El aborto no se amplía, se acota

La primera manifestación en contra de la reforma de la ley del aborto se celebra mañana y los obispos han llenado las ciudades con inmensos carteles en los que se dice que el lince está más protegido que los bebés. La reforma que plantea el Gobierno, sin embargo, supone una restricción del aborto en muchos aspectos con respecto a la regulación actual, y, sobre todo, con respecto a su aplicación. En España puede interrumpir su embarazo cualquier mujer que quiera hacerlo, sin un plazo determinado, y la falta de concreción legal ha provocado que se produzcan abusos como los cometidos en la clínica barcelonesa del doctor Carlos Morín, procesado en estos momentos por aborto ilegal. Cualquier modificación de la ley servirá, por lo menos, para acotar cuándo, cómo y por qué puede una mujer interrumpir su embarazo sin temer una posible persecución judicial.

Las norma pone un límite dondo hoy no existe: las 22 semanas

Hay daños fetales graves que no se detectan hasta pasado ese plazo

¿Habrá más abortos? El Gobierno asegura que no. "La futura ley será más amplia", señala la ministra de Igualdad, Bibiana Aído. "Una Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que haga especial énfasis en la prevención de embarazos no deseados, en la educación afectivo-sexual y en la información sobre métodos anticonceptivos".

La ley actual, avalada por el Tribunal Constitucional en 1985, permite la interrupción del embarazo en tres supuestos: violación (hasta las 12 semanas); malformaciones fetales (hasta las 22 semanas) y grave peligro para la vida o la salud física y psíquica de la madre. Esta última cláusula no tiene plazo y es la que sirve para que, en la práctica, aborte cualquier mujer. Quizá el Constitucional pensaba en patologías psicológicas o psiquiátricas graves, pero la aplicación práctica de este supuesto, al que se acogió el 97% de las 112.000 mujeres que abortaron en 2007 (última cifra oficial) no ha seguido ese camino.

Los grupos antiabortistas llaman a esta cláusula "coladero", pero el hecho de que se haya interpretado en sentido amplio ha permitido que España no quede al margen del resto de Europa en esta materia. Si se hubiera aplicado de forma estricta, decenas de miles de españolas habrían, probablemente, salido a Francia o Reino Unido a interrumpir su embarazo, como ocurría durante el franquismo. España ha vivido durante casi 30 años con la hipocresía de una norma en principio extremadamente restrictiva que en la práctica era mucho más generosa que las leyes de la mayor parte de los países europeos. Y los Gobiernos socialistas de Felipe González, los dos Ejecutivos del Partido Popular de José María Aznar y el primero de José Luis Rodríguez Zapatero no han querido tocar ni la ley ni su aplicación.

Esta poca concreción jurídica ha provocado, además, que los hospitales públicos apenas lleven a cabo el 2% de los abortos que se practican anualmente. Hay médicos que son objetores de conciencia, pero muchos otros no se atreven a realizar una intervención en la que no saben si bordean la legalidad y por la que se les puede castigar, según el artículo 145 del Código Penal, con una pena de prisión de uno a tres años. La mujer que se produzca a sí misma un aborto o consienta "que otra persona se lo cause" se enfrenta, a su vez, a una pena de prisión de seis meses a un año o a una multa.

La práctica de abortos se ha concentrado en las clínicas privadas. "Se ha llevado al gueto", opinaba recientemente en el Congreso el portavoz de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares. "Está fuera de los cauces habituales de la sanidad pública, fuera de la normalidad", añadía. Las asociaciones antiabortistas sostienen que no debe ser considerado normal porque no lo es, porque es acabar injustamente con una vida humana. Pero en casi toda Europa lo han sacado de la oscuridad bajo la premisa de que, aunque sería mejor que no hubiera embarazos no deseados ni abortos, dado que los hay, lo mejor es regularlos de forma razonable.

El Gobierno español propone lo siguiente: por primera vez se configurará el aborto como un derecho de la mujer, derecho, eso sí, limitado en el tiempo. Las embarazadas tendrán 14 semanas para decidir si quieren seguir adelante o no con la gestación. Y ningún médico ni tercero tendrá que supervisarlo. Ésta es la principal diferencia con la regulación actual.

Pasadas las 14 semanas, que coincide con el primer trimestre del embarazo, se extingue el derecho al aborto, pero todavía habría dos posibilidades de llevarlo a cabo hasta la semana 22: por graves malformaciones fetales (en este punto la reforma dejará el plazo y el supuesto tal cual está) y por grave peligro para la vida de la madre o riesgo para su salud. La nueva ley pondrá, así, un límite donde ahora no existe.

Después de la semana 22 el Gobierno ya no habla de aborto, sino de una posible inducción al parto. Esta parte es una de las que están aún pendientes de concretar, según explican fuentes del Ministerio de Igualdad: "Hay que tener mucho cuidado para no dejar determinadas situaciones fuera de la ley pero, a la vez, salvar la constitucionalidad de la nueva norma". Son muchas las situaciones que se pueden dar. ¿Qué pasará a partir de la semana 22 si peligra la vida de la madre? ¿Y si existe un grave riesgo para su salud? Una posibilidad es inducir el parto e intentar salvar al feto. ¿Y si la mujer sufre una grave dolencia psiquiátrica, como un brote psicótico, que le impide continuar con el embarazo? ¿Se intentará salvar la vida del feto?

Otra cuestión que no está clara es qué ocurrirá con las malformaciones fetales graves detectadas después de las 22 semanas. Este problema era una de las principales lagunas de la ley actual. Las nuevas técnicas permiten diagnosticar la mayor parte de las anomalías antes de la semana 22, pero en algunos casos se encuentran más tarde. La normativa permite ahora a las mujeres acudir a un subterfugio: alegar la cláusula del grave riesgo para la salud psíquica de la madre. Sin embargo, a pesar de esta posibilidad, la fuerte ofensiva antiabortista de los dos últimos años había hecho casi imposible que los médicos se atrevieran a practicar este tipo de abortos tardíos, de forma que decenas de mujeres se han desplazado a Francia, a la maternidad pública de París. Allí la ley permite interrumpir el embarazo si un comité médico formado por varios especialistas entiende que las malformaciones fetales son tan graves que se puede autorizar el aborto.

¿Cómo va a regular estos casos el Gobierno? En principio, no habrá posibilidad de abortar por malformaciones después de la semana 22, salvo que el feto vaya a morir. Esto podría dejar fuera casos en los que, aunque no sea segura la muerte, el feto pueda padecer alguna cardiopatía o enfermedad neurológica que le impida moverse o respirar por sí mismo. Es otro de los puntos que tampoco está cerrado del todo y que el Gobierno y sus asesores se están planteando cómo regular. Fuentes de Igualdad explican que muchos médicos interpretarán que dentro de la "incompatibilidad del feto con la vida" se encuentran también estos supuestos de patologías de extrema gravedad.

"Pero si esto se deja a la libre apreciación de los doctores, la inseguridad jurídica con la que el Gobierno quiere acabar seguirá ahí", opina Empar Pineda, portavoz de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo. "La ley debe ser clara". Una solución sería crear los comités médicos que funcionan en Francia, y que son los que impiden que se cometan abusos a través de esta figura. Estos comités podrían servir no sólo para las malformaciones fetales, sino también para las situaciones de riesgo grave para la salud de la madre posteriores a las 22 semanas.

¿Y cómo serán sancionadas las mujeres que aborten fuera de los supuestos legales y los médicos que realicen la intervención? Lo único claro es que no habrá penas de prisión para las mujeres, pero aún no hay nada decidido. El Gobierno todavía no sabe si estas prácticas seguirán castigadas en el Código Penal o se impondrán sanciones de otro tipo (administrativas, civiles). En caso de que estos abortos sigan siendo considerados delitos, tampoco está claro si el médico irá a la cárcel o no, ni si a la mujer se le impondrá una multa u otro tipo de pena.

Una de las cuestiones más polémicas está siendo el consentimiento de las menores de 16 y 17 años. El Gobierno, aparentemente, no tiene dudas: quiere que puedan abortar por sí mismas sin necesidad de otros requisitos, como ocurre en todas las intervenciones médicas salvo la reproducción asistida, los ensayos clínicos y, hasta ahora, las interrupciones voluntarias de embarazos.

En caso de que necesite los votos para aprobar la ley en el Parlamento, el Gobierno estaría dispuesto a estudiar opciones como que los padres tengan que conocer la decisión de su hija o que la menor tenga que ir acompañada por un adulto. Pero el PSOE cree que no será necesario. En esta votación, en principio, contará con los votos favorables de Izquierda Unida, Esquerra Republicana y el Bloque Nacionalista Galego. CiU y PNV han dado libertad de voto a sus parlamentarios, pero lo que pretende el Gobierno es que, al menos, no voten en contra. Que haya un cierto consenso.

La ley que plantea el Gobierno, comparada con las europeas, es moderada. Entre Holanda, con 26 semanas de plazo libre para abortar, o Portugal, con 10, España tendría una regulación muy similar a la alemana (12 semanas de plazo libre y 22 para embarazadas en "situaciones de especial necesidad"). Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Francia, Reino Unido, Holanda, Italia, Noruega y Suecia tienen ley de plazos.

Frente a las manifestaciones antiabortistas, los grupos proelección se están movilizando. La Red Estatal de Organizaciones Feministas, integrada por más de 200 asociaciones de mujeres, han presentado una campaña a favor de la nueva ley que pretende combatir el "tremendismo" de la Conferencia Episcopal y la "esquizofrenia" del PP. Una de las portavoces, Ángeles Álvarez, explicó ayer que se trata de una campaña "sensata" y en el marco de la reflexión. "Pero si tenemos que salir a la calle, lo haremos".