donde se pide prudencia. "Es comprensible que los protagonistas del cierre, los afectados, planteen boicoteos ante el desasosiego y la impotencia que sienten. Pero llamar a no consumir no forma parte de nuestro bagaje", subraya Fernando Lezcano, secretario de Comunicación de CC OO, convencido de que "la apariencia de beligerancia no se corresponde con la eficacia".

Por no hablar de efectos negativos. "¿Qué ocurrirá con las otras fábricas cuando una empresa cierra una planta pero mantiene abiertas otras en el mismo país?", se interroga en la misma línea Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical de UGT. Ante el poder de las multinacionales, "puede contemplarse un boicoteo con carácter disuasorio, pero puede darle argumentos extra a la empresa para que se marche. Es un arma a emplear con responsabilidad", añade Ferrer.

Aún así, los sindicatos son conscientes de que uno de sus retos es trabajar de forma más estrecha con las organizaciones de consumidores. UGT apunta, por ejemplo, hacia ámbitos como la responsabilidad social de las empresas. "La colaboración entre el movimiento de consumidores y el sindical es incipiente en España, pero hay un largo camino por recorrer juntos", reflexiona Rubén Sánchez, portavoz de Facua, organización de consumidores que evalúa "caso por caso si es razonable apoyar la solidaridad que pide un sindicato".

"La tendencia es a no trabajar en red con los sindicatos, pero la cosa está comenzando a cambiar", corrobora Josep Miquel Sanz, secretario general de la Unión de Consumidores de Cataluña (UCC). Hace cuatro años, esta organización, junto a la OCU de Cataluña (OCUC), lanzó un manifiesto inédito en España en el que se invitaba a no comprar productos de empresas que echaran el cierre sin haber entrado en pérdidas o que se trasladaran a otros países en busca de salarios más bajos. Ocurrió en Cataluña porque su tupido tejido industrial tuvo un arranque de siglo XXI lleno de mazazos: cerraron Lear, Philips, Levis, Valeo, Panasonic, Fisipe, Samsung... "Empresas como Samsung -que dejó sin empleo a 450 personas en Palau-Solità i Plegamans (Barcelona) en 2004- nos pidieron que no siguiéramos adelante con el boicoteo si había acuerdo social, y lo hubo", recuerda Sanz.

En la práctica, la mayoría de las veces, los boicoteos sólo han servido como elemento de presión para arrancar indemnizaciones elevadas. "Y sobre todo sirven para otra cosa", subraya Jaume Ribera, experto en deslocalizaciones y Profesor de Operaciones de IESE y de la escuela CEIBS de Shanghai: "Es efectivo para que la empresa no abra ninguna otra planta en el país y para que otras empresas tampoco vengan. El mensaje que se lanza es muy negativo. Y el objetivo de cerrar la planta no se consigue".

En EE UU, el país que lo estudia todo, circulan informes sobre sus limitados efectos. "Estadísticamente, sólo responde a estas protestas entre un 15% y un 20% de la población. Y, a los tres meses, el porcentaje cae a un 2%", explica Gerardo Costa, profesor de mercadotecnia de Esade.

Ha habido algunos casos, sin embargo, sorprendentes. Al mes siguiente de que Renault anunciara el cierre de una planta en la localidad belga de Vilvoorde, en 1997, las ventas de este fabricante en Bélgica cayeron un 29%. Otro caso sonado fue el de Danone cuando, en 2001, anunció que desmantelaría seis centros de su división de galletas. Decenas de ayuntamientos de Francia y un centenar de diputados se adhirieron al boicoteo, que un 44% de los franceses dijo estar dispuesto a secundar. Danone sostuvo que las ventas no se resintieron.

En España, el episodio más emblemático -además de pionero- de boicoteo por cierre industrial se produjo en Andalucía, cuando hace 14 años Gillette truncó la vida de su planta de Alcalá de Guadaira. El Pleno de la Diputación de Sevilla aprobó una moción contra el cierre y pidió que se dejaran de consumir productos de esta empresa. Desde Izquierda Unida (IU), Felipe Alcaraz se apuntó a la protesta. El ex presidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina defendió que se le diera la espalda al afeitado con cuchilla. El mundo empresarial se le echó encima.

"Yo creo que, como acto de voluntad, un llamamiento al boicoteo se puede tolerar", se reafirma hoy Leguina, quien, sin embargo, propone una vía que "tal vez logre menos propaganda que el boicoteo, pero es más efectiva: frenar que las empresas que deslocalicen hagan negocio especulando con el suelo. Plusvalías, cero".

Gillette, que de todos modos cerró, no ha sido el único caso en el que los poderes públicos han arropado en España un llamamiento a no consumir por motivos similares. En 1995, IBM, entonces americana, anunciaría que se iba a desprender de su única planta industrial en España, ubicada en La Pobla de Vallbona (Valencia). El entonces secretario de Estado de Industria, Juan Ignacio Moltó, la armó al escribir una carta a los organismos públicos en la que les aconsejaba una represalia: sustituir los equipos de IBM por los de otras marcas.

"Aún hoy arrastramos la cultura de los años ochenta, que consistía en extender la alfombra roja a cualquiera que viniera a instalarse aquí. Tuvimos que aprender sobre la marcha sobre cómo construir una política al respecto", señala el ex consejero de Industria catalán, Josep Maria Rañé, convertido en boicotólogo desde que, a los pocos días de acceder al cargo, se topó con el cierre de la fábrica de Philips en La Garriga (Barcelona). Rañé se descolgó con esta advertencia: la multinacional era un "gran proveedor de las administraciones públicas", un cliente tan importante como la Generalitat se sentía "muy molesto" y "no iba a ponerle fácil a Philips un adiós a la brava". Sugirió que no se iban a comprar más bombillas a Philips. La cosa se quedó en sugerencia.

La nueva política armada por el Gobierno catalán sí se sustentó sobre otros dos pilares. Primero, que si una empresa tiene beneficios y sólo se va para poder ganar más en otra parte, habrá que exigirle un plan social en paralelo. Y segundo, la compañía debería asumir compromisos de mantener el empleo cinco años en caso de haber recibido ayudas, si no quería tener que devolverlas.

Desde Esade, el profesor Costa sugiere que "los gobiernos no pueden instigar los boicoteos, pero sí dan señales que desvían la atención sobre lo que importa: tapar lo que no se ha hecho". Los expertos inciden en la necesidad de formar a los trabajadores para que sean empleables. El Ministerio de Industria no se ha pronunciado sobre los boicoteos, pese a ser requerido por este diario.

Organizaciones de consumidores, sindicatos y expertos coinciden en que los boicoteos que han conseguido sensibilizar más al público no han tenido su origen en desmantelamiento de fábricas, sino que han estado relacionados con el respeto a los derechos de los trabajadores -los salarios de hasta 2 dólares al día en Indonesia y Vietnam se rebotaron contra las ventas de Nike en países como EE UU-, el respeto a códigos internacionales -trajo cola la venta de leche en polvo para bebés de Nestlé, frente a la leche materna-, trasfondos políticos y territoriales -las ventas de cava catalán se resintieron un 6% en 2005 cuando sectores radicales de la derecha animaron a no consumirlo, y la patronal francesa se quejó de los perjuicios del choque entre Washington y París sobre Irak para los quesos y vinos galos en EE UU-.

Y es que el patriotismo suele asomar en caso de boicoteo. La actriz Emma Thomson se sumó a las protestas por el cierre de la planta en Gales de un símbolo nacional como Burberry, que empezaría a producir en China. "Cuando compro la ropa, siempre miro dónde está confeccionada", proclamó Thompson. Y hasta el mismísimo James Bond fue apelado a no conducir en BMW cuando la empresa anunció que se vendía Rover. Los sindicatos llamaron a boicotear a los alemanes. El entonces ministro de Industria y Comercio, el laborista Stephen Byers, opinó: "Que cada individuo decida qué es lo mejor".