Varios rectores se unen al pulso de los estudiantes chilenos al Gobierno
Reclaman más gasto público que permita abaratar las matrículas universitarias
Los estudiantes chilenos siguen adelante con el pulso que le están echando al Gobierno en busca de más inversión estatal en las universidades públicas del país que permita rebajar el enorme coste que los estudios superiores supone para las familias. Así, a pesar de la reunión del martes pasado entre los alumnos y el ministro de Educación de Chile, Joaquín Lavín, miles de jóvenes (la mayoría universitarios, pero también estudiantes de secundaria) volvieron a salir el miércoles, por segunda vez en apenas tres semanas, a las calles de las principales ciudades del país para protestar contra la política educativa. Además de más gasto público que aumente la igualdad de oportunidades ?los precios expulsan a las clases populares de la Universidad?, reclaman un mayor control de las universidades privadas, para asegurar un mínimo de calidad y para que su fin no sea el lucro.
Los estudiantes contaron con el apoyo de cuatro rectores que se unieron a las diferentes marchas: Juan Manuel Zolezzi, de la Universidad de Santiago; Luis Pinto, de la Universidad Tecnológica Metropolitana del Estado de Chile; Aldo Valle, de la Universidad de Valparaíso, y Patricio Sanhueza, de la Universidad de Playa Ancha. Zolezzi reclamó "mayores recursos" y el "fortalecimiento" de las universidades estatales. "Que se ponga fin al lucro [en las universidades privadas]. Es intolerable que en este país se paguen los aranceles [las matrículas] que estamos pagando, que son un impuesto disfrazado que impide que una familia pueda tener dos o más hijos estudiando en la Universidad", criticó. Las manifestaciones, que también apoyó el Colegio de Profesores, fueron convocadas por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), que agrupa a universitarios de todo el país.
Ellos fueron los interlocutores que hablaron con el ministro Lavín y, aunque apreciaron el acercamiento, no consideraron suficientes sus propuestas. El Gobierno está negociando con los rectores una reforma que, entre otras cosas, promete hacer cambios en el sistema de ayudas a los estudiantes y más fondos para la Universidad pública, pero los estudiantes son escépticos. Y, por lo que se vio el pasado miércoles, algunos de los rectores también lo son.
Lo cierto es que la universidad es muy cara en Chile y la pagan, sobre todo, las familias. El país andino se gasta el 2% de su Producto Interior Bruto (PIB) en educación superior, porcentaje que está en la media de los países desarrollados y siete décimas por encima de la Unión Europea. Sin embargo, solo el 14,4% de ese dinero lo pone el Estado. Este es, con diferencia, el porcentaje más bajo de los países de la OCDE, y representa algo menos de la mitad de lo que ponen las arcas públicas en Estados Unidos, según los últimos datos del organismo internacional, de 2008.
"El malestar estudiantil refleja problemas reales del sistema chileno, el cual depende exageradamente del pago de aranceles. O sea, se sustenta sobre las familias y los estudiantes que pagan o contraen créditos. El gasto publico es desproporcionadamente bajo. La protesta refleja una reacción contra el nivel de privatismo del sistema chileno y el hecho de que, aunque la ley prohibe la existencia de universidades con fines de lucro, hay varias que operan en tal condición mediante el uso de artilugios legales", asegura por correo electrónico el especialista chileno en educación y exministro José Joaquín Brunner.
En ese contexto se enmarcan las protestas estudiantiles de las pasadas semanas. El 1 de junio, salieron a las calles de Santiago unas 15.000 personas y en Valparaíso, otras 12.000. Volvió a haber incidentes, pero, según diversos medios locales, tuvieron como protagonistas a grupos aislados. En Valparaiso, los manifestantes aplaudireron a la policía cuando los agentes disolvieron a un pequeño grupo de encapuchados que empezó a tirarles piedras, según relató el diario El Mercurio. En cualquier caso, si en las manifestaciones del pasado 13 de mayo hubo al menos 69 detenidos, en las del pasado martes fueron 15.
El ministro Lavín no ha dejado de hablar en ningún momento de negociación, de acercamientos y de puntos de encuentro y ha insistido en seguir dialogando con los estudiantes. Sin embargo, la Confech ha escrito en un comunicado: "Si el ministro realmente quiere avanzar con nosotros, que se pronuncie con una respuesta escrita. [...] Si no hay respuesta, discutiremos cómo seguir movilizándonos y haciendo crecer este movimiento".
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