Uniformes en el burdel

Hay ciertas cosas que los vecinos de Lugo que tienen algo que esconder ya no las hablan por teléfono. Desde hace poco más de un año se extiende la psicosis del pinchazo. Nunca se sabe con qué nueva detención se pueden desayunar al día siguiente. Hay noches que en el edificio de los juzgados no se apagan las luces. Hace un par de semanas, cuatro policías nacionales detenidos terminaron de declarar a las siete de la mañana, y un par de horas después, en el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, se empezaba a preparar el interrogatorio de otros dos imputados, esta vez el subinspector (Eduardo Castro) y el inspector (Evaristo Rodríguez) de Extranjería.

Pilar de Lara Cifuentes, la magistrada que dirige la Operación Carioca, que ha desarticulado una mafia organizada en torno a cuatro burdeles (Queen's, Colina, Eros y Volvoreta) con conexiones en Brasil, mecanografía todo en persona durante jornadas eternas. Sin ir más lejos, la declaración del inspector de policía duró trece horas y media y ocupó 110 folios. Cuando la juez le preguntó si quería repasar lo dicho, supuestamente él declinó el ofrecimiento y firmó sin más. Era demasiada la letra y más el cansancio.

Grababan vídeos para extorsionar a los empresarios que asistían a las orgías

Los políticos ni condenan los hechos ni apoyan a la juez y las testigos

Casi en el mismo lote que los seis nacionales, declaró como imputado un agente local, y el jueves de la semana pasada le tocó el turno a Alberto Linares, responsable de Inmigración en la Subdelegación del Gobierno. Al día siguiente, el interrogado fue el abogado de la sección de Extranjería de la comisaría, el funcionario del Estado Germán Pumares, al que se le atribuye un supuesto delito de negociaciones, prohibidas a los trabajadores públicos.

Pero la Carioca es un suma y sigue. A finales de esta semana están llamados como imputados otros cuatro policías nacionales y un municipal más. La limpieza de las cloacas de Lugo empezó de abajo arriba y ya ha subido bastante en el escalafón. Es exhaustiva y promete aún grandes sorpresas en los próximos meses, pese a que el juzgado responsable no está liberado y compagina esta investigación con otras de calado.

Entre los más de 60 imputados hay, al menos, 19 agentes y mandos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Local. Y debido a los presuntos delitos cometidos por estos y los proxenetas de los cuatro locales de alterne que fueron precintados en la madrugada del 16 de octubre de 2009, los lucenses ya se han aprendido "medio Código Penal", como dice el abogado del jefe de un club.

Inducción a la prostitución, agresión sexual, inmigración ilegal, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, revelación de secretos, delitos contra los derechos de los trabajadores, contra la intimidad y contra la salud pública, inducción al aborto, tenencia ilícita de armas, tráfico de influencias y prevaricación componen el grueso de las imputaciones. Pero en las informaciones referidas a los agentes y sus superiores también aparece un pecado menos conocido, el de saber lo que se cuece en la ciudad y mirar para otro lado: la omisión del deber de perseguir delitos.

Al fin y al cabo, los dueños de los prostíbulos clausurados eran gente bien relacionada, con excelentes contactos en la sociedad. Nadie en Lugo veía extraño que estos burdeles patrocinasen eventos deportivos y hasta fiestas patronales en la ciudad y la provincia.

Hoy, las autoridades locales, políticos y representantes del orden público, como el propio alcalde socialista de Lugo, Xosé Clemente López Orozco, y el delegado del Gobierno en Galicia, Antón Louro, siguen sin reconocer que en esta capital había corrupción, sin condenar lo que sucedía, apelando a la presunción de inocencia de los imputados, y sin pronunciar una palabra de apoyo a las víctimas de la trama, en su mayoría brasileñas, y a la juez y su equipo. Pero lo más llamativo es que ni siquiera la oposición aprovecha la ocasión para echar leña al fuego. Como si con ellos no fuese la cosa o como si fuera más prudente no hurgar en el tema.

La Operación Carioca investiga una supuesta red de tráfico de mujeres, drogas, armas y explosivos, quizás con dos muertes a sus espaldas, presuntamente tejida por el responsable del club Queen's, José Manuel García Adán, el cabo de la Guardia Civil adscrito a la Policía Judicial Armando Lorenzo y el policía local José Ramón Vázquez Río, ex jefe de la Brigada Nocturna. Todos ellos fueron detenidos hace 13 meses y continúan en prisión preventiva a la espera de que se celebre un macrojuicio que se aguarda para el año que viene.

En torno a ellos se van encajando las demás piezas de un puzle en el que entran otros agentes, como el policía nacional que hacía la vista gorda en Barajas para colar a las chicas o un guardia civil jubilado que era propietario de otro burdel. Y también autoridades como Jesús Otero, ex subdelegado del Gobierno en Lugo, imputado asimismo en otra instrucción que investiga la retirada masiva de multas de tráfico en la ciudad. Entre los mandos imputados están, además de los dos del Cuerpo Nacional de Policía, tres de la Guardia Civil: el subteniente Julio Baquero, el comandante ahora destinado en Teruel Andrés Velarde (que en Lugo era jefe de la Policía Judicial) y el coronel con destino en Canarias José Herrera García-Lora (ex jefe de la Comandancia de Lugo).

La mafia organizaba orgías en diversos locales a puerta cerrada con inmigrantes noviñas (lo más jovencitas posible, en algún caso menores de edad) y mucha cocaína y pastillas contra la impotencia para garantizar la fiesta. Asistían políticos y empresarios, y a veces, supuestamente, las prácticas sexuales eran grabadas para luego extorsionar a los protagonistas del vídeo. Si alguna chica quedaba embarazada, había un ginecólogo que resolvía el problema, supuestamente a las bravas, sin anestesia ni instrumental adecuado ni enfermera.