"Zapatero busca su salvación con un conflicto ideológico"

"Para los obispos de España significa un nuevo ataque contra la Iglesia del presidente José Luis Zapatero". Este fue el comentario que Radio Vaticano hizo ayer en su informativo tras la publicación por EL PAÍS del borrador sobre la ley orgánica de Libertad Religiosa que prepara el Gobierno . La nueva ley desarrollará la laicidad del Estado.

"No es la primera vez que (...) Zapatero busca su salvación con un conflicto ideológico", añadió la emisora vaticana . El jefe del Gobierno español visitó, el jueves, al Papa Benedicto XVI. "La posible presentación de la nueva ley de libertad religiosa" fue, según un comunicado del Vaticano, el primero de los temas que preocupan a la Iglesia con relación a España, por delante del aborto y de la educación.

El borrador no convence, en cambio, a los partidos de izquierda. Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya/Verds y Esquerra Republicana aplauden que haya un paso adelante hacia la laicidad del Estado, pero lamentan que no abarque el gran problema de confesionalidad que arrastra España: la financiación de la Iglesia católica.

"Si vamos a reformar la ley, no deberíamos quedarnos solo en los elementos simbólicos y de protocolo, que bienvenidos sean, sino que tendría que abordarse el sistema de privilegios económicos que tiene la Iglesia", opina el diputado de IU, Gaspar Llamazares. "Lo contrario es limitarse a una legislación de mínimos".

Joan Herrera, de Iniciativa per Catalunya / Verds, abunda en el mismo sentido. "El gran vacío de este borrador, que tiene elementos muy positivos en lo simbólico, es la financiación", señala. "Es el gran tema que impide que se avance en la laicidad del Estado. Deben tocarse los acuerdos con la Santa Sede, que vulneran la propia Constitución".

Esquerra Republicana plantea la necesidad de un "gran debate que parta de cero" para regular la libertad de conciencia, según explica su diputado Joan Tardà. "Una verdadera ley de libertad de conciencia debe replantear las relaciones con el Vaticano, revisar los acuerdos de 1979, fruto de las necesidades y miserias de la Transición", afirma.

Cabe preguntarse, continúa Tardà, "por qué se va a permitir que si la sanidad pública deriva a una persona a un centro concertado este tenga simbología religiosa". "Hay millones de ciudadanos que no profesan ninguna religión y cuyos derechos deben también ser protegidos", insiste. "Treinta años después, son temas que hay que abordar y no vamos a renunciar a ellos".

El texto que maneja el Gobierno obliga a los poderes públicos a mantener la "neutralidad" ante la religión o las creencias y a evitar "toda confusión entre funciones estatales y actividades religiosas". Los crucifijos y demás símbolos estarán prohibidos en los colegios y establecimientos públicos -con una excepción, los centros privados concertados- salvo que tengan valor histórico-artístico. Y los actos oficiales, como los funerales de Estado, tendrán que ser civiles salvo que los familiares de los fallecidos pidan expresamente una ceremonia confesional.